La marcha en reclamo por el caso Molina acusaba a la Justicia, pero era la Bonaerense la responsable.

Dos casos literalmente policiales en jurisdicción marplatense parecen confirmar, en una suerte de radiografía del crimen, que en buena parte si no en la mayoría de los casos, la intervención de los uniformados (en este caso los bonaerenses) es crucial o ayuda. Para que se cometa el delito. El primero tiene que ver con el caso del kiosquero Dardo Molina, baleado en la cabeza cuando quiso evitar ser asaltado. El mismo día, unas horas antes, el asaltante que disparó fue retenido en una esquina por dos uniformados que le detectaron el arma y previo pago de una módica suma de 300 pesos lo dejaron seguir con sus actividades cotidianas y con su arma. El otro caso, también tiene que ver con la participación policial: un oficial de la 9ª cumplía al pie de la letra su tarea preventiva, pero al revés: hacía de campana a una banda que asaltaba viviendas. En este caso, la Justicia consideró acreditada la comunicación entre la banda y el uniformado e hizo lugar a su detención preventiva. El caso del kiosquero derivó en varias marchas de reclamo frente a las casas del fiscal y el juez del caso, curiosamente con fuerte anuencia de la Bonaerense.

El 22 de septiembre pasado, alrededor de las 20, el kiosquero Dardo Molina fue asaltado en su local de Luro y 190, en Mar del Plata. Molina atendía a unos clientes cuando se produjo el asalto. El kiosquero, que ya había repelido otro asalto a los tiros, intentó repetir su defensa pero el asaltante disparó cuatro veces. Una de las balas impactó en la cabeza de Molina, hiriéndolo gravemente. El asalto y el estado delicadísimo de Molina provocaron varias marchas de reclamo de los familiares y amigos, con el apoyo de una ONG, Familiares de Víctimas del Delito, que contó con fuerte apoyo policial. Según confiaron vecinos, una de las marchas, realizadas en la casa del juez Saúl Errandonea, contó con custodia policial, mientras que en la casa del magistrado estaba completamente ausente, y la marcha era promovida por un ex jefe departamental devenido en periodista radial.

Tanta protección policial encubría, al mismo tiempo, lo que el fiscal Moyano logró determinar ahora: entre las 13.30 y 14 del mismo día del asalto, el joven acusado de disparar contra Molina había sido retenido por un subteniente y un oficial de la comisaría 6ª. Los dos uniformados apartaron al joven, luego tomaron el arma, se alejaron unos diez metros según aseguraron los testigos, volvieron con el arma, conversaron con el joven unos segundos, éste pagó unos 300 pesos, y le devolvieron el arma, una Bersa, la misma con la que se cree que disparó seis horas más tarde contra Molina. La ubicación del patrullero en la esquina quedó confirmada por el sistema rastreador. Y la del pago del peaje, por testigos.

El olfato policial, a veces, tiene esas desprolijidades.

Pero la radiografía del crimen marplatense no termina ahí. El jefe del servicio de calle de la 9ª, Guillermo Scuffi, fue detenido por su tarea preventiva, en este caso sospechado de que la hacía para el lado de los malos. El juez de Garantías 5 Gabriel Bombini consideró demostrada la participación de Scuffi en la banda que asolaba la zona de su cuadrícula. La Justicia seguía el rastro de los celulares de la banda, que operaba vía Nextel. El 2 de septiembre asaltaron la casa de un concesionario de camiones que a su vez tenía como cliente a un repartidor de La Serenísima, que formaba parte de la banda y que viene a demostrar que una buena cuota de la reclamada inseguridad tiene que ver con inseguridad interior, es decir, entrega de amigos, clientes, homicidios intrafamiliares y cobertura policial. La banda asaltó la casa del concesionario de camiones, y quedó registrada la conversación con el uniformado en el momento en que se disponían a salir. “¿Todo tranquilo?”, preguntaron desde la casa. “Sí, boludo, si yo no llamo, quedate tranquilo que está todo bien”, respondió el uniformado. “¿Salimos?”. “Salgan tranquilos”.

Pero llegó la policía (no Scuffi, que supuestamente ya estaba), detuvo a dos de los tres asaltantes y luego al entregador. Al día siguiente, el 3 de septiembre, la 9ª se quedaba sin jefe de calle. A la luz de las revelaciones, todo indica que los reclamos, atendibles, estaban mal direccionados.