Los anticipos financieros y los fondos para acopiar materiales que reciben las empresas, al menos en la cartera que conduce el arquitecto Daniel Chaín en el gobierno de la ciudad, se han convertido en moneda corriente gracias a las resoluciones internas 243 y 276 del 2008. Algunas de las sociedades que se adjudicaron trabajos cobraron esos adelantos de hasta un 25 por ciento por un monto cercano a los 50 millones de pesos. Entre ellas está Miavasa SA, con el antecedente de una quiebra decretada en 2007 y hoy con riesgos de insolvencia. Esta política dadivosa no se compadece con la entrega de las obras en término, como ocurre con la Ciudad de la Música, un viejo edificio de la ex compañía Italo de electricidad que remodela Caputo SAICyF. Arrancó con un contrato en 2005 por 54.448.126,75 pesos y con las sucesivas redeterminaciones de precios –la llave con que las constructoras obtienen pingües ganancias– el costo rondaría ahora los 100 millones.

En la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo, es vox populi cómo se le brinda trato preferencial a los certificados de obra que presenta para el cobro la constructora donde es accionista el empresario Caputo. Se trata del mismo que fue nombrado por Macri como asesor mediante el decreto 2144 en diciembre 2007, pero que se vio empujado a renunciar cuando la diputada porteña Gabriela Cerruti lo denunció por funciones incompatibles como funcionario y contratista del Estado. El 24 de enero de 2008 fue dado de baja por otro decreto (el 79/08).

El jueves pasado, Caputo SAICyF, con domicilio en Paseo Colón 221, 2º piso, entregó en el ministerio de Chaín varios certificados por redeterminaciones de precios correspondientes a la Ciudad de la Música, un emprendimiento que a fines de mayo de este año sólo estaba concluido en apenas el 29,77 por ciento. Sin embargo, en base al monto con que se proyectó la obra en 2005 (54.448.126,75 pesos) se le extendieron 8.166.674,68 pesos en materiales y 4.814.560 como anticipo financiero, lo que representa un 11,57 por ciento de aquel total.

Los certificados de acopio o los adelantos de dinero del Estado a las empresas son una práctica frecuente para financiar la obra pública. En teoría, deberían entregarse antes de comenzar los trabajos. Contra la paga de esos fondos, las compañías sacan una póliza de caución, aunque no en todas las licitaciones aparecían estas ventajas para las constructoras. Lo que el PRO hizo en el año y diez meses que lleva en el gobierno porteño fue otorgarle discrecionalidad a esta práctica. Y lo consiguió más allá de las resoluciones ministeriales de Desarrollo Urbano, gracias al decreto 948 que firmó Macri el 30 de julio de 2008.

Por él, autorizó a todos sus ministros a “aprobar en los contratos de obras públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley 13.064, un pago especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30 por ciento)...” siempre que se arbitren los recaudos presupuestarios necesarios y se requieran las cauciones y garantías correspondientes. “A los fines de la orden de pago respectiva, en el presente caso no será necesario certificar el grado de avance de la obra”, señala el artículo 3º del decreto. Eso y no controlar es más o menos lo mismo.

Una de las justificaciones esgrimidas por el jefe de Gobierno para modificar los contratos de las construcciones emprendidas y las actas de predeterminación de precios fue que “existen diversas obras adjudicadas que se han visto interrumpidas por circunstancias de diversa índole acaecidas durante el ejercicio anterior, y cuya continuidad en la actualidad se encuentra supeditada a la necesidad de reactualizar aquellas condiciones en las que tuvieran inicio, las que producto del transcurso del tiempo han mutado tanto en cuanto al desgaste físico y material de la obra como a las previsiones de naturaleza financiera”.

