El gobierno de Mauricio Macri ratificó ayer el proyecto para construir dos túneles para el tránsito de vehículos bajo la avenida 9 de Julio. Lo hizo ante la Justicia, en una audiencia celebrada ayer en el marco de los recursos de amparo contra esa obra presentados, por un lado, por la legisladora electa María José Lubertino y, por otro, por los diputados porteños Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y Martín Hourest. La continuidad de la obra había estaba en duda después de que el Ejecutivo desistió de construir el denominado Parque Central Norte, en Recoleta, y ante el unánime pedido de la oposición durante el diálogo político. El tema se ventilará en una audiencia pública el 3 de noviembre próximo, aunque el debate estará condicionado: cuatro días antes se abrirán los sobres de la licitación que está en marcha. Si es que la Justicia no decide frenarla, como solicitan los legisladores.

El proyecto de construir túneles con peaje por debajo de la 9 de Julio, que conecten la autopista Illia, al Norte, con la 25 de Mayo, al Sur, fue lanzado el 2 de julio. Las críticas que generó son numerosas: promueve una obra de gran magnitud, que podría ocasionar un fuerte endeudamiento para la ciudad, sin consultas a urbanistas, arquitectos y expertos en tránsito. Los legisladores cuestionan además que la obra se le encomendó a la empresa estatal AUSA, que no contaría con el aval legal para hacer esta obra. “De acuerdo con la ley 3060, AUSA puede hacer obras viales en toda la red de autopistas, mediante concesión de obra pública, salvo en las avenidas 9 de Julio y 27 de Febrero”, dijo a Página/12 el diputado Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires). Desde el gobierno porteño tienen una interpretación diferente de la ley.

Lubertino había cuestionado la falta de un estudio de impacto ambiental (EIA) y la no convocatoria a una audiencia pública previa al llamado a licitación. Ayer, el Ejecutivo presentó el EIA, que deberá ser aprobado por la Agencia de Protección Ambiental del gobierno, después de la audiencia pública.

“La Constitución porteña dice claramente que hay que beneficiar al transporte público y no a una minoría que utiliza el transporte privado”, opinó Lubertino (electa por el Frente para la Victoria). “Esta obra implica dinero no sólo de este gobierno, sino de los que siguen”, agregó.

El diputado Martín Hourest (Igualdad Social) sostuvo que “suena disparatado este tipo de emprendimientos en el actual estado de gravedad en que se encuentra la ciudad en lo económico”. Para Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) “el proceso de licitación es ilegal, porque AUSA sólo puede hacer obras sobre las vías que tiene bajo su concesión”. Epszteyn, por su parte, denunció que en la audiencia participó “un empleado de la empresa Roggio, uno de los potenciales participantes en la licitación”.

Los legisladores cuestionaron la ausencia del ministro Daniel Chain en la audiencia. La defensa del proyecto estuvo a cargo de Hernán Vela, director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Desarrollo Urbano: “Si el tránsito liviano va por los túneles, la superficie quedará disponible para el transporte público. Además, se resuelve el problema de la conectividad”, argumentó.

El proyecto de los túneles nació acompañado por otro, el de la construcción de un Central Park en Recoleta, eliminando un tramo de las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta. Pero el gobierno desistió de esa iniciativa. Una versión indicó que los túneles seguirían el mismo camino del archivo, como moneda de cambio en la Legislatura por la aprobación de los bonos de endeudamiento del Estado porteño. Pero la confirmación de ayer dio por tierra con esa posibilidad. El costo de la obra se estima en más de 800 millones de pesos, que se afrontarían con la recaudación de la empresa AUSA en concepto de peaje.