Con el dictamen ya firmado por la oposición, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, se presentó ayer en el Senado para manifestar su rechazo al proyecto de ley para modificar algunos aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Defendemos la actual integración”, enfatizó el ministro Alak en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

El funcionario había sido invitado a la reunión de ambas comisiones para expresar la visión del Ejecutivo respecto de la iniciativa opositora, que el martes de la semana pasada ya había empezado a firmar, todavía sin escuchar la opinión del ministro.

El proyecto que avala la oposición –y que ya fue aprobado por Diputados– propone aumentar de 13 a 18 los integrantes del Consejo, restituir la presidencia del cuerpo al titular de la Corte Suprema de Justicia, otorgarle una conformación con menos representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y reducir de 5 a 3 los miembros que responden al oficialismo.

Alak consideró que si el Senado convierte en ley la iniciativa, “significaría un grave retroceso democrático”. “Demasiado poder tienen las corporaciones en la Argentina como para que les sigamos dando más poder”, expresó el ministro de Justicia respecto de la representación que tendrá la corporación judicial con la nueva reforma. En la visión del ministro, la ley vigente es la “mejor expresión” que puede tener en términos legislativos lo establecido en la Constitución nacional.

La firma del dictamen previa a la exposición del ministro despertó un duro cruce entre el senador kirchnerista Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el radical Ernesto Sanz. Finalmente, el senador santacruceño se vio obligado a retirar sus amenazas de iniciar acciones penales ante el argumento de Sanz, quien recordó que el oficialismo en reiteradas oportunidades ha firmado dictámenes cuando todavía no estaba concluida la lista de expositores.

De todas maneras, en el oficialismo se mostraban optimistas, ya que la Constitución establece que para convertir la modificación en ley se necesitan 37 votos, o sea la mitad más uno de los miembros de la Cámara. El mismo requisito existe para la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, por lo que el kirchnerismo descontaba que ambos temas no serían aprobados, al menos por este año.