Al cumplirse ayer el último plazo de la prórroga de las facultades delegadas, el Grupo A presentó dos proyectos de resolución para declarar “la caducidad de la totalidad de la delegación legislativa” y reasumir “en plenitud” las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo. Las iniciativas, redactadas por la peronista disidente Graciela Camaño y consensuadas con el resto del núcleo duro opositor, establecen además la creación de una comisión bicameral para analizar la adecuación de las leyes al nuevo escenario. La oposición buscó así dar un mensaje político al kirchnerismo, aunque cualquier modificación de las medidas adoptadas hasta ahora por el Poder Ejecutivo deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Los dos proyectos de resolución presentados ayer fueron consensuados el lunes en una reunión entre los caciques del Grupo A, Ricardo Gil Lavedra (UCR), Camaño (bloque peronista), Paula Bertol (PRO), Gustavo Ferrari (PJ Federal), Gerardo Milman (GEN) y Mónica Fein (Socialismo). En su articulado, la primera resolución admite que no es necesaria la declaración de caducidad por parte del Parlamento, pero que de todas formas los opositores la explicitan para “despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto”.

El segundo proyecto de resolución propone aprobar el informe Final de la Comisión Bicameral Especial creada para analizar las facultades delegadas desde 1853 hasta 1994, que establece que de las casi dos mil delegaciones quedan en vigencia aproximadamente unas 300. Entre las más importantes se encuentra el Código Aduanero, que incluye las polémicas retenciones al sector agropecuario, la ley de abastecimiento, la de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica. Precisamente para analizar la situación de estas delegaciones que todavía están vigentes, el proyecto propone crear una comisión bicameral de siete diputados y siete senadores que tendrá vida hasta diciembre de este año.

“La comisión elaborará un plan de tratamiento de esas disposiciones que tenga en cuenta la materia sobre la que tratan y su importancia en función de las necesidades de gobierno”, asegura el proyecto. Desde el kirchnerismo, el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi, reconoció que el fin de las facultades delegadas generará alguna complicación para la administración pública, aunque le restó dramatismo al tema.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, fue terminante respecto de la vigencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo a pesar de la caída de las facultades delegadas. El ex gobernador jujeño aseguró que “lo que caduca es la facultad del Poder Ejecutivo de fijar nuevas retenciones agropecuarias, entre otros asuntos. Si desde el Congreso se quieren modificar esos gravámenes, deberá sancionarse una ley con la fuerza suficiente como para que resulte promulgada”.

La expectativa se había centrado en las retenciones al sector agropecuario, que desde algunos partidos de la oposición consideraron que terminarían en cero al caerse las delegaciones. Sin embargo, el radicalismo, la semana pasada, se manifestó en el mismo sentido que el oficialismo, dando por tierra las aspiraciones del titular de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, y el análisis del abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

De todas maneras, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que recurrirá a la Corte Suprema para que a través de una acción declarativa de certeza dirima las diferencias de interpretación. “Nos adelantamos y vamos a la Corte para que en dos o tres meses defina la cuestión”, aseguró la chaqueña, partidaria de que pierdan vigencia todas las normas determinadas por el Ejecutivo.