Anoche, el padre Julio César Grassi durmió tras las rejas. Después de prestar declaración indagatoria durante más de cuatro horas ante el juez de Garantías de Morón 4, Alfredo Meade, fue trasladado a una celda de la DDI de Merlo, donde quedó detenido. Con tono muy pausado, tomándose tiempo para hilvanar cada frase, Grassi aseguró ser “inocente”, negó haber abusado sexualmente de un adolescente bajo su custodia –cuyo testimonio difundió el miércoles “Telenoche Investiga”– y adjudicó la imputación a una “venganza” de ex trabajadores de la Fundación Felices Los Niños. Además, denunció que unos días atrás sufrió un intento de extorsión y deslizó que el responsable podría haber sido el mismo joven que, sin mostrar el rostro, lo acusó en el programa de televisión. Sin embargo, en declaraciones a este diario, el fiscal Adrián Flores señaló que el testimonio del muchacho “es convincente, tan convincente que convenció lo suficiente no sólo a mí sino también al juez de la causa” para ordenar la detención del sacerdote. Grassi se entregó a las 8.15 en los tribunales tras permanecer prófugo durante 12 horas. A medida que avanzó la jornada, las imputaciones en su contra se multiplicaron. El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunció en un juzgado de menores de Morón que niños y trabajadores de la fundación fueron “apretados” en las últimas horas por personal directivo de la entidad para que no tengan contacto con la prensa. Según pudo saber Página/12, en el auto de un ex empleado que brindó su testimonio al programa televisivo apareció un papel con su nombre en el que le advierten que si habla “sos boleta”. Por otra parte, la producción de TI presentó otra denuncia escrita en un juzgado bonaerense en la que enumera una serie de irregularidades que se cometerían dentro de la fundación en el trato con los chicos (ver aparte).
“Soy inocente, soy inocente ...”, repitió Grassi al entregarse en los tribunales de Morón. Llegó vestido con su habitual traje gris, luciendo cuello blanco de sacerdote. Con gesto adusto, ingresó al edificio acompañado por su abogado Jorge Sandro, ex defensor de Alfredo Yabrán, y por Lucía Portal, la esposa del animador televisivo Raúl Portal, quien quedó al frente de la fundación. Desde la tarde del día anterior Grassi tenía pedido de captura. Está acusado del delito de “abuso deshonesto agravado y reiterado (dos hechos), los cuales concurren materialmente entre sí y a su vez, idealmente con corrupción de menores agravada por la condición de guardador y sacerdote”. Los dos hechos corresponden al relato de adolescente de 19 años, identificado como “Gabriel” en el informe de TI, quien aseguró que cuando tenía 15 en una oportunidad Grassi lo hizo sentar en su falda y le manoseó la entrepierna, y en otra, le practicó sexo oral. Es el único testimonio de una víctima directa incluido en la causa.
Grassi fue indagado durante más de cuatro horas. Los puntos centrales de su declaración son los siguientes:
- Negó haber participado de los hechos que se le imputan.
- Dijo no poder reconocer al joven que lo acusó debido a que lo hizo bajo identidad reservada, pero aclaró que podría tratarse de un menor que estuvo poco tiempo en la Fundación Felices Los Niños. Según afirmó “Gabriel”, la misma noche en que ocurrió el acceso carnal se fugó.
- Denunció que unos día atrás sufrió un intento de extorsión de un joven que podría ser “Gabriel” que le pidió dinero a cambio de su silencio.
- Dijo que las otras denuncias de abuso de menores vertidas por ex empleados de la fundación eran “mentiras” y las adjudicó a una supuesta “venganza” de ellos.
- Reconoció que su dormitorio se comunica con el pabellón de adolescentes varones del hogar, aunque no aclaró el motivo de esa distribución de las habitaciones.
- Con respecto al cuarto llamado por el juez Meade como “suite nupcial”, donde dormía su secretario de turno, aseguró que dejó de serlo y ahora es un depósito. Esa habitación también era contigua a la suya. Según diversos testigos –entrevistados por TI–, cuatro jóvenes que se desempeñaron sucesivamente como secretarios de Grassi mantuvieron una relación íntima con el cura siendo menores. Ninguno de ellos lo acusó.
El fiscal Flores tiene un máximo de 30 días para decidir si pide la prisión preventiva o no del sacerdote. “Va a depender de las diligencias que vayamos haciendo”, indicó. Ya están citadas para prestar declaración testimonial “un montón de personas”, entre ellas ex empleados y empleados de la fundación, y chicos que han estado viviendo en el hogar, informó el fiscal. “Vamos a tratar de certificar si lo que ha dicho (“Gabriel”) es cierto o no”, señaló. De todas formas, destacó que su testimonio “es convincente, tan convincente que me convenció para pedir su detención y no solamente a mí sino también al juez de la causa que ordenó una medida tan gravosa como la privación de la libertad” de Grassi. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, aclaró que “el testimonio creíble es suficiente para llevar adelante la causa”. Según trascendió, el abogado defensor pediría la excarcelación de Grassi.
La causa fue abierta en noviembre de 2000 a partir de una denuncia anónima de supuestos empleados de la fundación que acusaron al cura de abusar de menores internados. La investigación estaba medio muerta y dio un vuelco esta semana con la declaración de “Gabriel”.
Grassi quedó detenido en la DDI de Morón, con sede en Merlo. Está alojado en una celda individual, habitualmente usada para encerrar a policías imputados de delitos. Con el correr de las horas, ayer se sumaron más acusaciones que lo salpican. El presidente del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Norberto Liwsky, presentó una denuncia en el Juzgado de Menores en turno de Morón, a cargo de Gerardo Frega, para que se investigue si empleados y chicos de la fundación fueron “presionados” en las últimas horas para no hablar con la prensa. La información le llegó al funcionario de parte de la producción de TI, que recibió llamados de distintas personas advirtiendo que en la entidad “están apretando” a la gente para que no tenga contacto con periodistas. Según contó a Página/12 una productora de Canal 13, también recibieron amenazas algunos de los ex trabajadores que brindaron su testimonio al programa.