Durante la década de los ’90, una de las acciones que contra la clase trabajadora llevaron adelante Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue la de responsabilizar a los trabajadores de las dificultades económicas y especialmente a los trabajadores extranjeros por el desempleo. Algunos sindicatos se subieron a esa campaña, en la que los empresarios sólo eran responsables de dar trabajo a bolivianos, paraguayos y peruanos. En la misma época, dirigentes como Carlos Ruckauf mencionaban la incidencia de los extranjeros en la tasa de delitos. Por cierto, ni lo uno ni lo otro se ajustaba a la realidad ni a ninguna estadística, y lo único que se perseguía era la instalación de un discurso discriminador, justificante del statu quo, que tuvo su correlato no sólo en algunos gremios sino fundamentalmente en medios de comunicación, algunos de ellos que insisten en estos días con la cantilena de que los extranjeros llenan las villas, son delincuentes y, si no lo son, quitan trabajo a los argentinos. El accionar policial tiene mucha relación con la construcción de ese discurso, dado que se halla motivado en la portación de rostro. Lisa y llanamente, un discurso antiinmigrante que envidiarían gobernantes como Sarkozy o Berlusconi, o barrabravas autores de cánticos xenófobos. Un discurso que deja absolutamente al margen los motivos por los cuales trabajadores de otras nacionalidades se han visto obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades. Un discurso que se olvida de cuántas veces los argentinos hemos necesitado la ayuda de otros países, de la solidaridad con los débiles y de Convenciones Internacionales como la de Refugiados. Un discurso que tampoco recuerda cuánto los inmigrantes han contribuido a forjar este país y cuántos malos tratos han recibido por el solo hecho de ser trabajadores extranjeros. Claro está que han sido muchos los empresarios que se vieron cómodos durante los ’90 con esos discursos. Mauricio Macri fue uno de ellos. Fue en esa época que llegó a la presidencia de Boca Juniors y a partir de allí tuvo su salto a la política y a la Ciudad de Buenos Aires. Ya en calidad de jefe comunal, han sido varias las acciones emprendidas contra los excluidos, entre las que resaltan los violentos desalojos, los malos tratos a las familias en situación de calle, los ataques a cartoneros y la alusión a que tomar bolsas de residuos constituía delito. En esa misma línea, se conoció días atrás, por medio del ministro de Salud, Jorge Lemus, que el gobierno de Macri destinaría unos 100 millones de pesos menos al Hospital Garrahan porque sólo el 15 por ciento de las consultas habría provenido de habitantes de la Ciudad. Aunque aclaró que ese dinero se reasignaría a hospitales que sí son utilizados por porteños. Estos muchachos van por calzada resbaladiza. Por un lado, hay que decir que a veces la gente dice vivir lejos para no tener que hacer interminables colas en el hospital. Por otro, que la atención de la salud no puede estar subordinada a la procedencia de los afectados. Y, fundamentalmente, que con este método discursivo no sólo hacen tabla rasa con cuestiones inherentes a la vigencia de los derechos humanos sino también con la calidad democrática que nos merecemos. El huevo de la serpiente en una de sus caras más crudas: el desinterés por cualquier gesto solidario, el menosprecio a todo aquel que sea distinto, incluso cuando la diferencia sea una avenida de por medio. “Va a estar linda Buenos Aires”, diría Micky Vainilla, con su bigotito adolfesco y su brazo derecho extendido hacia los carteles negros y amarillos.

* Abogado, Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.