La decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores y las duras críticas a la Justicia por parte de la presidenta Cristina Kirchner provocaron una fuerte polémica, en la que intervino el magistrado de la Corte Carlos Fayt, quien responsabilizó al Congreso por no haber legislado formas procesales más rápidas. Asimismo, legisladores, oficialistas y opositores, juristas, funcionarios y organismos de derechos humanos cruzaron responsabilidades y culpas, pero todos pusieron de manifiesto los problemas concretos para juzgar a los represores de la dictadura aún después de treinta años. En el marco de esta polémica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció que pedirá el juicio político de los jueces de la Cámara de Casación y que planteará un jury a integrantes del Tribunal Oral 5 por mal desempeño en sus funciones (ver aparte).

En declaraciones radiales, Fayt aseveró que “no es culpa de la Justicia” la excarcelación de los represores, “es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados, ese es el problema, vayan y ocúpense de eso”. Molesto por las declaraciones de la Presidenta, Fayt advirtió también que “el país no puede intranquilizarse, porque lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida”.

Desde el Congreso, el titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, rechazó los reclamos de Fayt y recordó que “este año se dio sanción a cinco proyectos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar la totalidad de los juicios penales y, fundamentalmente, las causas en trámite por violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado”.

Rossi señaló que el Poder Ejecutivo envió estas iniciativas al comprobarse que de las 922 personas implicadas por los denominados juicios de la verdad, sólo 14 fueron condenadas (9 después de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad), 281 se encuentran procesadas con prisión preventiva, 77 procesadas sin prisión preventiva. Agregó que 44 están prófugos, 51 han obtenido el dictado de falta de mérito, 9 han sido sobreseídos, 140 han fallecido y 5 se encuentran incapacitados.

El legislador hizo una reseña de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre este tema, que incluyen desde puntos concretos para acelerar las causas y disminuir los tiempos de instrucción, evitando demoras por falta de recursos o lentitud en el reemplazo de jueces, así como el ofrecimiento de recompensas.

Desde el radicalismo, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que condenó a las juntas militares en 1985, defendió la decisión del tribunal de Casación “por estar ajustada a derecho y en sintonía con las convenciones internacionales”. Gil Lavedra acusó al Gobierno de “no tomar en serio” los juicios al no tener una política para concretarlos. También recordó que el oficialismo rechazó los proyectos que había presentado para acelerar los juicios. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidió con Gil Lavedra y acusó al kirchnerismo de “oponerse siempre a cambiar los pasos procesales para agilizar las causas penales”.

Un documento firmado por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, que este diario citó ayer, advirtió que “ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable”. Los organismos de derechos humanos aseguran que el fallo de Casación “es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos”.

En ese sentido fustigaron que el fallo se conociera “el mismo día en el que la Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento histórico y la ex Plaza de Armas de la ex ESMA cambia su nombre por el de Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

El abogado argentino Carlos Slepoy, que tramita causas de derechos humanos ante los tribunales españoles, coincidió en las críticas al Congreso, pero también incluyó a la Corte, comparando lo realizado por su igual chilena. “Debería haber una reforma ah hoc para este tipo de situación por parte del Congreso –planteó–, pero no obsta para que la Corte Suprema pueda dictar directivas para aligerar los procedimientos.”

Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincidió en que la libertad de los represores es “una vergüenza para los argentinos”, pero Rizzo señaló que en torno de las excarcelaciones hay “responsabilidades compartidas tanto de la Justicia como de los legisladores y también de los abogados que utilizamos todas las tácticas para ir demorando los pleitos”.

La diputada kirchnerista Patricia Vaca Narvaja reivindicó lo legislado en el Congreso, pero también apuntó a un ámbito muy cuestionado: “Es evidente –afirmó– que en el sistema judicial perviven estructuras que se resisten a la demanda, avalada por una explícita mayoría social, de escrutar nuestro pasado con verdad y justicia”.

El saldo de este cruce de posiciones muestra a una situación con responsabilidades compartidas, aunque hay responsabilidades mayores que otras y sólo basta comparar los tiempos que demoraron los juicios a represores argentinos en el exterior, ajustados a la ley y a los convenios internacionales, que fueron rápidos y expeditivos.