En durísimos términos, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad de la causa en la que fueron sorprendidos once aduaneros de Ezeiza supuestamente cobrándoles coimas a pasajeros. Las imágenes fueron reproducidas en exclusiva por PáginaI12. Los integrantes del tribunal Alberto Durán y Pablo Reboredo sobreseyeron a todos los aduaneros, consideraron que hubo una investigación sin control judicial, que se mezcló una interna entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana y que, incluso, se violaron los derechos humanos de los aduaneros.

En las imágenes se veía con claridad cómo los funcionarios negociaban con los pasajeros cuando éstos traían algo en el equipaje. Pero los camaristas sostuvieron que las cámaras de seguridad implican una investigación previa sin autorización judicial. A los aduaneros se les encontraron 8852 dólares y 8800 pesos. Los jueces estimaron que no es delito tener plata y que se trata de funcionarios que ganan bien.

El fallo procesando a los aduaneros fue del juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, que se nutrió de una investigación de la PSA que lidera Marcelo Saín. El texto de los camaristas es demoledor y no sólo sobresee a los funcionarios, sino que afirma que la PSA debe ser investigada por violación a los derechos humanos ya que los detenidos estuvieron dos días presos sin alimentación.

La teoría de los camaristas es que la investigación es “fruto del árbol envenenado”, que empezó sin control judicial. Los hombres de la PSA, en cambio, argumentaron que los aduaneros fueron sorprendidos in fraganti por las cámaras de seguridad. El fallo plantea qué uso se le puede dar, como prueba, a ese tipo de cámaras. Durán y Reboredo afirman que la PSA usó las imágenes, agregó una investigación hasta de los patrimonios de los aduaneros y luego jugó sus cartas en la conocida interna con la Aduana. Así, imágenes que muestran conductas sospechosas son declaradas nulas.

Más allá de las filmaciones, el Tribunal sostiene que no está probada la existencia de delito. Afirma que habiéndose tomado declaración a los pasajeros del avión de Malasyan Airlines, sólo tres de 450 dijeron que les pidieron coimas –es verdad que resultaría raro que ante un juez un ciudadano admita que pagó una coima, porque es delito–. El otro argumento es que no se puede tomar como evidencia el hecho de que entre los once funcionarios hayan tenido 8852 dólares, 8935 pesos, 215 euros y 20 dólares australianos, por cuanto la Constitución protege la vida privada. Además, mencionan que los empleados de la Aduana tienen sueldos altos y que es razonable que tuvieran encima esas cantidades. Anoche, una fuente del Ministerio del Interior dijo a este diario que se estudiará cómo continuar la acción judicial.