El Ministerio de Trabajo anunció ayer que se sancionará con una multa de 1.347.000 pesos a Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), una empresa del Grupo Clarín, por “violar sistemáticamente la libertad sindical”, indicó el titular de la cartera, Carlos Tomada. La sanción fue por negar el ingreso a su edificio “a delegados para realizar una asamblea”, luego de un “festival de cautelares” presentados por AGR desde 2004, cuando se inició el conflicto por delegados despedidos.

“La ley es para todos, también para Clarín; los convenios de la OIT son para todos, también para Clarín; la democracia sindical es para todos, también para Clarín”, subrayó Tomada al anunciar las medidas contra AGR, empresa perteneciente al grupo empresario, acompañado por la viceministra, Noemí Rial, y por el subsecretario de la cartera, Alvaro Ruiz. La medida punitoria tomada por el ministerio es consecuencia de una serie de incumplimientos en la garantía de la libertad sindical dentro de la empresa, con el último antecedente de no facilitar la realización de una asamblea en septiembre pasado para informar sobre las elecciones de la gremial.

El ministro explicó que desde el 2004 la empresa viene aplicando esta metodología y empezó “a visualizar que existía una verdadera campaña para obstaculizar lo que la ley ordena” con reiteradas medidas cautelares. Aquel año se despidieron 110 trabajadores de AGR que reclamaban mejoras en las condiciones laborales y también se echó a la comisión interna. A partir de allí se iniciaron diversas causas, tanto por la empresa como por los trabajadores y delegados. Los fallos favorecieron la postura de los representantes sindicales pero, a través de apelaciones y medidas cautelares, AGR fue estirando el tiempo de ejecución.

“Resulta paradójico que una empresa que dice defender la democracia no respete la democracia sindical, ni la libertad sindical”, remarcó Tomada, mientras realizaba el anuncio de la multa y agregó que “desde junio se le aplican multas a la empresa”, que prefiere pagarlas antes que cumplir con los fallos judiciales. El punto que llevó al ministerio a iniciar el expediente fue el impedimento de realizar una asamblea el 10 de septiembre para informar la realización de los comicios el 17 del mismo mes. Todo el proceso fue seguido por veedores de la cartera laboral, que finalmente emitió la resolución 1389 en la que requiere a la empresa “que adopte los medios a su alcance para asegurar el ingreso” al edificio de los delegados durante la elección, “bajo apercibimiento” de sanciones, lo que finalmente no sucedió.

“No es un hecho aislado, todo lo contrario, es la reafirmación de una política empresaria dirigida a obstaculizar el libre desempeño de la libertad sindical en la empresa”, sentenció el ministro Tomada. Y concluyó que la actitud asumida por AGR “atenta contra la representación gremial y viola todas las leyes nacionales y los convenios internacionales”.