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“La decisión judicial es sencilla, el problema no es ése”, reflexiona Su Señoría. Su Señoría integra la Corte Suprema. Es raro que uno de sus integrantes diga que un tema polémico sometido a ésta sea sencillo. Máxime si se trata de un pedido de inconstitucionalidad y recontra máxime si versa sobre el régimen matrimonial, por ahora reservado a personas de diferente sexo. Pero Su Señoría fue tajante, la decisión es sencilla: la prohibición del matrimonio gay es inconstitucional. Y se explica: “Es un caso claro de inconstitucionalidad sobreviniente, pasó lo mismo con el divorcio vincular”.

“¿Qué es lo difícil, entonces?”, preguntaría Página/12 si Su Señoría no se respondiera solita. “Lo difícil, lo dudoso (relativiza), es si debemos abocarnos ya a sentenciar alguno de los expedientes que tenemos o si esperamos a que el Congreso discuta la ley.” Ahí se invierten los roles de la amigable conversación sin grabador de por medio. Quien tiene la toga (es un modo de decir, viste de civil) formula la pregunta clave: “¿Cuándo se tratará el proyecto en el Congreso?”.

El cronista comenta que todo indica que será pronto. Lo que no es tan seguro es que se consigan los votos suficientes en ambas Cámaras, la más dudosa es el Senado.

Su Señoría, que malicia lo mismo, redondea: si así fuera, sería mejor esperar que el tema se ventile en la sociedad y en el Parlamento. Claro que, si el proyecto no prosperara o se demorara, el Tribunal debería decidir.

–¿En tal caso, será tan sencillo resolverlo? –se obstina este diario.

–El expediente tiene que circular, acá hay individualidades fuertes, cada uno querrá fundar su posición, es un fallo histórico. Pero es casi seguro que haya mayoría.

Tras lo cual, se explaya sobre la inconstitucionalidad sobreviniente, lo que justifica un parrafito propio.

Valores que cambian

De acuerdo con venerable jurisprudencia de la misma Corte, una norma originariamente constitucional puede dejar de serlo andando el tiempo. Sucede cuando los criterios o valores de la sociedad han cambiado. Criterios colectivos diferentes, nuevas costumbres o reglas de convivencia, hacen que lo que era chocante a la “moral pública” o exótico en un momento dado devenga válido, aceptable, o aún imprescindible. Una de las sentencias más recordables (de evidente afinidad con el caso) fue “Sejean c/Zaks de Sejean”, dictada a fines de 1986. La Corte Suprema juzgó inconstitucional la disposición de la Ley de Matrimonio Civil que impedía el divorcio vincular. Se explicó que la imposibilidad de casarse de nuevo después del divorcio (razonable cuando se promulgó el Código Civil) violaba, a fines del siglo XX, el concepto de libertad establecido en la Constitución pues ignoraba los nuevos comportamientos sociales.

Las leyes no son eternas, se dictan para una circunstancia histórica determinada, las variaciones de época pueden barrer con su pertinencia y hasta con su legalidad. Así ocurre con la prohibición para casarse que pesa sobre personas del mismo sexo, en una sociedad más abierta, más respetuosa de las diversidades de género, menos discriminadora, donde cunden nuevas formas de familia y de pareja.

En ese contexto, limitar el derecho de casarse a parejas de distinto sexo es injusto, estigmatiza a quienes no lo son. Una lectura dinámica de la Constitución, una adecuación de su espíritu explica por qué es “sencillo” decidir. Pero, constitucional o no, la innovación es polémica para ciertos sectores de la opinión pública. Así las cosas, para la Corte lo mejor es vistear en qué anda el Congreso.

Tablero parlamentario (part I)

También simple, y escueto, es el proyecto de ley que el año pasado estuvo a un tris de ser considerado por el Parlamento. Lo impulsa, entre otros, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). Mociona la reforma del Código Civil vigente, en un solo artículo. Donde instituye que es requisito esencial del matrimonio “el pleno consentimiento expresado libremente por hombre y mujer” se sustituiría “hombre y mujer” por “personas del mismo o de diferente sexo”. La economía retórica de la modificación no es producto del azar ni de la desidia. Quiere subrayar la igualdad entre todas las personas, en sus derechos civiles.

El Frente para la Victoria (FpV) acompañó la iniciativa a fin del año pasado hasta que desde la Casa Rosada se resolvió aletargarla. Fue en las inminencias del viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Santa Sede. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández, susurran legisladores frentistas y compañeros de ruta, sugirió que era inoportuno darle manija justo en las inminencias del encuentro entre Fernández de Kirchner y su par chilena, Michelle Bachelet, con el papa Benedicto XVI para conmemorar la mediación de Juan Pablo II que evitó la guerra entre los dos países. Cumplido el fasto y gambeteado el supuesto desplante al Papa, el bloque oficialista tiene la intención de sumarse a la movida. Su concurso es condición necesaria, aunque no suficiente. Ya se sabe: no tiene quórum propio pero es primera minoría, su número y su disciplina aseguran un núcleo importante de lealtades. No serán todos de la partida, porque se trata de una de las llamadas “cuestiones de conciencia” en las que se admite que los legisladores se aparten de la disciplina partidaria.

La estrategia del oficialismo es armar una agenda de normas de tinte progresista para remozar su imagen e ir tejiendo alianzas, así fuera contingentes, con partidos de centroizquierda. De paso cañazo, tratar de recuperar el favor de ciudadanos progres.

