Desde ayer, los maestros que necesiten comunicarse con los padres de algún alumno por razones de emergencia no pueden hacerlo llamando a un teléfono celular. Ese impedimento, que sorprendió a los docentes de numerosas escuelas del sur de la ciudad, obedece a una medida del gobierno porteño, que ordenó bloquear las comunicaciones a equipos móviles, para reducir costos. Las llamadas a celulares son, en muchos casos, la única forma que tiene la escuela de ponerse en contacto con las familias, ya que son miles los hogares en la ciudad que carecen de servicio de telefonía fija. Los directores de los establecimientos tampoco pueden resolver otras emergencias, llamando a los arquitectos de Infraestructura o a la supervisora del distrito escolar. La denuncia llegó a la Defensoría del Pueblo, cuya Area por el Derecho a la Educación presentó pedidos de informes al Ejecutivo y a la empresa Telefónica de Argentina. Los gremios UTE y Ademys y legisladores de la oposición se sumaron a las denuncias y reclamaron el restablecimiento del servicio.

“La medida no sólo alcanzó a las escuelas, sino a hospitales y al Consejo de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes”, dijo a Página/12 el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris, quien desde las primeras horas de ayer recibió en su oficina los llamados indignados de los directores de las escuelas afectadas.

Uno de ellos fue el de Bettina D’Angelo, de la Escuela Especial Nº 1, ubicada sobre la calle Emilio Mitre, en Parque Chacabuco, donde estudian 166 alumnos en tres turnos, todos con discapacidades mentales. “Es habitual que necesitemos comunicarnos con los papás, por alguna emergencia. Tenemos alumnos con severos trastornos de la personalidad y en el 80 por ciento de los casos el celular es la única manera de comunicarnos con la familia –dijo la directora a este diario–. Tampoco me puedo comunicar ahora con el chofer del micro que lleva a los chicos a Ciudad Oculta, ni con los arquitectos de Infraestructura, por alguna emergencia, ni con la supervisora, fuera del horario de oficina”, puso como ejemplo.

Enrique Samar, director de una escuela del Distrito 11, relató que “en la 24 un chico sufrió un accidente y no pudieron avisar a los padres”. Y adelantó que los directores “vamos a hacer presentaciones hasta que restablezcan el servicio”.

En el Gobierno de la Ciudad dieron una explicación que no resiste el análisis de un niño de salita de cinco: “No se cortó ningún servicio, sino que se implementará un nuevo sistema para que las llamadas a celulares salgan a través de un conmutador. La comunicación saldrá desde un número de celular, con lo que costará cinco veces menos”, dijo a este diario, con una dosis de pudor, un vocero del Gobierno de la Ciudad. La pregunta obvia de por qué no se instalaba primero el conmutador y luego se bloqueaba el servicio, no pudo ser contestada por la fuente. Lo que sí precisó es que a través de este mecanismo se intentará reducir el gasto en llamadas de este tipo de 16 a 6 millones de pesos por año.

Lo cierto es que la operadora automática de Telefónica de Argentina desmentía una y otra vez la versión oficial. “La línea se encuentra bloqueada para la comunicación que usted intenta realizar”, repetía la voz grabada ante cualquier intento.

Lesbegueris también recibió llamadas con denuncias desde los hospitales Piñero y Alvarez y desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde el 112 de Telefónica le confirmaron que el pedido de bloqueo había sido efectuado desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad el 10 de noviembre último, “para cuatro mil números telefónicos” y se hizo efectivo el sábado 20. Las consecuencias se hicieron visibles ayer, primer día hábil después del fin de semana largo.

Desde el área de comunicaciones de Telefónica se negaron a confirmar la noticia, por razones de “respeto a la privacidad del cliente”. De confirmarse el bloqueo de cuatro mil números, se excedería largamente las sedes educativas, que comprenden 790 edificios con más de un millar de unidades educativas. Tras un llamado a Telecom, la Defensoría comprobó que a esa empresa no se le había hecho igual requerimiento, por lo que en principio el bloqueo afectaría a las escuelas del sur de la ciudad.

El legislador Francisco “Tito” Nenna advirtió que nadie en el Ministerio de Educación porteño había sido informado sobre la insólita medida de ahorro. Nadie lo desmintió. “Esto demuestra la falta de conexión entre los ministerios, producto de la acefalía por la que atraviesa la Ciudad”, dijo. Por su parte, el diputado Eduardo Epzsteyn presentó un proyecto de pedido de informes.

“Ni en la luna de miel deja de atacar a la escuela pública”, ironizó el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López. “Evidentemente los teléfonos son un problema para el jefe de Gobierno”, remató.

“Parece que Macri se excedió en los gastos de su boda y como siempre ajusta en la educación –agregó Manuel Gutiérrez, secretario general de Ademys–. Hacemos responsables directos al ministro de Educación y al jefe de Gobierno por las consecuencias que podría acarrear esta medida, cuando este medio de comunicación se utiliza para comunicarse con la mayoría de los padres ante una emergencia”, advirtió.

Según la explicación oficial, la medida se adoptó a partir de la hipótesis de que en las escuelas se hace un uso desmedido de las llamadas a celulares. “Mediante el nuevo sistema, quedarán registradas en el conmutador las comunicaciones a celulares. El objetivo es que sean una herramienta de trabajo y no para uso personal”, argumentó la fuente.

Desde la Defensoría del Pueblo se elevaron ayer tres pedidos de informes: uno al Ministerio de Hacienda, otro a Educación y el tercero a Telefónica de Argentina. “Hicieron lo mismo que cuando les sacaron los subsidios a las cooperadoras o cortaron las becas a los estudiantes secundarios –comparó Lesbegueris–: ante la sospecha de que hay una irregularidad, primero quitan el derecho, mediante una medida compulsiva y autoritaria, y luego investigan.”