El ex secretario de Transportes Ricardo Jaime admitió que realizó viajes a Brasil que fueron pagados por empresas, aunque alegó en su defensa que se trató de compañías internacionales que no tienen “ninguna vinculación” con la Argentina “ni recibieron subsidios del Estado nacional”. Así lo señaló en un escrito que le entregó al juez federal Claudio Bonadío, quien investiga si los taxis aéreos fueron costeados por empresas a las que Jaime debía controlar.

En la declaración indagatoria, el ex funcionario se negó a contestar preguntas. En cambio, agregó al expediente un extenso escrito en el que respondió los puntos de los que está acusado. De los once vuelos privados que están bajo la lupa, señaló que tres fueron en misiones oficiales para entrevistarse con autoridades de Río de Janeiro (entre ellos el gobernador y el secretario de Transporte), quienes luego vinieron a la Argentina en una visita de reciprocidad.

En cuanto a los viajes no laborales, dijo que realizó ocho a Florianópolis para visitar a su hermano y su hija, que viven allí, el hermano desde el año, ‘77, cuando tuvo que exiliarse. “Los viajes fueron cancelados por terceros que no tenían ninguna vinculación con el transporte argentino, ni con el país, ni recibieron subsidios”, definió ayer su abogado, Andrés Marutián.

La estrategia de defensa del ex funcionario consiste en rechazar que los vuelos hayan sido pagados por empresas del Grupo Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), empresa que recibe subsidios del Estado. Jaime no dice que él haya pagado los jets de su bolsillo, sino que alega que se trató de “invitaciones de terceros” y que estos terceros, en algunos casos particulares y en otros empresas, no buscaban ser beneficiados con sus gestiones como secretario de Transporte.

Marutián no quiso identificar a esas “terceras personas” a las que Jaime atribuyó el desembolso del dinero necesario para alquilar los aviones privados, porque dijo haber pedido al juzgado medidas de prueba al respecto.

La argumentación de Jaime está en sintonía con lo que declaró esta semana el empresario Sergio Cirigliano, quien tras admitir que empresas de su grupo pagaron algunos de los viajes, aclaró que los gastos le fueron reintegrados por terceros. Cirigliano también usó el argumento de los “vuelos de demostración”, servicios gratuitos ofrecidos por empresas de taxis aéreos que querían venderle un avión.

El caso se inició por una denuncia del entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, quien acusó a Jaime de haber hecho entre los años 2006 y 2008 una serie de viajes de placer, en algunos casos acompañado por su mujer u otros familiares. El costo de esos vuelos habría sido de al menos de 370 mil pesos, según la denuncia, que encuadró los hechos en el delito de “dádiva”. Esta figura prevé penas de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años al funcionario público que “admitiere dádivas que fueran entregadas en consideración a su oficio”.

La indagatoria de Jaime fue la última de una serie de doce citaciones a funcionarios y dueños de empresas de transportes. Entre los que debieron declarar estuvieron el actual secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli. Jaime es investigado en otra causa, que quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide, por presunto enriquecimiento ilícito.