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La paritaria nacional docente se implantó por vía de un decreto que reglamentó la ley de Financiamiento Educativo, aprobada por un amplísimo arco parlamentario, con mayoría aplastante. La ley no nació de gajo, pues fue consecuencia de años de lucha del sindicalismo docente, liderado por la Ctera. La Marcha Blanca y la Carpa Blanca fueron estadios de esa gesta gremial, que tuvo en sus momentos amplio apoyo mediático y político.

Antes, era enorme la dispersión de los salarios docentes, disparidad que perjudicaba especialmente a los de las provincias menos ricas. Forzados a pelear de a uno, contra antagonistas locales poderosos, los docentes tenían todas las de perder. La descentralización de funciones, incluyendo educación y salud, resuelta durante el gobierno de Carlos Menem, acentuó la debilidad. Para colmo de males, a principios de este siglo (hace menos de diez años), durante los mandatos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, la malaria agravó la tendencia. Sueldos ínfimos, a menudo pagados en cuasimonedas de curso provincial de valor usualmente menor que el nominal. Para que los maestros no se enviciaran, era normal que se los liquidaran con mora de meses.

La conciencia de los trabajadores, la aceptación social de su reclamo, un consenso infrecuente en nuestra cultura política conjugaron para que la reivindicación se hiciera ley. Una conquista construida en la sociedad civil, merced a luchas populares, transformada en norma con aprobación casi unánime. He ahí un simpático ejemplo de institucionalidad, que debería ser tratado con más cariño y con menos falacias que las que se propalaron en esta semana.

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El incentivo: El incentivo docente es otra decantación de esas bregas. Consiste en un plus salarial para cada cargo, abonado por el fisco nacional, la detestable “caja”. Suma fija que impacta más en los haberes más bajos. Según cifras del Ministerio de Educación, desde 2003 los fondos destinados al efecto se multiplicaron por seis: de 330 millones de pesos a 2180 millones. El incentivo forma parte del salario, su vigencia vencía este año, se prorrogó.

En pos de homogeneizar, parcialmente y a la suba, el salario docente, la paritaria nacional fija un piso inderogable, que las provincias pueden mejorar. No es una escala salarial, ni un porcentual obligatorio, es algo homologable al salario mínimo para el conjunto de los trabajadores. Desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner, el salario real de los docentes subió significativamente, según cálculos de la ONG Cipecc.

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Las provincias, adentro: Una paritaria docente es, en el hiperbólico tramado gremial, todo un desafío. Hay cinco confederaciones nacionales, 120 sindicatos dispersos en la geografía provincial. En la Ciudad Autónoma se sientan a la mesa de la convención colectiva 17 sindicatos.

El acuerdo cerrado en estos días, como marca la ley, se tramitó con participación de los gobiernos provinciales, representados por sus ministros o secretarios del ramo en el Consejo Federal de Educación. Ellos suscribieron la papelería de rigor. El resultado no debió ser una sorpresa, como denunciaron algunos gobernadores, si es que cuentan con celulares abiertos a las llamadas de sus colaboradores.

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Money, money, money: El aporte del estado nacional incluye auxilio a las provincias que atraviesan dificultades para llegar al “piso”, actualmente son once. Según Educación, eso suma 3000 millones de pesos para 2010 a los que deben agregárseles 9000 millones de pesos de transferencia para sueldos de docentes universitarios nacionales que la Nación paga en su totalidad.

Un total no baladí, aunque desde luego la carga mayor recae sobre las provincias. La paritaria de segundo grado es un engorro, porque muchos sindicatos pretenden que el aumento a categorías superiores emparde al del piso, que corresponde al primer escalón: el maestro sin antigüedad que cumple jornada simple. Los mandatarios provinciales (a voz en cuello) y funcionarios del gobierno nacional (sotto voce) rezongan contra esa práctica, seguramente imposible para sus finanzas.

