Un detallado informe de 48 páginas que reúne varias denuncias en temas como discriminación, salud, educación, vivienda, seguridad y medio ambiente, presentará hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. Este joven organismo no gubernamental, formado por abogados que se desempeñan en el ámbito público y privado, señala en sus conclusiones que las constataciones alcanzadas “no son auspiciosas para la dignidad del hombre y la mujer que habitan la ciudad”. El documento se redactó tomando como parámetro la Constitución porteña aprobada en 1996 y refleja el modo en que la administración de Mauricio Macri causó “un grave deterioro a la vigencia de los derechos humanos”.

El informe toma los principales artículos del libro primero de la Carta Magna, referido a “Derechos, garantías y políticas especiales”, y los confronta con la política de Estado que llevó adelante el PRO en sus dos años de mandato desde diciembre de 2007. Según el escrito, de continuar así, esa política tendrá un carácter “irreversible en sus consecuencias para la vida de los más vulnerables como son los jóvenes, niños y niñas de los barrios”.

El informe que se dará a conocer hoy, a las 18.30, en la librería Gandhi, advierte sobre “el debilitamiento del rol del Estado como garante de los derechos sociales, económicos y culturales; el desmantelamiento de varios dispositivos de protección de los segmentos sociales más vulnerables (niñez, situación de calle, paco); la profundización de la brecha preexistente en el marco de una ciudad fragmentada y polarizada en Norte-Sur”; el afianzamiento de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulnerabilidad social hacia otras provincias o su correlato: el ocultamiento planificado de signos de pobreza en el espacio público; la promoción del concepto criminológico de ‘mano dura’ y la inexistencia de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda adecuada para los sectores de mayor vulnerabilidad social”, entre otros puntos.

De esas consideraciones generales, el trabajo pasa al enfoque analítico de cada artículo sobre los derechos que prevé la Constitución porteña. En el 10º, referido a lo que el Observatorio llama “operatividad de los derechos”, señala que “el decreto 210/09 reglamentario de la ley 2894 –de creación de la Policía Metropolitana– admite el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas a la Policía porteña, requisito prohibido expresamente por la Ley de Seguridad”.

En el siguiente, el 11º, referido a que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley”, denuncia que “los proyectos de erradicación de villas para privilegiar negocios inmobiliarios y desplazar a los pobres de la ciudad son discriminatorios”. Agrega que “la criminalización de inmigrantes senegaleses por venta callejera de mera subsistencia es racista” y se apoya en el hábeas corpus solicitado por Ibrahima Mbaye sobre el que se pronunció la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad. “Ilustra la arbitraria persecución”, afirma el Observatorio.

Más adelante, analiza el inciso 8º del artículo 13º, que sostiene: “El allanamiento de domicilio, las escuchas telefónicas, el secuestro de papeles y correspondencia o información personal almacenada, sólo pueden ser ordenados por el juez competente”. El informe recuerda que “son de público conocimiento las escuchas telefónicas ilegales que realizara el señor Ciro James, empleado del gobierno de la ciudad, sin autorización judicial, en franca violación de la normativa constitucional”. El inciso 9º habla de que no puede establecerse ninguna norma que exprese “peligrosidad sin delito”, hecho que el organismo confronta con el modo en que opera la UCEP, “un cuerpo de empleados del gobierno de la ciudad que cumple actividades ilegales en perjuicio de las personas más vulnerables: aquellas que justamente expresan y operan sus derechos en el espacio público”.

En base al artículo 17º que establece el derecho al bienestar social, el Observatorio cuestiona que el ministerio a cargo de María Eugenia Vidal “ha cedido la mayor parte de su presupuesto a organizaciones no gubernamentales”, generando “un vaciamiento del Estado en la materia y la precarización de los recursos humanos y técnicos”. Cita como ejemplo que para “el tratamiento de la problemática de los chicos adictos al paco, la ciudad sólo posee dos centros de atención de carácter público: Casa Puerto, que es para internación, y Casa Flores, para tratamiento ambulatorio. El resto del abordaje se encuentra a cargo de ONG”. Recuerda también que el gobierno del PRO intentó ubicar oficinas de la Policía Metropolitana en Puerto Pibes, un predio para alojar a 120 chicos de condiciones humildes.

Los cuestionamientos a la política social de Macri no se detienen ahí. El informe detalla que “se han asignado recursos a sectores de la sociedad capitalina que tienen ya garantizados sus derechos y el acceso a los bienes y servicios, al tiempo que se desprotege y excluye a segmentos de la población con necesidades básicas insatisfechas”. Precisa que han sido seleccionados como “proyectos ganadores” los de instituciones autosuficientes como el Episcopado de la ciudad, la Asociación Mutual de Empleados del Banco Mayo, la asociación de Disc-jockey, iluminadores y sonidistas y la UCA, junto a Hecho en Buenos Aires, la revista vendida por personas en situación de calle que no encuadra en la descripción de las anteriores.

