El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que desde su creación se viene ocupando –con extrema morosidad– de brindar soluciones habitacionales a la población más carenciada de la ciudad, ya no tiene planes de vivienda para los habitantes de las villas y de aquí en más se ocupará de ofrecer créditos para vivienda a familias con ingresos medios bajos. La urbanización de las villas ubicadas en el sur de la ciudad quedará en manos de la Corporación del Sur –una empresa del Estado porteño con capacidad para incorporar capitales privados hasta un 49 por ciento de su composición accionaria– de acuerdo con un proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Legislatura. El IVC se ocupará de aquí en más de otorgar créditos para vivienda a familias de ingresos medios bajos, que hoy no alcanzan a clasificar para los préstamos bancarios. Sólo quedan en su jurisdicción los asentamientos del norte de la ciudad, las villas 31, la 31 bis y la Rodrigo Bueno. Para ellas no hay planes, aunque la intención del macrismo es asignar la urbanización de esos barrios a la Corporación Puerto Madero.

Desde que asumió, el 10 de diciembre, el macrismo ha dividido en tres las funciones en materia de políticas de vivienda social: traspasó las nuevas construcciones para habitantes de villas a la Corporación del Sur; dejó las construcciones que están en marcha en manos del Instituto de la Vivienda, y creo una Unidad de Intervención y Gestión Social para atender los problemas de infraestructura en las villas y asentamientos: desde desagües y cloacas hasta conexiones eléctricas y limpieza. Ese organismo será el encargado además de la adjudicación de las nuevas viviendas (ver recuadro).

El gobierno porteño envió a la Legislatura, a mediados de abril, un proyecto de ley para hacer efectivo ese traspaso de atribuciones, que de hecho ya se habían concretado a través de un convenio: de hecho, la Corporación Buenos Aires Sur ya lanzó a fines de marzo las primeras tres licitaciones para la construcción de 552 viviendas, en un plazo de un año, por un monto de unos 80 millones de pesos. La cifra apenas mejora el promedio de construcciones del IVC, que en los últimos años viene incorporando apenas 490 viviendas anuales, según las cifras que el presidente del organismo dio en su informe en la Legislatura.

“No compartimos el criterio de traspasar el diseño de las políticas a una empresa, que por más que sea hoy una sociedad el Estado, puede tener hasta un 49 por ciento de capitales privados”, dijo a PáginaI12 el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica. El legislador también cuestiona las nuevas atribuciones que el proyecto pretende darle al IVC, como establecer su propio régimen de compras y contrataciones, al margen de la ley que rige para el Estado, y la eliminación del requisito de que lo resuelto en reuniones de directorio conste en actas.

La política de vivienda del macrismo también fue cuestionada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una ONG que, entre otras tareas, tiene trabajo territorial de asesoramiento y asistencia a habitantes de villas. “Se ha fragmentado la política de villas sin que nadie dé explicaciones de cuál es el criterio, y a casi seis meses de gobierno, no hay una política clara en materia de vivienda social y no se sabe a ciencia cierta cuál es la autoridad responsable”, dijo a PáginaI12 Luciana Bercovich, coordinadora del proyecto Redes de Trabajo en Villas Urbanas de ACIJ.

Las dudas fueron alimentadas por el informe que dio en la Legislatura el titular del IVC, Roberto Apelbaum, donde dejó en claro que el Instituto que preside propone soluciones habitacionales para la clase media baja que no puede acceder a un crédito hipotecario en el mercado: “La población que puede pagar una pequeña cuota pero que no cuenta con capacidad de ahorro previo”, dijo Apelbaum. Concretamente, precisó, familias con “un ingreso mensual de entre 2500 y 4500 pesos”. En el financiamiento de estos proyectos, el IVC participaría con un 20 por ciento, otro tanto se haría con fondos del Plan Federal de viviendas y el resto con aportes de la banca privada, según la explicación de Apelbaum, un hombre proveniente del grupo IRSA, uno de los mayores inversores privados en el negocio inmobiliario, y del Banco Hipotecario.

En esa sesión, en la que participaron diputados de la Comisión de Vivienda, quedaron sin respuesta varios interrogantes, entre ellos, quién administraría los fondos provenientes del Plan Federal de Viviendas, del Ministerio de Planificación de la Nación. Otra duda es cuál será la política en materia de cooperativas de construcción y de vivienda, que por estos días le están reclamando al IVC los fondos destinados a la ejecución de sus proyectos. “hay unas 400 cooperativas conformadas en el marco de la ley 341, de las cuales solo seis han terminado sus proyectos. Y la idea del IVC es poner dinero solo a las que están por terminarse”, dijo a PáginaI12 el diputado Di Filippo.

En cuanto al proyecto que reestructura al IVC, dispone la cesión a la Corporación Buenos Aires Sur de las parcelas donde hoy están radicadas las villas 20, 19, 17, 15, 13 bis, 3, 6 y 1-11-14 y el Núcleo habitacional Transitorio Zavaleta, con el fin de planificar la urbanización de villas y asentamientos. Se trata de las villas ubicadas en Lugano, Soldati, Mataderos, el Bajo Flores y Barracas, todas en el sur de la ciudad. La razón esgrimida en los fundamentos es que la conformación como sociedad “le permite operar con una agilidad acorde a la urgencia de los problemas a resolver”.

En cambio, por “razones operativas”, dispone que los asentamientos conocidos como Villa 31 y 31 bis (en Retiro) y Rodrigo Bueno (en Costanera Sur) se mantendrán dentro de la órbita del IVC. Las dos primeras están ubicadas en terrenos de jurisdicción nacional (el Onabe). La otra constituye uno de los principales obstáculos para la urbanización exclusiva que el grupo IRSA planea hacer en la ex Ciudad Deportiva de Boca, junto a la Reserva Ecológica.

El macrismo ya pensó en asignar la urbanización de esos espacios a la Corporación Antiguo Puerto Madero, otra sociedad estatal que tiene participación de la ciudad y de la Nación, con experiencia en otro tipo de emprendimientos urbanos que nada tienen que ver con la vivienda social, pero que representan un manejo exitoso del espacio público. Fuentes de esa Corporación admitieron que la propuesta ya fue formulada, aunque sin las precisiones necesarias como para ser considerada.