La escena podía haber quedado en el olvido, efímera como los cientos de protestas de ahorristas que se volvieron parte del paisaje del microcentro. Pero sorpresivamente, gracias a la gestión de ocho dirigentes de casi todas las corrientes internas del justicialismo que controlan el partido, la imagen adquirió un tono casi metafórico: un grupo de delegados del peronismo decidía impulsar la ley de lemas en la elección presidencial, y así involucraba a toda la sociedad en la interna partidaria a pesar de poner en riesgo la representatividad democrática y la opinión de las mayorías. Mientras tanto, en la puerta del sindicato de empleados rurales, en Reconquista al 600, donde estaban reunidos los miembros de la mesa del congreso del PJ, un grupo de manifestantes les gritaba “ladrones” y escribía con aerosol sobre la vereda la palabra “cleptocracia”. La ley de lemas, sin embargo, difícilmente podrá sortear el debate en el Congreso –se necesitan 129 votos positivos en Diputados y 37 en el Senado– la discusión que acarreará en los Tribunales.
La reunión en la sede de Uatre, el gremio de los peones rurales, estaba prevista para el mediodía. Allí se debía decidir si se convocaba a un nuevo congreso del PJ, el máximo órgano del partido, para suspender las internas del 23 de febrero o decidir la aplicación de la “opción Romero”, una ley de lemas aggiornada en la que no se sumarían los votos de cada candidato justicialista. La otra alternativa era una ley de lemas tradicional, una opción que había sido estratégicamente rechazada por Eduardo Duhalde pero que había empezado a ganar consenso desde el lunes, luego de que el diputado Miguel Saredi la presentara en el Congreso.
El encuentro comenzó pasado el mediodía, una vez que llegaron los ocho dirigentes de la mesa del congreso del PJ. El titular del organismo y de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, recibió a Alberto Hammerly -delegado de Carlos Reutemann–, el senador entrerriano Jorge Busti, su par misionero Ramón Puerta, el caudillo santiagueño Carlos Juárez, el mendocino Guillermo Amstutz, el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, quien asistió como negociador de su compañero de fórmula, Carlos Menem.
Antes de entrar a las oficinas de Reconquista al 600, Camaño anticipó a los periodistas que “hay tres cosas dando vuelta: si las internas se hacen el 23 de febrero, si hay ley de lemas o si nos inclinamos por la ley Romero”. Fueron palabras de ocasión, porque a esa hora, aún antes de comenzara la discusión, el debate ya estaba decidido: la noche anterior, en la Casa Rosada, el duhaldismo y el menemismo habían acordado en instruir a los legisladores del PJ para que impulsen la ley de lemas tradicional, o sistema electoral de doble vuelta simultánea, cuando se reinicien las sesiones en el Congreso, el 22 y 23 de enero próximos. De esa forma, se aplicaría este método como “caso excepcional” en la elección presidencial del 27 de abril.
Desde el lunes, el que más insistió con la ley de lemas fue Camaño. Ese día, el último de 2002, uno de sus incondicionales, el diputado Miguel Saredi, presentó en la mesa de entradas del Congreso un proyecto que busca aprobar ese sistema de votación. El asunto fue analizado el jueves a la mañana en Olivos, en un encuentro previo a la reunión de Gabinete, donde estuvieron Camaño, Jorge Matzkin, José Pampuro y Juan Carlos “Chueco” Mazzón. A la noche, ya en la Rosada, los mismos interlocutores volvieron a tratar el tema, esta vez con la presencia de un delegado de José Manuel de la Sota, Jorge Montoya, ministro de Gobierno cordobés y futuro reemplazante de Juan Carlos Maqueda en el Senado.
En esa conversación se discutió la posibilidad de recurrir a una ley de lemas tradicional, similar a la que se aplica en varias provincias argentinas, para evitar una fractura en el PJ. De todos los candidatos del PJ, el único que insinuó un rechazo fue Adolfo Rodríguez Saá,mientras que Néstor Kirchner se comunicó por teléfono desde Santa Cruz y pidió tiempo para estudiar la alternativa. El menemismo, a través de Romero, aceptó la proposición con la condición de que se explicitara que, si la propuesta no era aceptada en el Congreso, se mantendría el cronograma electoral del PJ: o sea, las internas del 23 de febrero.