Los sindicatos alegan, con parte de razón, que si no se procede así, se va achatando la pirámide salarial. Con la extensión, cuasi universalización de hecho, del beneficio jubilatorio ocurre algo similar.

Una cierta contención de los reclamos lubricaría el trámite. Para la dirigencia gremial no es sencilla, genera escozor entre los afiliados de sueldos medios.

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Federalismo, según pasan los años: El esquema dista de ser perfecto. Tensiona al federalismo: determina una base que las provincias no pueden soslayar. Y es intrincado al forzar un doble ejercicio de negociación, el general y los 24 provinciales. Es un sistema imperfecto, complicado, que mejoró mucho los sueldos, máxime los bajos y contrajo el abanico salarial.

El ejemplo contrafáctico en oferta es, hasta hoy, el pasado. Un federalismo vacío, con malas pagas y peor servicio que reproducía las desigualdades entre distritos. Esa era la realidad, por caso, cuando Carlos Reutemann era gobernador de Santa Fe, ahora (en los contados momentos en que elige no proferir guarradas) dice que lo añora.

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El Purgatorio y el piso: La paritaria nacional docente es un buen botón de muestra para parafrasear dos imágenes ilustrativas, concebidas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ex intendente de Morón Martín Sabbatella, ambos a la sazón diputados nacionales. Kirchner acuñó la imagen del tránsito del infierno al Purgatorio como misión de su mandato. El infierno era el escenario de 2001, consecuencia de las irracionales políticas noventistas y la inocuidad de los dos gobiernos radicales que lo precedieron. Con las reservas del caso, puede aceptarse que la Argentina accedió al Purgatorio, lo que significa una mejora general en un contexto insatisfactorio, de todos modos.

Sabbatella describió la saga del kirchnerismo proponiendo que elevó el piso en muchos aspectos pero que tiene un techo bajo, que (en su actual conformación y con los aliados que eligió) difícilmente pueda superar.

En materia social y laboral, el nuevo piso incluye avances tan significativos como provisorios e insuficientes. El infierno, la crisis, simplifica las demandas y las apetencias. El Purgatorio sofistica las pretensiones y exacerba los reclamos, consecuencia inevitable además de deseable. El desocupado ansía algún trabajo, cualquiera. El que accede a él y consigue cierta estabilidad eleva sus pretensiones salariales, cuestiona la calidad del transporte público, desea que sus haberes le ganen la carrera a la inflación, quiere salirse del último escaño de ingresos.

Una cuestión central, casi ajena al debate de campaña ya lanzado, es qué se pretende hacer con los pilares establecidos, que incluyen algunas reglas legales precisas (ausentes durante décadas): las convenciones colectivas funcionando con poder sindical, la cantidad de beneficiarios de alguna jubilación y la existencia de un coeficiente de ajuste semestral, fijado por ley. Esos parámetros pueden perfeccionarse, la impresión del cronista es que, en la oposición con más virtualidad electoral, no hay propuestas sobre cómo hacerlo. Su inquietud, allende la retórica, es que no tengan esa intención.

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Virtudes y restricciones: La asignación universal por hijo (AUH) es otro salto de calidad, acotado por imperfecciones y restricciones indebidas. El primer tramo de afiliación, donde primaron “cruces” con base de datos de beneficiarios, llegó a casi 3.500.000 menores. Los jefes de familia reciben la paga mensual con sensible prolijidad. En cifras redondas y tentativas, la mitad de los chicos no estaba cubierta por aporte social alguno. En visión impresionista de intendentes y dirigentes que caminan su territorio, muchos de esos pibes son argentinos de primera generación.

En el designio de evitar abusos, el decreto 1602/2009 dejó fuera del derecho ciudadano a chicos que deberían estar incluidos. La reglamentación posterior subsanó algunas deficiencias:

- Incorporó a los hijos de trabajadoras domésticas formalizadas.

