La presidenta Cristina Fernández designó durante 2009 a 46 jueces, casi la mitad de los que había nombrado en 2008, cuando sumaron 94. El dato surge de un informe del Consejo de la Magistratura, que también señala que el Poder Ejecutivo tiene aún pendiente la designación de magistrados que integran nueve ternas de candidatos.

Dos nuevos jueces correspondieron al Tribunal Oral Federal 1 de la Capital –Oscar Amirante y Adrián Grümberg–, encargado de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Cabe recordar que a comienzos del año pasado, cuando la Presidenta le reclamó a la Justicia mayor celeridad en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, desde la Corte Suprema respondieron que un problema que demoraba las causas era la falta de magistrados.

Las designaciones más relevantes correspondieron al fuero Contencioso Administrativo Federal, el que se ocupa de tramitar las demandas contra los órganos del Estado y que, por ejemplo, en 2009 dispuso detener el incremento de tarifas. La Presidenta nombró a Eduardo Morán, José Luis López Castiñeira, Luis Márquez y Clara Do Pico en salas de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y a Pablo Cayssials y Esteban Furnari como jueces de primera instancia.

De los 46 flamantes jueces, veinte fueron designados en la Justicia Civil de la Nación, el fuero que hasta ahora rechazó todas las presentaciones para habilitar los matrimonios entre personas del mismo sexo. El resto de los nombramientos correspondió a jueces federales del interior del país y a otros fueros de la ciudad de Buenos Aires, como el Comercial, la Seguridad Social y el Penal Económico. Las nueve ternas de candidatos por resolver son de distintos tribunales, dos pendientes desde 2008 y el resto desde mayo.

El proceso de nombramiento de jueces incluye la participación de los tres poderes del Estado: ante una vacante judicial, el Consejo inicia un concurso público y propone candidatos; el Ejecutivo elige uno y lo remite al Senado; si la Cámara alta lo aprueba, el candidato es nombrado por decreto del Ejecutivo.