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Dentro de exactamente diez días se emitirá el informe de la comisión bicameral que investiga los créditos otorgados por el Banco Provincia de Buenos Aires. En total, se analiza la entrega de dos mil millones de pesos a empresas como la Curtiembre Yoma, el constructor Victorio Gualtieri y otras 50 empresas y empresarios que después se convirtieron en morosos, incobrables o que directamente quebraron. El caso tiene notorias implicancias políticas, en tanto se relaciona con hombres del duhaldismo y también del menemismo, y es también investigado por el juez Facundo Cubas, que hace un mes allanó buena parte de las sucursales del Provincia para hacerse de la documentación de los créditos. No faltan quienes sostienen que se trata de reavivar la causa judicial como parte la campaña electoral, pero lo concreto es que las conclusiones deberán estar listas para el día 11 de este mes.
La Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense hizo llegar al juez los tres preinformes preparados por los bloques del PJ, la UCR y uno conjunto entre el ARI y el Frente Grande. Desde el punto de vista de las cifras, es la investigación más grande del distrito bonaerense y el objetivo de la Comisión es establecer si detrás de los créditos hubo manejos políticos, retornos o aportes a empresarios cercanos a Duhalde y, como en el caso de los Yoma, a Menem. Gran parte de los dos mil millones fue entregada a empresarios de la construcción, y sólo en el caso de Gualtieri se le financiaron 53 obras. Sobre los Yoma, la investigación es sobre créditos por 20 millones de pesos-dólares, cuando ya era moroso y le debía fuertes sumas a otros bancos y al fisco.
Las cosas no terminan allí: durante la administración de Carlos Ruckauf éste resolvió emitir un bono para que la provincia se hiciera cargo de ese monto de créditos. Esa maniobra financiera también es analizada por el juez y por la Comisión. Ayer trascendió que el juez Cubas estaba allanando nuevamente las sucursales del Bapro, pero el dato fue desmentido por las autoridades del banco, quienes señalaron que el magistrado hizo los allanamientos en octubre, entre los días 11 y 18. “Desde entonces no hubo nuevos allanamientos, como ahora se pretende difundir”, concluyó el comunicado oficial. Entre líneas, el texto advierte que hay una movida política para poner otra vez el tema sobre el tapete en el marco de los días candentes de la interna electoral.
En la próxima semana la Comisión tendrá que terminar el informe para presentar en la Legislatura. Existe un acuerdo entre los miembros de la Bicameral –dos vinculados a Felipe Solá, uno a Carlos Menem, uno del Frente Grande, uno del Ari, uno de la UCR y uno del partido de Luis Patti- de enunciar una por una las irregularidades en cada crédito, sobre la base de informes técnicos e incluso mencionando al directorio y a los gerentes responsables por cada caso. Se pedirá entonces que se los investigue judicialmente. El diputado Alejandro Mosquera, del Frente Grande, insiste en que los créditos también encierran maniobras realizadas a través de las obras públicas que se contrataron mediante esos créditos, pero no está claro si eso figurará o no en el informe final de la Comisión.
Sectores del duhaldismo sostienen que hay un intento por parte del menemismo y el centroizquierda de introducir el tema en la batalla electoral y éstos contestan que, pese a las trabas que se les han impuesto, se dará a conocer un informe irrefutable en términos técnicos.