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Desde Washington

A pocas cuadras del edificio donde la misión argentina intentaba sin éxito cerrar un acuerdo con el FMI, académicos, decisores políticos y funcionarios de organismos gubernamentales y no gubernamentales analizaban la tragedia social argentina. El miércoles pasado, María del Carmen Feijoo, secretaria ejecutiva de Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Cncps), y los especialistas en políticas públicas Aldo Isuani (Flacso), Fabián Repetto (Indes) y Carola Alvarez (BID) se reunieron en el Woodrow Wilson International Center for Scholars para analizar los desafíos y limitaciones de la política social para afrontar una pobreza con características sin precedentes en el país.
Según Feijoo, “el problema actual de pobreza y de desigualdad en la Argentina debe visualizarse en dos perspectivas: una, de largo plazo, que toma al último cuarto de siglo y una de corto plazo que toma a los últimos dos años del país. Se han producido cambios estructurales que configuran hoy un nuevo país en el cual variaron significativamente las cifras de pobreza, al desempleo, al subempleo y la desigual distribución de riqueza que esta caracterizando a la Argentina”.
Mientras que en 1980 había un 22,2 por ciento de pobres estructurales –ese tipo de pobreza ligada a condiciones de infraestructura, de capital humano, relacionadas con factores contextuales– la pobreza por ingreso era muy baja, del 3,1 por ciento. En el año 2002, la mitad de la población es pobre, pero de ella casi el 37 por ciento son nuevos pobres; es decir, pobres por ingresos. Esto muestra la altísima correlación entre la transformación en el mercado del trabajo y el aumento de la pobreza. “Esta pobreza pone al país cerca del perfil de un país dual en el cual la ciudadanía argentina nunca se reconoció.”
Siempre evitando “caer en el rol del funcionario ingenuo que sobrevalora lo que se ha hecho”, Feijoo consideró que tras 9 meses de implementación del programa Jefes y Jefas de hogar, destinados a evitar un nuevo estallido social como el del pasado diciembre, “no ha habido ninguna solución milagrosa pero ha habido un encauzamiento significativo” de las demandas, logrando así la “paz social”.
Por su parte, tanto Aldo Isuani como Fabián Repetto hicieron hincapié en la dificultad del Estado para afrontar la crisis actual. “Si uno mira el gasto social en la Argentina, la mitad del mismo se encuentra en manos de las provincias –la salud y la educación publica son básicamente su responsabilidad–. El sistema provisional ocupa el grueso del gasto del gobierno federal: 60 mil millones de pesos es el presupuesto de la política social y equivalen a dos tercios del gasto publico general.” “¿Esto que quiere decir?”, se preguntó Isuani. “Que el país no está preparado en su edificio de política social para afrontar la nueva situación. Hoy 4 millones de jubilados y pensionados consumen 25 mil millones de pesos mientras que 4 millones de desempleados o subempleados consumen mil millones, o 25 veces menos.”
* Informe Giselle Cohen.