El jueves a la noche ya se había logrado el consenso. Así, el duhaldismo evitó el riesgo de convocar a un nuevo congreso del PJ, donde no tenía asegurada la presencia de aliados como De la Sota y Reutemann. Las gestiones se vislumbraron ayer al mediodía, cuando Camaño reunió a los demás miembros de la mesa y enseguida firmaron un acta donde se resuelve “instruir a los legisladores nacionales del Partido Justicialista para que los días 22 y 23 de enero del corriente propicien con su voto una ley de lemas a los efectos de elegir la fórmula de presidente y vice”.
La decisión pareció conformar a todos. El menemismo estaba satisfecho, y recalcaba con énfasis que “el comunicado de la mesa (del Congreso) ratifica el cronograma electoral interno”. Mientras que Puerta y Busti elogiaban la resolución. “Ante el peronismo de hoy, la realidad del país y la última experiencia en la interna del radicalismo, y por la falta de padrones partidarios claros, es el sistema con el que se correría menores riesgos”, argumentó Busti cuando pudo sortear el escrache de los ahorristas. El propio Duhalde salió a distanciarse de la opción Romero, que había elogiado en los últimos días. “Ya no me parece tan bien”, dijo.
Para lograr ese acuerdo, los caciques del PJ no tuvieron ningún prurito en apelar a una alternativa polémica, la ley de lemas, un método electoral que según los constitucionalistas desvirtúa el voto directo de las mayorías (ver aparte) y que en muchos países está siendo eliminado. En Uruguay, por ejemplo, un país donde históricamente se aplicó la ley de lemas –y cuya implementación impidió la llegada del Frente Amplio al poder–, se la suprimió a través de una reforma constitucional en octubre de 1996. En la Argentina, en cambio, revoloteó como recurso cada vez que los dirigentes precisaron de una ingeniería electoral a medida.
Irónicamente, el propio Duhalde se expresó, hace menos de cinco meses, en contra de la ley de lemas. “Es imposible. Además de anticonstitucional es antidemocrática”, dijo el 20 de octubre, luego de que circularan rumores de que impulsaría ese sistema en el Parlamento. Sin embargo, las del Presidente no parecen ser convicciones fuertes: en marzo de 1993, cuando su ahora enemigo Menem buscaba infructuosamente la reelección, Duhalde propuso como solución una ley de lemas. En esa ocasión, la propuesta del entonces gobernador irritó mucho al menemismo. Ayer, en cambio, la misma iniciativa fue bendecida por las huestes del riojano. “En mi provincia tenemos ley de lemas, yo no la rechazo, siempre que sea la ley de lemas tradicional”, afirmó a Página/12 el senador Eduardo Menem.
La aprobación menemista tenía su explicación. La propuesta, elaborada a partir de un borrador presentado por Juárez, dispone que cada partido (o lema) podrá presentar varios candidatos (sublemas) en la elección general, y que los votos que obtenga cada sublema se le sumarán a la fórmula que haya obtenido el mayor porcentaje. Así, el partido (o lema) que obtenga el 45 por ciento de los votos, o más del 40 con 10 puntos de diferencia, será proclamado ganador sin necesidad de ballottage. Este recurso, similar a la que se aplicó en Santa Fe en 1991 y que permitió el triunfo de Reutemann sobre el radical Horacio Usandizaga, es bastante favorable para Menem: le permitiría sumar votos de otros candidatos del PJ cuyos votantes no lo votarían bajo ninguna circunstancia. Y lo ayudaría a evitar la segunda vuelta, donde la polarización podría causar una derrota.
Si a Menem le permite soñar un triunfo en primera vuelta, para Duhalde es una forma de ganar tiempo. Porque el Presidente sabe que la ley de lemas producirá una agria discusión en la Justicia, y si hubiera un fallo judicial en contrario todo el cronograma podría quedar colgando de unhilo. O directamente en el pasado. “Tenemos un gran temor con esta iniciativa. El riesgo de postergación de la elección de abril sería enorme”, advertía ayer Enrique Rodríguez, allegado de Rodríguez Saá, en diálogo con Página/12. Pero además de ganar tiempo, el duhaldismo quiere impedir el retorno de Menem, y por eso tratará de que la ley de lemas se acerque a la propuesta de Gerardo Conte Grand, donde sólo se evitaría un ballottage si una fórmula (sublema) lograra el 45 por ciento.