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El mundo político ya está ante o directamente inmerso en la ruta electoral. Persiste un clima de confrontación, pero, tan de a poco como en forma sostenida, queda claro el ingreso a una etapa en la que, por acción u omisión, lo propositivo reemplaza la pelea en el discernimiento popular. Y quien triunfe en esa tenida –mucho más si se tiene en cuenta que se vienen elecciones presidenciales– habrá ganado la parte sustancial. Suena obvio. Sin embargo, no lo es tanto cuando se toma nota de que, sobre todo para el país periodístico-dominante, la cosa sigue pasando por insistir sólo con la guerra de intereses. Podría decirse que el Gobierno juega a lo mismo, está bien, pero veamos algunas diferencias.

Un caso emblemático es el fallo de la Corte Suprema acerca del artículo de la ley de servicios audiovisuales que fija en un año el plazo para que los emporios se desprendan de sus medios sobrantes. El tribunal máximo determinó que el recurso de amparo presentado por Clarín es aceptable, con la condición de que se estipule un cumplimiento concreto: ponerle números a ese plazo. El dictamen admitió dos interpretaciones públicas. El oficialismo leyó como clave que la Corte ratifica la vigencia de la ley. Y la oposición, con sus jefes mediáticos a la cabeza, divulgó que la Corte derrotó al Gobierno porque, en los hechos, esto significa que el período para sacarse de encima las emisoras excedentes se prolonga (es decir: se alarga, quizá, tanto como para arribar a una derrota oficialista en los comicios del año que viene, confiando entonces en que la ley se sitúe entre una nube de gases y su derogación). Entrar en esas disquisiciones es un ejercicio políticamente inútil. Como mucho, vale la pregunta de con qué cara puede insistirse en la cita de una Justicia presionada, y en la ausencia de “calidad institucional”, siendo que –a estar por el entendimiento de la propia oposición– la Corte Suprema modificada por este Gobierno falló con criterio unánime en contra de este Gobierno. ¿En qué quedamos, muchachos? Pero lo eficaz no pasa por ahí, sino por la disposición que de aquí en más se demuestre para ver quién calza mejor en la operatividad política. ¿Clarín y sucedáneos, en la apuesta de ganar tiempo y estimular el festival de recursos de amparo al que son sensibles tantos jueces? ¿O el kirchnerismo, a través de una ofensiva práctica que deje atrás la batalla jurídica en pos de empezar ya mismo el otorgamiento de nuevas licencias de radio y televisión, de banda ancha en todo el país, de conversores para toda la población, de plantas de transmisión de TV digital por doquier, de abrir el espectro de producción de contenidos? Si el Gobierno se enreda en la mera denuncia de que el Poder Judicial no es más que una justicia de clase, antipopular, independiente sólo al efecto de satisfacer los negocios corporativos, perderá la batalla. La derecha, en ese choque dialéctico, es muchísimo más viva porque, entre otros factores, tiene precisamente los medios de comunicación para imponerlo. Pero pierde convicción cuando se la golpea con medidas conducentes. En otras palabras, si la belicosidad discursiva no se asienta en efectividades, ganará la reacción. Hay mucho ejemplo de que eso es así. La 125, sin ir más lejos. ¿Cómo fue que cualquier pelotudo terminó defendiendo los intereses de los pooles de siembra? ¿Por qué ocurrió que meterle la mano en el bolsillo a una sección de quienes más tienen acabó en que se opusieron los que tienen menos? Porque el oficialismo no supo explicarlo, es cierto; pero además, o primero, porque confió en que bastaba con lo logrado en la mejora de la economía. Se durmió. En cambio, la Asignación Universal por Hijo, al margen de sus deficiencias, reconcilió a vastos sectores populares con la retórica redistributiva oficial, en vez de arrojar a tanto conurbano bonaerense en brazos electorales de De Narváez. Lo mismo con la reestatización del sistema jubilatorio, que sacó a la clase media de la estafa de las AFJP. Frente a eso, la oposición no tiene discurso porque, muy sencillo, no tiene alternativa convincente.

Los últimos días mostraron además un rebrote de la realidad o sensación manifestadas en torno de lo que se llama inseguridad. Lejísimo de lo que fue la primera convocatoria de Juan Carlos Blumberg, altri tempi, algunos episodios espantosos, exasperados por los medios, volcaron una significativa cantidad de gente a Plaza de Mayo en renovado reclamo ¿de qué? De justicia, de protección, de ya basta. Volvió a ser conmovedor y doloroso registrar ese llamamiento desesperado, que requiere de una comprensión profunda y que, aun así, nunca llegará a lo que ocurre en las entrañas de las víctimas. Pero cuando eso se traduce a la imprescindible lectura política, ¿en qué consiste la exigencia? Las leyes ya fueron endurecidas una y otra vez. Las cárceles y las comisarías están atestadas. ¿Qué más? ¿Más presidios en lugar de obra pública, como propone El Padrino? ¿No se entiende que los dramas delictuales de las grandes urbes son universales, civilizatorios, propios de un capitalismo expulsivo cuya única posibilidad superadora pasa por acentuar inclusión en lugar de más violencia de Estado? Empero, como es casi inevitable que esa sentencia resuene abstracta, es mejor detenerse en deducciones concretas. ¿Por qué, por ejemplo, después del caso Píparo, se acabaron las salideras bancarias, de la noche a la mañana? ¿Será que el bardo producido puso en alerta a la policía que articula con los delincuentes, y a los bancos que miraban para el costado, más allá de que el problema de fondo es la subsistencia de un sistema de exclusión, de chiquitaje dinerario, en el que el manejo de efectivo cotidiano es la efectividad de sobrevivir? El círculo vuelve sobre sí mismo y, de nuevo, se trata de temas estructurales, sistémicos. Pero, como se ve, hay la chance de decisiones políticas que se adelanten a los acontecimientos, en lugar de proceder recién cuando suceden. Las autoridades deberían preocuparse por ello, especialmente en lo relativo al control sobre la policía. Y la oposición debiera mostrar que tiene un mundo mejor: ¿cuál es? Por lo pronto, la movilización de franjas populares y medias sigue revelándose como el camino más expeditivo para hallar resultados. El Gobierno presenta un modelo que a veces da respuestas y a veces no. Pero los medios y sus dirigentes opositores no las dan nunca. Es un punto en el que puede volverse al enfrentamiento entre el oficialismo y “el campo”, como prototipo de la distancia entre lo que se exige y quiénes tienen mayor o menor capacidad de aplicarlo. La derrota frente a los campestres parecía que se llevaba puesto al Gobierno, hace poco más de dos años. Y ocurrió que, entre el reenvión de iniciativas oficiales y la insolvencia opositora para amalgamar fuerza política, hoy las cosas están al revés.

También sucedió en estos días la reaparición del FMI y su amenaza de sanciones a la Argentina, si no se deja monitorear, junto con presuntos aprietes de la canciller alemana en ese sentido. Casi un festín para ciertos colmillos, mientras aquí se anunciaba otro crecimiento de la actividad industrial con automotrices que ya pasan a operar en tres turnos. ¿Cuál es el país real? Puede ser que todos, con la diferencia señalada hace pocas líneas. Unos hacen; bien, mal, regular. Los otros impiden y comentan.