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En estos días, la discusión por el presupuesto del año que viene irá ganando los titulares de los principales diarios y con ella vendrán los cuestionamientos, tanto por derecha como por izquierda, a los principales ejes del proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Probablemente, también, abunde la chicana política y muchos legisladores se rasguen las vestiduras por tal o cual previsión incluida en la ley (como por ejemplo la de recurrir otra vez al FMI), olvidándose de los presupuestos que votaron cuando sus partidos políticos estaban en el gobierno.

Es una lástima que una vez más se desaproveche la ocasión para discutir un tema que es crucial y urgente: abordar al conurbano bonaerense con políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, independientemente de quiénes sean los administradores de turno. Hasta que el Gran Buenos Aires no sea entendido como un problema nacional, difícilmente se puedan empezar a resolver algunas de sus múltiples necesidades.

Por supuesto que una política de Estado bien entendida no es algo que se pueda plasmar de la noche a la mañana, ni escribir en un manual para que las generaciones venideras se aprendan de memoria. Como bien ha explicado José Natanson en estas mismas páginas, una política de Estado es “el resultado complejo –y parcialmente cambiante– de la combinación de fuerzas políticas, equilibrios sociales, historia y cultura” (en Página/12, 29 de junio de 2008). Para graficarlo en experiencias concretas, sería el caso de la política energética del Brasil (fundamentalmente a través de la construcción histórica de la empresa Petrobras), o el caso de la política hacia las Fuerzas Armadas en nuestro país. Hoy día no sería posible pensar en el desarrollo económico del Estado brasileño sin la existencia de Petrobras, mientras que en Argentina nadie piensa que sea viable una intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de política o seguridad interior.

Por eso mismo vale decir que, a la vista de los resultados en políticas socioambientales que los distintos gobiernos han tenido en el conurbano bonaerense, jamás hubo una política de Estado en estos territorios. Y si hablamos de políticas de Estado, es obvio que la responsabilidad no sólo recae sobre los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, sino que incluye a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, como así también a los que gobiernan las otras provincias.

Para no aburrir con detalles, digamos que una de las mayores asignaturas pendientes que tiene nuestra dirigencia en materia de políticas de Estado es la dependencia de los municipios del conurbano respecto del gobierno provincial y sobre todo del nacional, dada la escasez de recursos que generan. Y esto no lo inventó Kirchner: el gobernador radical Alejandro Armendáriz fue el que renunció a los puntos de coparticipación que hoy le faltan a la provincia, y luego, Eduardo Duhalde exigió el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano (de unos 600 millones de pesos al mes), que servía para premiar o castigar intendentes, según les cayeran en gracia o no al ex gobernador noventista. Con la recesión y la crisis se agudizaron las penurias, y el resto es historia más o menos reciente: con el crecimiento económico llegó la obra pública financiada por el Estado nacional, que llevaba más de una década de demora, no sólo para mejorar la calidad de vida de la gente, sino como herramienta que impulsa la reactivación económica en los municipios.

Este sistema estuvo bien para salir de la crisis y compensar a muchas regiones que durante años venían siendo postergadas. Pero es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje del conurbano: si no se instrumentan políticas de Estado a mediano y largo plazo, la pobreza, el hacinamiento y la violencia social no tienen solución.

El primer paso para llegar a la raíz del problema es realizar una aproximación a los números que maneja cada comuna en el Gran Buenos Aires. Las cifras de dinero que los municipios tienen para gastar por día por cada habitante son irrisorias. Florencio Varela con 1,02 peso y Almirante Brown con 1,08 encabezan la lista de los más pobres, pero siguen unos cuantos más. La Matanza 1,11; Moreno 1,21; Lomas de Zamora 1,34; José C. Paz 1,54. Comparar estas cifras con municipios del resto del país, como Córdoba, Rosario o Mar del Plata, es un buen ejercicio para constatar una de las raíces del problema.

A ello hay que sumarle que al menos la mitad de ese dinero se destina para pagar sueldos y que, en algunos partidos, se gasta lo mismo para salud que para la recolección de basura.

¿Cómo se puede encarar el problema? Contrariamente a lo que muchos suponen, devolver de un plumazo los puntos de coparticipación que le corresponden a la provincia no resuelve el problema (ayudaría, es cierto, pero no sería definitivo).

Dos medidas de carácter urgente podrían ser: reformar la ley de autonomía de los municipios (que básicamente es la misma desde la década del ’50) y, a la vez, exigirles a éstos que mejoren radicalmente su capacidad recaudatoria. Esto no significa aumentar las tasas o salir desenfrenadamente a cobrar multas. No. Significa implementar algún mecanismo de control, por ejemplo, sobre las ganancias que tienen las casas de juego (bingos y casinos), siendo que el 6 por ciento de las éstas corresponden, por ley, a los municipios. Esto es un montón de plata, pero nadie se preocupa por constatar si efectivamente los bingos ganan lo que dicen que ganan.

Y ya que algunos reclaman “por lo que la provincia le cede a la Nación”, muy bien, veamos qué pasa con lo que los municipios resignan frente a la gobernación. ¿No les parece? Veamos si es realmente justa la distribución que se hace de Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor.

El conurbano bonaerense es una construcción histórica nacional que todavía no tiene su propio relato. Sugiero que empecemos a escribirlo ahora, porque corremos el riesgo de que los antropólogos del futuro no tengan qué decir de nosotros.

* Docente, periodista, autor del blog Conurbanos.