- El porcentual supeditado a escolarización y atención médica de los menores se negaba a quienes asisten a escuelas privadas, un contrasentido si lo que se quiere estimular es la educación. Ahora se admitirá a quienes reciben la prestación en forma gratuita, un paliativo que debería universalizarse a todos los educandos en condiciones.

Los monotributistas quedan afuera, una demasía que castiga a laburantes que hacen un esfuerzo enorme para formalizarse aun cuando ganan apenas para sobrevivir. La corrección, nuevamente, es necesaria. El nuevo derecho debe funcionar como la asignación familiar de hijos de no formalizados, tout court. Está en cabeza de los menores, como atributo de ciudadanía, se debe minimizar la incidencia de las peripecias laborales de sus jefes de hogar.

Se está discutiendo en el primer nivel del Gobierno cesar la restricción a los trabajadores temporarios formalizados (ligados a la actividad agropecuaria extractiva o a la turística entre otras). Con haberes bajos, cobrados en temporada de verano, de vendimia o de zafra, cientos de miles de laburantes quedan sin el pan y sin la torta.

En general, dar de baja a los beneficiarios de planes sociales diversos (alimentarios, seguro de empleo y capacitación, programas de trabajo joven) es un criterio incorrecto. Tecnocrático, para el cronista. Un dirigente social con mucho millaje de conurbano recorrido fulmina: “En esas restricciones hay más bancomundialismo que peronismo”.

En la Casa Rosada se asegura que la AUH se incrementará pari passu con las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados. Es esencial que así ocurra, la letra del decreto y su reglamentación parecen contener la equiparación pero con una redacción poco precisa.

En la Anses, en Trabajo y en Desarrollo Social se supone que el universo de beneficiarios aumentará si se derogan esas trabas y que también pegará un salto cuando puedan presentarse jefes de hogar que, hasta ahora, carecían de documentación en regla. En tal caso, llegaría a cuatro millones y medio de menores incluidos. La cifra se duplica, grosso modo, si se suman los del sistema formal, los hijos menores de jubilados y los hijos de empleados públicos que perciben otras contribuciones.

En el corto plazo, el ejecutivo se propone implementar un documento nuevo, para cada menor titular de la AUH. Servirá para hacer un seguimiento de su escolarización y atención médica. Será un sistema más sofisticado que el aplicable a otros menores, lo que puede tener un tufillo de diferenciación poco deseable. La virtud, explican en réplica funcionarios concernidos, es generar bases de datos inexistentes hasta ahora acerca de un colectivo amplio, aunque incompleto.

De nuevo, un salto cualitativo en el piso, que clama por refinamiento y ampliaciones.

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Plata y discrecionalidad: Cien mil puestos de trabajo, un sueldo de más de 1400 pesos son aristas impactantes del plan Argentina Trabaja, que tantas reyertas viene originando. Los cuestionamientos trascienden largamente al enfrentamiento entre intendentes y movimientos sociales o entre piqueteros de distinto tono político. Las dificultades anidan en la matriz del proyecto, discrecional en las contrataciones. Un funcionario kirchnerista, avezado en el área social, sintetiza bien: “La asignación por hijo no es cabalmente universal pero aspira a serlo. Cualquiera puede solicitarla, llamando a un número de teléfono o yendo a una oficina de la Anses. En cambio, para las cooperativas no existe ese teléfono ni ese lugar. Hay que ir al pie del referente”. Luis D’Elía politizó el tema, en parte por haber sido desplazado pero su argumentación es, en general, irrefutable. Pasemos a resumirla. Una convocatoria que debía ser pluralizada se sesgó en razón de alineamientos políticos. Las cooperativas son un modo de asociación libre, cualquier conjunto de personas puede armar una viable, la secuencia “primero los intendentes, después los movimientos sociales” traiciona el espíritu de un programa de fomento del trabajo. La masa de recursos transferida a los intendentes genera contradicciones no previstas. Los sueldos suelen superar a la de los trabajadores municipales, algunos de cuyos sindicatos ya pusieron el grito en el cielo. Hay jefes territoriales que conchaban a los nuevos contratados para suplir tareas de planta, aliviando su presupuesto: no generan trabajo nuevo, desvirtúan el sistema.

