Luego de presentar proyectos de ley sobre la asistencia a las adicciones y las internaciones, y sugerir reformas penales, los integrantes del Comité asesor en materia de estupefacientes difundieron el documento que concluye con la tarea que les asignó el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Se trata del diseño del Plan Nacional de Drogas quinquenal a ser aplicado entre el 2010 y el 2015. La propuesta incluye crear equipos multidisciplinarios fijos en todos los hospitales públicos y aleatorios en las comisarías y hasta en los juzgados. El propósito es intentar solucionar las causas sociales del abuso y dependencia de sustancias a través de la articulación de “la salud, el trabajo, la educación, el acceso a la justicia, el desarrollo social, la comunicación y la reducción de la oferta”.

El documento, titulado “Lineamientos para el plan nacional de drogas”, condensa en 26 páginas los objetivos, ejes y “acciones programáticas para las diversas áreas del Estado”. Entre otras cuestiones, los expertos insisten en la necesidad de “actualizar” los contenidos en prevención (ver aparte) y “capacitar” al personal responsable de la salud de los usuarios de drogas y de la persecución del narcotráfico. Uno de ellos advirtió que “en muchos temas hay que hacer escuela”.

Hasta el momento, reconoce una asesora del comité, “no se implementa un protocolo común para atender a los adictos”. El que proponen los expertos se basa en el concepto de red. Si la policía encuentra a una persona “fisurada”, como suele decirse de quienes abusaron de los estupefacientes, deberá trasladarla a la guardia de un hospital. Allí será evaluado el tenor de la urgencia por el médico. La internación sólo será posible si se trata de una sobredosis o si, como en el caso de los “paqueros”, es necesario frenar el uso compulsivo.

Sobre este último supuesto, uno de los integrantes del comité, el toxicólogo Juan Carlos Damín, graficó a Página/12 el procedimiento usual del Hospital Fernández, que forma parte de la Red Metropolitana de Atención a las Adicciones. “Damos un tratamiento de desintoxicación de 7 a 10 días para frenar la compulsión. En esos días aprovechamos para hacerle controles odontológicos, vacunas, exámenes clínicos y de laboratorio.”

Una vez estabilizado, el paciente es asistido por psiquiatras y psicólogos en forma ambulatoria. “También tratamos de ver desde lo social, con asistentes sociales, dónde está parado el pibe. Acá el principal problema con los consumidores de paco es la exclusión social. Entonces, el paco pasa a ser la consecuencia, no la causa”, sostiene Damín.

El plan de acción esbozado en el documento busca formalizar y sobre todo extender estas prácticas, desarrollando en los servicios de Salud Mental o Psicopatología de los hospitales “equipos interdesciplinarios especializados en adicciones, y modalidades de atención escalonada y alternativa a la internación”. Para ello, el plan exige un reposicionamiento a través de “nuevos recursos humanos y presupuestarios” en los hospitales.

Una vez que este equipo determina el perfil del consumidor de sustancias y el contexto social y familiar del usuario, comienza a funcionar la red de asistencia externa. Si la persona está en una situación vulnerable, el equipo deberá derivarlo a los programas de reinserción social dependientes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, que ofertarán microemprendimientos, pasantías, formación profesional y otros planes afines.

Aquí surge otra aclaración del comité a los agentes sanitarios para evitar la psicosis hospitalaria: “Los casos más graves no configuran más que el cinco por ciento sobre el total de usuarios de sustancias”. Sin embargo, las usuarios problemáticos seguirán desfilando por las comisarías y los juzgados, sobre todo en el caso de los menores de edad. Por este motivo, el esquema de equipos interdisciplinario se ampliará a estas jurisdicciones.

“La idea es que estos equipos sean rotativos, que trabajen en distintos territorios, además de asesorar a los juzgados y acercarse a las comisarías. Para esto van a estar coordinados con la red de atención primaria de la salud y con las redes comunitarias y sociales de los barrios”, explica una de las asesoras del comité. En el plan se menciona a estos equipos como parte de los programas de seguimiento y atención “de las personas en tratamiento una vez dadas de alta o que hayan sido excarceladas”.

El jueves pasado, en una reunión del Consejo Federal que reúne a los ministros de Desarrollo Social de todo el país, se estableció como “prioritario” el tema de las adicciones. Incluso se firmó un acta compromiso. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, estuvo reunido con el jefe de Gabinete el martes pasado y prometió estudiar e implementar los cambios lo más rápido posible.

Esta última cartera deberá crear “un ámbito jerarquizado”, según reza el plan, en el que “se investigue y realicen seguimientos y actualización permanente en la evolución del perfil de consumos, efectos clínicos y toxicológicos en el corto y medio plazo”. La actualización resulta primordial para que no pasen inadvertidos fenómenos como el del paco o las nuevas drogas de laboratorio. De esta nueva área deberán salir recomendaciones y propuestas terapéuticas precisas ante las situaciones que se vayan presentando. Y, por supuesto, mejorar los tratamientos existentes.

A nivel nacional, la capacitación del personal médico existente estaría a cargo del Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social), un ente propuesto como tutor en el tema. La política de este lugar, que depende del Ministerio de Salud, es analizar caso por caso y elegir el tratamiento menos riesgoso para la persona. También se les prestará atención a los familiares, sobre todo para contenerlos y ayudarlos económicamente, de ser necesario. Por otra parte, se invita a estimular la participación comunitaria en el tema, no sin antes “brindar asistencia técnica a proyectos preventivos que surjan de las comunidades”.

Los controles a lugares estatales y privados de atención partirían del Ministerio de Salud y las ONG especializadas en el tema. El gran problema, destacan fuentes del Comité, no es sólo la falta de estructuras y protocolos de atención, sino los excesos perpetrados en granjas de rehabilitación o comunidades terapéuticas. “Muchos no respetan los parámetros básicos de la Organización Mundial de la Salud y encierran indiscriminadamente a los usuarios”, asegura uno de los expertos del comité.

Los cambios dejarían mal parada a la Sedronar, la secretaría dependiente del Poder Ejecutivo que viene manejando el tema de las adicciones derivando gente a algunas de estas granjas. El documento, sin rodeos, plantea como primera opción suprimirla. “O en su caso y en forma urgente reformular sus competencias, señalando específicamente las contradicciones con la Ley de Ministerios.”

La implementación de este ambicioso plan quinquenal incluye la creación de una Comisión Nacional de Políticas Públicas en materia de drogas con “control parlamentario bicameral y autonomía funcional y financiera, estabilidad y permanencia”. Habría un coordinador de la comisión y un miembro por cada ministerio implicado: Salud, Desarrollo Social, Justicia, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores.

El plan del comité fue enviado a todas estas dependencias, bajo la consigna de que la responsabilidad es compartida, si se pretende desjudicializar al usuario y diversificar el “problema de las drogas”. Al principio del documento, se recuerda la postura argentina que Aníbal Fernández planteó en las dos últimas sesiones anuales sobre el tema en las Naciones Unidas: “El acceso al sistema de salud es un derecho humano fundamental, al igual que el respeto a la dignidad del usuario como persona, con el respeto inherente que merecen su integridad física y su libertad individual”.