Uruguay criticó al gobierno argentino por “consentir” los cortes de ruta en la frontera con Fray Bentos y porque las parálisis del tráfico internacional provocan “daños millonarios”. En su primer día de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el gobierno de Tabaré Vázquez rechazó además las pruebas contra la pastera presentadas por Argentina la semana pasada. Los funcionarios sostuvieron que Botnia “no contamina” y hasta sugirieron que los problemas de polución sobre el río Uruguay pueden ser producto de la “actividad agrícola” o “industrial” del “lado argentino”. Por su lado, luego de la audiencia, la Cancillería argentina recordó que el país vecino “dejó de lado” el estatuto del río para autorizar “unilateralmente la construcción de las pasteras”, sin contemplar “el valor contaminante” de la industria.

“Uruguay tomó en cuenta las características del río Uruguay antes de autorizar la instalación de la pastera”, dijo Carlos Gianelli, embajador uruguayo en Estados Unidos, apenas empezó la audiencia. Gianelli negó que Botnia contamine, como sostuvo Argentina la semana pasada. Aseguró que la pastera está controlada por “uruguayos” y sugirió que la contaminación podía llegar de las afueras de la ciudad de Fray Bentos, del lado de las costas argentinas. “Es un episodio triste en las relaciones históricamente cercanas entre Argentina y Uruguay”, agregó.

Como sucedió la semana pasada con Argentina, Uruguay defenderá hasta el jueves el funcionamiento de la planta de celulosa. Argentina inició un juicio en su contra ante el máximo organismo de justicia de Naciones Unidas para dirimir el conflicto. El caso está en sus últimas instancias: la próxima semana, ambos países responderán planteos pendientes y el tribunal convocará a un cuarto intermedio hasta el veredicto, previsto para el año entrante.

El argumento más importante que presentó hasta ahora la Argentina para defender su posición está basado en dos puntos: el cuestionamiento a Uruguay por no respetar el Tratado del Río Uruguay de 1975 y los resultados de los informes técnicos con las mediciones ambientales de los dos últimos años. El equipo encabezado por la embajadora Susana Ruiz Cerutti habló de “daños irreparables”, “emanaciones que huelen a huevo podrido”, algas en una escala sin antecedentes y explosiones.

Uruguay, por su parte, apuntó ayer a refutar la afirmación argentina según la cual Botnia es una planta negativa en un lugar equivocado. Gianelli criticó a Ruiz Cerutti por un “lenguaje excesivo” que, según el funcionario, mostró a “Uruguay completamente fuera de la ley internacional”.

Alan Boyle fue otra de las voces orientales. Abogado y profesor de la Universidad de Edimburgo, asesor de Uruguay en el juicio, cuestionó la intervención del Tribunal a la hora de evaluar la contaminación del aire: “La contaminación del aire –dijo– está fuera de la jurisdicción de la Corte porque el Tratado del Río Uruguay no contempla previsiones” en esta materia. Destacó que Botnia cumple con los estándares establecidos por el Banco Mundial y la Unión Europea; en ese sentido, recordó ante los jueces un fallo del año pasado de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del BM.

A través de un comunicado, la Cancillería nacional defendió los argumentos esgrimidos la semana pasada. Enfatizó que se cuestiona a Uruguay por no haber consultado a la Argentina antes de dar su autorización a Botnia. Y agregó que “Uruguay trató de ganar tiempo tratando de imponer a la Argentina el hecho consumado de la instalación y funcionamiento de Botnia”.