Hasta el momento, el mensaje preventivo en los distintos niveles educativos públicos es el mismo: las drogas son malas y hay que mantenerse lejos de ellas. “La mayoría no quiere aceptar que hay usuarios, que los que consumen no son todos adictos; si ésta es la única forma de acercarse desde el Estado, se pierde credibilidad”, reflexiona al respecto un integrante del comité que atiende a usuarios problemáticos a diario y charla con sus familiares. El mensaje no puede ni debe ser el mismo para un chico de primaria que para alguien que termina el secundario o está en la facultad. En esto hay coincidencia entre todos los miembros del comité.

Las campañas preventivas, se indica en el documento, tienen que escalonarse por edad y por contexto social. La prioridad son los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El contenido básico consta de información precisa, real, sobre el daño que causa cada sustancia y los límites entre su uso y el abuso. El modelo es desalentar cualquier tipo de consumo compulsivo y promocionar la salud, el cuidado del cuerpo, otros estilos de vida.

“Lo que queremos es alejarlos indirectamente”, comenta la fuente del comité consultada. Si hay algún tipo de consumo complejo, agrega, las campañas mostrarán la forma de detectarlo temprano, tanto a nivel familiar como en la escuela o en las guardias de los hospitales. Los distintos escenarios implican coordinar la acción preventiva, como se resalta en el Plan de Drogas, de los ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, así como las secretarías de Cultura, de Comunicación y de Deporte.

“Recomendamos especialmente que el Ministerio de Educación impulse el cambio, por ejemplo, de las currículas en las facultades de Medicina y de Psicología, y se destinen más horas en la formación sobre este tema”, comenta el especialista. La información sobre las distintas drogas, sus efectos, sus dosis y los hábitos que las rodean es una información vedada incluso a nivel académico. En este sentido, el principal promotor del cambio de paradigma, Aníbal Fernández, señaló el modelo uruguayo como el ejemplo a seguir.

Desde hace varios años, en Uruguay se aplica la estrategia de reducción de daños, una óptica dirigida a los usuarios de drogas mayores de edad, entre quienes fomenta el consumo informado y responsable. Además, el objetivo de esta estrategia es ofrecer todo tipo de folletería a personas que no son usuarias, pero pueden tener familiares que sí lo son. En Montevideo, la Junta Nacional de Drogas distribuye manuales sobre prevención y reducción de daños destinado a padres, y a través de Internet se facilitan materiales a quienes quieran conocer el tema en toda su amplitud.

Los expertos del Comité piden “extender y generalizar la implementación de los conceptos de reducción de daños” para que el contenido de las campañas de prevención esté “suficientemente actualizado”, y abarque “propuestas dinámicas adecuadas para la comunidad”. Al igual que en Uruguay, el plan para desalentar la demanda (o al menos contenerla sanitariamente) se centra en incorporar acciones “en forma gradual, continua y sistemática en el ámbito educativo formal y no formal”.

Como pasó con la ley de educación sexual, la aplicación de nuevos conocimientos tendrá sus contratiempos. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, ya reconoció a Página/12 las carencias en la currícula y el profundo desconcierto que surge entre maestros y profesores cuando el tema se infiltra en el aula. La política actual, en sus palabras, se traduce en una especie de “prevención inespecífica”, sin un contenido puntual y moderno, como reclaman en el Comité.

El año pasado, este cronista escuchó una confesión de parte en los pasillos del Ministerio de Educación nacional. Una importante asesora contó que una vez había visto a su hijo fumar un porro en la casa y se asustó tanto que estuvo a punto de buscar un lugar para internarlo. “Creí que lo que fumaba era cocaína”, admitió entre risas.

Tanto en el Ministerio de Educación como en el de Salud cualquier reforma de lineamiento político debe ser consensuada por un consejo federal antes de implementarse. Por lo que cada provincia puede negarse a aplicarla, si no está de acuerdo. “Hay que convencerlos”, reconoce el experto del Comité consultado por este diario.

Para establecer un orden de prioridad entre las sustancias cuyo uso indebido quiere prevenirse, el Plan hace hincapié en la encuesta Enprecost 2008, pedida por los expertos e instrumentada por el Indec en 51 mil hogares. De allí surge que las sustancias más consumidas son legales: tabaco, alcohol y tranquilizantes. Y les siguen, más lejos, la marihuana, cocaína, éxtasis y paco.

El control de la publicidad y el expendio, se remarca en el documento, serán cruciales para desalentar el uso de las sustancias legales. Las campañas preventivas con información real, como ya se ha dicho, harán lo propio con las drogas ilegales. Federalizar la prevención es el gran desafío. “La información salva vidas”, es uno de los lemas de la reducción de daños.