A un lustro de la reapertura de las causas, los imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura siguen siendo los únicos ciudadanos que, con el aval de jueces federales, cumplen prisión preventiva en su hábitat natural: unidades de fuerzas armadas o de seguridad. La decisión, amén de ilegal, acarrea riesgos procesales que la fuga de Julián Corres y el envenenamiento de Héctor Febres confirmaron con contundencia. El mes pasado, invocando facultades de superintendencia delegadas por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la jueza Cristina Garzón de Lascano trasladar a cárceles comunes a ex miembros de grupos de tareas de La Perla, que vivían como huéspedes de honor en el Tercer Cuerpo de Ejército. Era el caso más grosero, pero no el último. La semana pasada, invocando los “irritantes privilegios” y la “gravedad institucional” que implica alojar imputados por crímenes de lesa humanidad en dependencias creadas con otro fin y a cargo de personal incapacitado para oficiar de carcelero, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación le solicitó a la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia su “inmediata intervención” para “normalizar” la situación.

La irregularidad es de vieja data y los organismos de derechos humanos la cuestionaron desde las primeras detenciones de represores, en 2003. La aparición del cadáver con cianuro de Febres en un dúplex de Prefectura disuadió a algunos jueces sobre los riesgos de mantener presos en cuarteles, pero no terminó con los privilegios. Luego de varios intentos frustrados de persuadir a los magistrados, en agosto la ministra Nilda Garré prohibió a las tres fuerzas recibir nuevos detenidos. La mayor resistencia la opuso Garzón de Lascano, que mantenía a los militares en el cuartel Unión y a los policías en la Guardia de Infantería. Recién después de que Defensa y la Unidad Fiscal inspeccionaran la unidad militar y corroboraran las obscenas condiciones de detención, dignas de un hotel y sin las más elementales condiciones de seguridad, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la magistrada trasladar a los represores a unidades penitenciarias. El problema en el ámbito militar está prácticamente solucionado. Según datos de la PGN, sólo el general retirado Alberto Luis Cattáneo y el ex jefe de la policía tucumana coronel Mario Albino Zimermann, permanecen alojados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, el mismo donde cometieron los delitos.

En las fuerzas de seguridad, en cambio, el problema persiste. En julio del año pasado, tras la fuga del oficial de inteligencia Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las cuatro fuerzas que conduce no recibir nuevos detenidos. Sin embargo, hasta el viernes, cuando fueron procesados y trasladados, cuatro marinos retirados se hospedaban en la misma habitación de la que huyó Corres.

El principal detalle que pone de manifiesto el pedido de la Unidad Fiscal es que la prohibición de Fernández no abarca a las policías provinciales, donde se alojan aún una veintena de represores. El grupo más numeroso, que incluye a ocho procesados por la masacre de Margarita Belén, se aloja en la alcaidía de Resistencia, Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos antes de fusilarlos, la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Otros cinco ex policías provinciales se alojan en la comisaría 3ª de Avellaneda, de Santa Fe, en tanto ex miembros de las patotas de Agustín Feced que serán juzgados en los próximos meses pasan sus días en la Unidad Regional II de Rosario, servidos por camaradas.

La Unidad Fiscal destaca que “los irritantes privilegios y la seriedad de los riesgos procesales” verificados en Córdoba es “sólo un ejemplo de un estado de cosas de gravedad institucional cuya generalización es necesario impedir”, y enmarca el pedido “en el entendimiento que la inmediata intervención con carácter general encontraría lugar entre las facultades de superintendencia a cargo de esa Corte Suprema de Justicia y, particularmente, de las finalidades y potestades indicadas en la acordada 42/2008 de creación de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad”.

Ante la consulta de Página/12, fuentes de la Unidad admitieron que evalúan la solicitud, aunque en principio considerarían que es resorte de cada jurisdicción disponer los lugares de detención.