La ministra de Salud, Graciela Ocaña, y la legisladora porteña Gabriela Cerruti presentarán dos proyectos de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos para la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las iniciativas plantean prohibir el aporte de las empresas –o de sus directivos– a las campañas electorales. También fijan penalidades para el clientelismo político.

“El tema se reactivó con el caso de (Sebastián) Forza. Lo que queremos es que se discuta políticamente, porque el aporte de Forza (a la campaña del Frente para la Victoria) fue legal. Entonces, hay que discutir los cambios que las leyes necesitan”, señaló Cerruti, autora de uno de los proyectos. La Capital Federal tiene una norma que, sin establecer grandes regulaciones, restringe las donaciones a las personas físicas. Se redactó buscando evitar los aportes de contratistas del Estado, aunque no sirvió para este fin ya que los que terminaron financiando las campañas no fueron las empresas, sino sus gerentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, detalló Cerruti, “se usa una ley de la dictadura”.

La presentación de los proyectos se realizará esta tarde, a las 15 horas en la Manzana de las Luces, con un panel que integrarán Ocaña, Cerruti, la periodista María O’Donnell y el senador provincial bonaerense Santiago Nardelli.

Los proyectos tienen varios artículos destinados a regular la propaganda de los partidos políticos y la publicidad oficial en época de elecciones. Avanzan, por ejemplo, en un mayor control de la publicidad del Estado, poniéndole restricciones para que no sea utilizada con fines de campaña. E impide que los partidos utilicen a terceros para contratar propaganda, un mecanismo de financiación privada indirecta ilimitada. Las empresas proveedoras de bienes y servicios publicitarios quedarán obligadas, por su parte, a dar la información que les sea requerida por la Justicia con competencia electoral o la Auditoría General.

En la sección destinada a las penalidades, sancionan con la pérdida del derecho a recibir “contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público” por una a dos elecciones a los partidos que “ofrezcan gratificaciones o dádivas, o hicieran promesa de recompensa a candidatos o electores con el objeto de incidir en el resultado electoral”.