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Una vez más los ciudadanos/as nos vemos envueltos en una situación de desconcierto. Por una lado tenemos la Policía Metropolitana que tuvo la oportunidad de ser creada bajo nuevos paradigmas, pero que fue puesta bajo una conducción viciada que la llevó a repetir las prácticas de las viejas estructuras policiales y, por otro lado, bandas criminales que en connivencia con estas mismas fuerzas, que se autogobiernan desde hace años, acechan a pudientes o humildes por igual. El trillado pero no por eso menos acuciante tema de la inseguridad es puesto sobre la mesa en estos días, y es uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

Cómo puede un ciudadano sentirse seguro y confiar en las instituciones democráticas si el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, está preso. Como si eso fuera poco, a los pocos días sale a luz la vinculación de Mauricio Macri con el espía Ciro James y sus escuchas ilegales a políticos, familiares y ciudadanos en general, en provecho propio. El panorama se oscurece cuando nos enteramos de que la flamante Policía Metropolitana cuenta con ex miembros de la Policía Federal que fueron exonerados de esa fuerza por haber participado en la represión durante la última dictadura militar, y otros por dedicarse a encubrir prostíbulos en plena democracia. Lo que resulta más grave es que se pretenda dar una solución reduccionista a los problemas de inseguridad sólo a través del fortalecimiento de esta “nueva” fuerza.

La seguridad es un derecho social fundamental que engloba una multiplicidad de otros derechos que hacen a tener una vida digna por el solo hecho de ser personas y sujetos de derecho, y así debe considerarse a todos en pos de construir una sociedad con una seguridad ciudadana que se oriente a garantizar la convivencia pacífica, pluralista, y por lo tanto democrática. Por eso, la prestación del servicio público de la seguridad debe estar a cargo de organismos democráticos en su configuración y accionar.

Para pensar esa seguridad que necesitamos debemos constituir una policía civil protectora de los ciudadanos/as, altamente capacitada principalmente en tareas de prevención y desactivación de organizaciones delictivas complejas. Esto no va a suceder si dicha institución no sufre un proceso de democratización profunda y deslinde total con esas mismas organizaciones criminales. Por otro lado, la Justicia no sólo debe ser un poder fuerte e incorruptible, sino también eficaz para que los ciudadanos/as recuperen la confianza en las instituciones de derecho, respetando las garantías procesales. Por último, también necesitamos un sistema penitenciario con procedimientos precisos y personal capacitado para lograr la reinserción social de los detenidos.

La seguridad que necesitamos es la construcción de un ambiente propicio para garantizarnos una convivencia pacífica, por eso es importante no perder el norte en esta situación de congoja y tener la claridad acerca de que lo más importante son las políticas públicas de seguridad con carácter preventivo y no reactivo (ante el hecho consumado).

Las autoridades legítimamente elegidas debemos tomar el tema, construir consensos a mediano y largo plazo, y poner en marcha las herramientas que hemos constituido para el control civil de todas las fuerzas de seguridad. Un dato de la realidad es que el Congreso de la Nación, teniendo desde 1992 una Ley de Seguridad Interior que habilita la constitución de una comisión bicameral de seguimiento y control, jamás la ha constituido. Esto demuestra que desde estos órganos de gobierno no sólo no se han dado respuestas efectivas, sino que manifiestan una permisividad institucional al uso abusivo de la fuerza por estas corporaciones policiales y a su autocontrol, junto con el desinterés de los poderes del Estado por reformar las fuerzas de seguridad bajo nuevos paradigmas de la democracia.

En relación con esto es alarmante que la gestión macrista haya convertido en reservada la información que produzca el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de acuerdo con la reglamentación anunciada la semana pasada, cuando dicho Comité se creó justamente para evaluar y mostrar ante la sociedad el avance en las políticas de seguridad.

La seguridad resulta un problema complejo y que necesita soluciones integrales: inserción social, una fuerza de seguridad y una Justicia eficientes, participación ciudadana y decisión política de los gobernantes para generar políticas públicas adecuadas. Desde el espacio del Acuerdo por la Seguridad Democrática estamos debatiendo iniciativas en ese sentido, y desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en particular, estamos comprometidos con este tema, tendiendo puentes de trabajo con distintos actores de la sociedad civil, otras instituciones e incluso otras comisiones del Congreso. Este es un llamado a la sociedad para que en su conjunto participe, ocupe los lugares de debate y no pierda las expectativas de que una seguridad democrática para una convivencia pacífica y plural es posible.

* Diputada Movimiento Libres del Sur, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.