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Hoy es el día fijado para la declaración indagatoria del ex funcionario Ricardo Jaime en la causa en la que es investigado por dádivas y enriquecimiento ilícito. Su defensa intentará desvincularlo de las pruebas encontradas en más de 20 mil correos electrónicos de la computadora de un ex asesor.

“Hoy son todos mails de terceras personas. No hay ningún mail dirigido por Jaime o que le hayan remitido a Jaime”, sostuvo Andrés Marutián, defensor del ex secretario de Estado, al adelantar los pasos a dar frente a las pruebas que lo comprometerían. Pero, además, la estrategia apuntará a insistir con reclamar la nulidad del material informático, luego de que los propios peritos oficiales habrían admitido que se pudo haber violado la cadena de custodia desde el secuestro hasta el momento en que llegaron a manos de los expertos de la UBA que analizaron las computadoras.

“Desde que se secuestraron las máquinas hasta que les llegaron a ellos, fueron intrusadas 50 veces. Así que entendemos que todo el contenido de las computadoras está impugnado”, dijo Marutián. De esta manera, la defensa de Jaime salió al cruce de las notas publicadas en diversos medios, en donde se revelan detalles de los más de 20 mil e-mails que había en once computadoras que estaban en las oficinas de Manuel Vázquez, un ex asesor de Jaime.

Según los artículos periodísticos, aparecen las fotos del avión Lear Jet 31 que se le adjudica a Jaime, uno de los bienes que están siendo investigados en la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, y que impulsa el fiscal Carlos Rívolo, para saber si Jaime se enriqueció de manera ilícita durante su paso por la función pública.

Hoy Jaime deberá dar explicaciones como sospechoso en el capítulo de “dádivas” de esa investigación, para saber si empresarios del transporte a los que él debía controlar le regalaron bienes o le pagaban el alquiler de su departamento. En esa causa, en la que también son investigadas sus hijas, su pareja y las hijas de ella, el juez analiza los correos electrónicos donde habrían quedado registros de los supuestas comisiones que se hacían a sociedades intermediarias que intervenían en negocios generados desde la Secretaría de Transporte.