Entre los aspectos encomiables, añade el cronista, debe apuntarse la capacitación de los contratados (que cobran en ese ínterin su mesada). Corre por cuenta de reparticiones oficiales.

Pero los atajos son demasiados, la digitación es la norma. Hay excepciones, que prueban lo que puede la voluntad política. En Morón, el municipio que gobierna Lucas Ghi (militante del partido de Sabbatella que completa el mandato de éste), se dieron maña para institucionalizar el plan. Por valerse de la metáfora sugerida líneas arriba, una repartición oficial y un teléfono en vez de la digitación. Los interesados deben inscribirse, sin excepción, en la oficina de empleo de la municipalidad. Los pedidos superan a la oferta, más vale, pero se les garantiza a todos la posibilidad de anotarse. La norma estipula criterios de prioridad: edad (con privilegio a jóvenes que van por el primer empleo y a mayores de 50 años), la vulnerabilidad familiar, la existencia de discapacitados a cargo, la cercanía del domicilio con el lugar del emprendimiento, el saber previo en la actividad elegida. Esos indicadores se tabulan, se cruzan y se asignan prioridades. Allegados a Sabbatella cuentan que esa articulación se conversó con los ministros Carlos Tomada y Alicia Kirchner, quienes la bancaron sin cortapisas. Pero que fueron muy resistidas por punteros políticos y de organizaciones sociales, interesados en el método que impera en casi todas las intendencias. El techo a veces se construye desde abajo, aunque vale subrayar que el “abajo” comprende a muchos compañeros de ruta elegidos por el kirchnerismo.

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El agua y el niño: Economistas insospechados de kirchnerismo avizoran un año de crecimiento, con inflación elevada. Cuatro por ciento de incremento del PBI coinciden Mario Blejer y un banco español de primera línea que reparte sus estimaciones entre embajadores extranjeros y dirigentes de la oposición. Miguel Bein supone un aumento mayor, aunque siempre alerta que “la política” puede meter la cola.

En ese contexto, las jubilaciones extendidas, su reajuste legal periódico, el Consejo del Salario, las convenciones colectivas, la asignación universal, la paritaria docente son instituciones nuevas o remozadas que cimentan el piso del Purgatorio. El piso es desparejo, porque lo completan acciones sugestivas pero mucho más discrecionales como las pensiones graciables (que crecieron exponencialmente) y el Argentina Trabaja. Hablamos, de todos modos, de avances interesantes y esfuerzos fiscales significativos. Todas esas movidas son perfectibles, el cronista piensa que sería un retroceso dejarlas de lado.

La oposición de centro y centroderecha va por una agenda institucional propia, que tiene sus picos y sus honduras. Reconstituir el Indec es un paso necesario, reparador. Las modificaciones al Consejo de la Magistratura tienen sabor a poco, a regreso a un pasado para nada memorable. La derogación de los “superpoderes” viene de cajón, la empuja la correlación de fuerzas. Ese haz de medidas no es un programa alternativo, menos aún un modelo de país.

La cultura política dominante es antagónica, para sus adversarios el kirchnerismo es mancha venenosa. En términos electorales, la opción es coyunturalmente exitosa, puede que siga así en 2011. En términos más sistémicos adolece de enormes faltas de precisiones. Por ejemplo, qué piensa hacer con el crecimiento del poder sindical, con los movimientos sociales, con las instancias de participación y negociación vigentes, con el nuevo plexo de derechos.

En situaciones tan antagónicas, asalta el temor de que un eventual ganador opositor tenga la tentación de tirar al chico con el agua. Tentación muy acicateada por las corporaciones que hasta ahora conducen a esa amalgama. Lo que está pendiente de dilucidación es cuáles protagonistas de primer nivel del Grupo no lo harían, cuáles lo harían por torpeza y cuáles para desembarazarse del niño.

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