El párrafo cuestiona la paralización de las obras que, como la Ciudad de la Música, había determinado el anterior jefe de Gobierno, Jorge Telerman. Levantada en el barrio de La Boca, junto a la autopista Buenos Aires-La Plata, “debería estar terminada hace tiempo”, confió una fuente de Desarrollo Urbano. Allí, según las previsiones de Macri, en julio de 2010 debería estar instalada la Orquesta Filarmónica de la ciudad que no tiene un lugar estable donde desempeñarse. La sala principal albergará a 1300 personas y otra más pequeña, de cámarán, tendrá capacidad para entre 200 y 300. Allí también funcionará un Museo de la Música, una biblioteca especializada, salas de grabación, un salón de exposición y el Instituto de Altos Estudios Musicales, entre otras obras.

El emprendimiento que procura terminar la constructora Caputo es uno de los que motivó un proyecto de resolución del diputado Gonzalo Ruanova, quien pretende saber por qué recibió un anticipo financiero y acopio de materiales cuando, según la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de Desarrollo Urbano no estaría incluida en el listado de obras que contemplaban aquellos beneficios en los pliegos de licitación.

Equimac SA, por el boulevard central de la avenida Honorio Pueyrredón entre Batalla del Pari y Neuquén; la UTE Bricons SAICFI y Emaco SA, por la ampliación del Museo de Arte Moderno y el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken; Indaltec, por obras en el Hospital Penna, y Planobra SA, por la fachada del edificio de Rentas de la ciudad, son las otras compañías que recibieron anticipos financieros y de materiales sin que constara por qué. Las cinco –con la Ciudad de la Música– preveían a fines de mayo 131 millones de pesos en inversión y habían recibido a esa fecha 26,4 millones por adelantado del gobierno porteño. Como contrapartida venían muy atrasadas con las obras. La UTE Bricons–Emaco sólo había avanzado un 13,22 por ciento en sus trabajos de ampliación y modernización de los dos museos al 31 de mayo.

Para Ruanova, esto significa que las empresas “ya no necesitarían capital propio inicial para comenzar la obra, porque el gobierno financiaría a las mismas en forma gratuita y adelantada hasta el 25 por ciento de la obra, lo que repercutiría en que una mayor cantidad de empresas podrían presentarse o subcontratar a otras sin ningún tipo de respaldo”. La lista de constructoras beneficiarias de anticipos al amparo de las resoluciones ministeriales 243 y 276, según un listado de Desarrollo Urbano al que accedió Página/12, son dieciséis: Naku Construcciones, Giro Construcciones, Paleco, Grape Constructora, Caramian, Cunumi, Altote, Mantelectric, Miavasa, Equimac, Salvatori, Instalectro, la UTE Bricons–Emaco, Caputo, Indaltec y Planobra. Algunas tienen adjudicada más de una obra. Y la mayoría son de embellecimiento o maquillaje de la ciudad, trabajos arquitectónicos como los denominados “Oasis Urbanos” o el programa “Prioridad Peatón” (ver aparte). Un 85 por ciento del total, contra apenas un 15 por ciento destinado a obras de ingeniería. Traducido en plata: 300 millones de pesos contra apenas 50.

Miavasa SA es una de las constructoras que cobró anticipos financieros o de materiales. A esta empresa le decretaron la quiebra el 16 de abril del 2004, pero continúa operando en obras de la ciudad pese a que sus datos más recientes señalan que tiene problemas por alto riesgo de insolvencia con acreedores del sistema financiero. La excepción es el Banco Ciudad, donde según un informe comercial al que tuvo acceso este diario su situación es normal. En un listado del Ministerio de Desarrollo Urbano figura con adjudicaciones en el entorno de la Cancillería, el Instituto Bernasconi, reformas en la avenida Corrientes y la calle Defensa, donde una obra demorada para hacerla peatonal, se transformó en un monumento a la ineficiencia y disparó el malhumor de los vecinos.

Con dineros públicos parece sencillo comenzar en la construcción. Lo que sigue después es tarea de la patria contratista. La falta de controles facilita que las obras se entreguen sin fecha cierta y por montos sustancialmente más altos de los que fijaban los pliegos.