El artículo 18º sostiene que “la ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”. Del escrito se desprende que nada de esto se hizo porque continúa existiendo “un Norte mayoritariamente rico y con acceso a la mayor parte de los bienes, tanto materiales como simbólicos; y un Sur pobre, marginado de la inversión pública y los bienes simbólicos”.

Dos datos aportados por el informe son elocuentes: el 21,9 por ciento de la población de la ciudad sólo accede a la salud a través del sistema público, pero datos de los centros de Gestión y Participación 4 y 8, ubicados en La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, elevan la atención al 43,5 por ciento en esas áreas. En Educación, el 60 por ciento de las escuelas públicas se levantan desde la avenida Rivadavia hacia el Norte y el 40 hacia el Sur. En el sistema privado la brecha se ensancha hasta el 70 y 30 por ciento.

En materia de salud, el informe denuncia: “La obra para la construcción del Hospital de Villa Lugano demandó una inversión de 14 millones de pesos en infraestructura y más de 2 millones en equipamiento. Sin embargo, lejos de ser un hospital de atención primaria de alta resolución, el centro carece de atención odontológica por falta de instrumental y no cuenta con líneas telefónicas. Tampoco funciona el sector de rayos (...) No tiene un sector de extracciones, ni vacunatorio, ni farmacia que posea los medicamentos más indispensables”. El relevamiento se extiende a irregularidades en el SAME –las ambulancias no ingresan, por ejemplo, a la Villa 21-24 de Barracas– y al área de salud mental, donde se describen situaciones degradantes para los pacientes. “La gestión actual viola el derecho humano a la salud por omisión, en todos los episodios comentados”, concluye el texto.

El Observatorio recuerda que el jefe de Gobierno tildó de “vagos” a los maestros, les impuso medidas autoritarias como la prohibición de “salir en los medios de comunicación, acallando así su voz ante los diversos conflictos irresueltos”, intentó el recorte de becas, pretendió desarmar con la UCEP la carpa de los gremios docentes, los funcionarios del ministerio a cargo de Mariano Narodowski pidieron listas de docentes que realizaban medidas de fuerza, y muchos alumnos de los barrios más poblados del Sur y la Villa 31 “se ven privados de su escolaridad por no acceder a vacantes en escuelas cercanas” y deben trasladarse en transportes del Ministerio de Educación “que no alcanzan a cubrir la demanda”.

Otro rubro educativo en el que se denuncia con cifras y datos al gobierno es el de los subsidios al sistema privado. “Por ejemplo, el Consejo Superior de Educación Católica recibió diez veces más fondos que el Instituto Alfredo Palacios, a pesar de que ambas instituciones imparten de igual modo educación a nivel superior. La estrecha relación entre la Iglesia y la gestión actual se evidencia en datos económicos: el tradicional colegio de Flores Ana María Janer percibió 848.288 pesos por los tres niveles educativos (inicial, primario y medio) durante el segundo cuatrimestre de 2008, y el colegio San José de Calasanz la suma de 755.628. Otro caso particular, dentro de las escuelas técnicas del subsector privado, lo constituye la ORT, que recibió 1.516.724.”

El artículo 26º de la Constitución que fija normas sobre el medio ambiente es comparado con la inacción para erradicar de la ciudad los cementerios de autos, que en sus inmediaciones permitieron detectar un 35,5 por ciento de la población infantil con valores de plomo en sangre superiores al límite aceptable. Uno está ubicado en Villa Lugano y otro lo regentea la Policía Federal en la reserva ecológica, ambos autorizados por el Estado porteño.

El artículo 31º, que habla sobre el derecho a la vivienda es contrapuesto con los 530 mil porteños que viven en condiciones deficitarias, 182 mil de los cuales habitaban en villas de emergencia según un estudio de 2007. Hoy esa cantidad se elevaría a 300 mil personas, sin contar entre 8 mil y 10 mil que estarían en situación de calle, como menciona un informe de Médicos del Mundo.

El gobierno porteño, según el Observatorio de Derechos Humanos, lejos de atender estos déficit destinó a la vivienda en su presupuesto 2010 un 33 por ciento menos que este año y un 80 por ciento menos para la integración y transformación de villas. De los diez programas que tenía el Instituto de Vivienda de la Ciudad “dos desaparecerán el próximo año, otros siete disminuyen en diversos porcentajes y sólo uno aumenta: el programa Mejor Vivir, cuyas asignaciones provienen del Estado nacional”.

Otras denuncias del organismo mencionan la violación de derechos culturales, la seguridad pública –citan las numerosas irregularidades conocidas para crear la Policía Metropolitana–, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los niños y adolescentes. “Debe quedar claro que el Poder Ejecutivo de turno no tiene la potestad de escoger la negación de determinados derechos según la ideología que sustente su plataforma electoral. La constitución de la ciudad es preexistente –concluye el informe–. Todos los actos de gobierno deben ceñirse a ella.”