Néstor Kirchner ya se pronunció a favor del derecho al casamiento gay. Cuando Ibarra le dé entrada a su iniciativa en la Comisión de Legislación General, contará con el empuje del bloque del FpV. Agustín Rossi, su jefe, desea ir por más, según sinceró a sus compañeros de bancada. Sugiere legislar sobre otro tema tabú (hasta hace poco tiempo también distante del ideario de la conducción del kirchnerismo): extender los supuestos de despenalización del aborto.

El centroizquierda, incluido el estratégico bloque del socialismo, avalará la propuesta. Al radicalismo, los promotores de la idea lo proyectan dividido pero adicionando bastantes apoyos. Varios diputados de la Coalición Cívica alentaron la reforma u otras similares, queda por verse la postura que asume la líder, Elisa Carrió.

Desde luego, habrá resistencias firmes. Para la derecha, la igualdad de derechos civiles no es PRO.

La contra tiene abanderados cerriles. La diputada Cynthia Hotton (oriunda del PRO, ahora en monobloque, en tránsito acelerado hacia el cobismo) ya emitió señales el año pasado. Hotton, que es evangélica fervorosa, presentó en las comisiones del Parlamento un power point a su ver revelador de las diferencias insalvables que existen entre los heterosexuales y el resto de los seres humanos, que vedarían a éstos acceder al matrimonio. El PP no carecía de citas bíblicas, se chimenta.

Habrá compañeros peronistas y correligionarios boinas blancas que antepongan sus convicciones religiosas o sus criterios de conveniencia. El diputado Marcelo López Arias (salteño, justicialista en tránsito que pasó por el oficialismo y ahora regentea un monobloque) “cantó” las razones de un posible voto negativo ante sus colegas: “Yo tengo muchas más horas de procesión que de unidad básica”. No es el único. Hay quienes, sin mediar convicciones religiosas, se pliegan a la férrea objeción de la jerarquía de la Iglesia Católica. No los mueve la fe, sino la sumisión a un poder no democrático.

Las previsiones de los reformistas es que, en Diputados, “los números dan”. En Senadores, un cuerpo de talante más conservador, el conteo pinta más difícil. De cualquier modo, Miguel Pichetto, presidente del bloque oficialista, se ha comprometido a tratar de persuadir a sus compañeros. Un escollo de la cruzada reaccionaria que los enfrentará es la peronista Liliana Teresita Negre de Alonso. Sanluiseña ella, hará lo imposible por impedir que la ley se sancione. Negre de Alonso pertenece al Opus Dei y suele repartir cuadernillos que divulgan las enseñanzas del fundador de la Orden, José María Escrivá de Balaguer. Sus argumentos son intransigentes, quizá no sean los preponderantes entre quienes quieran cerrar el paso al avance legal.

Tablero parlamentario (part II)

Es bien factible que la mayoría de los cuestionamientos no se funde en una retórica rústicamente discriminatoria, clerical o sexista. Los opositores pueden buscar una línea que haga alguna reverencia a la corrección política, aunque cerrando el paso a un cambio profundo. La implantación de la “unión civil” para gays que quieran formar pareja es un posible atajo, menos agresivo en la forma, más receptivo en apariencia. Ibarra lo rechaza, tanto como las organizaciones que representan a la comunidad. “Se podría discutir un régimen nuevo, menos exigente en las obligaciones, con cierta protección a las parejas, con más facilidades para la separación. Eso podrá hacerse más adelante, para todas las personas, no creando un ghetto para minorías”, discurre Ibarra.

Aparte del demérito simbólico, la unión civil trae bajo el poncho la prohibición de adoptar (inimaginable en un matrimonio con todas las letras) para las parejas no heterosexuales.

De vuelta al Palacio

“Un cambio de paradigma merece un abordaje a fondo en la opinión pública, en los medios y en el Congreso”, predica Su Señoría. La inminencia del abordaje, deduce, justifica ralentar una virtual sentencia que sólo regiría para el caso sometido a juicio.

El criterio concuerda con la tesis no escrita que prima por estos días en la Corte: el Poder Judicial no debe ocupar el lugar que les compete a los otros estamentos del estado, que deben hacerse cargo de sus responsabilidades.

Claro que, a diferencia de lo que puede sobrevenir con el Fondo del Bicentenario, lo que se vote en el Congreso sólo tornaría abstracta la cuestión si aprobara el nuevo régimen. Si se rechazara o si no se llevara al recinto, los supremos deberán expedirse en las demandas por inconstitucionalidad. Si les hicieran lugar, así es nuestro sistema normativo, la ley seguiría rigiendo. Quienes quisieran cobijarse en la jurisprudencia deberían demandarlo, de a dos en fondo, caso por caso. Suena chocante al sentido común pero es la ley. No sería la primera vez: el régimen de riesgos de trabajo (declarado inconstitucional hace años) sigue rigiendo porque las empresas se oponen a convalidar una nueva legislación en línea con la interpretación constitucional de la Corte. Los poderes fácticos, tan celosos de la seguridad jurídica, se ne fregan en ella cuando les afecta el bolsillo o las creencias.

En fin, que todo depende de los representantes del pueblo y de las provincias. O de la Corte Suprema, si los legisladores se duermen o defeccionan.

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