Luis Miret, el juez mendocino que le dijo a un detenido en 1975 que tenía que “aguantar” las sesiones de tortura y que ignoró las denuncias sobre la violación de una menor presa por la llamada “ley antisubversiva”, a quien dejó detenida en una cárcel de adultos, deberá enfrentar su juicio político a partir del 10 de febrero. Será juzgado por el jury de enjuiciamiento y podría perder su cargo de camarista por esos y otros casos que muestran su “actitud colaboracionista con los delitos de lesa humanidad” antes y durante la dictadura, según la acusación con la que lo suspendió en septiembre el plenario del Consejo de la Magistratura.

Miret fue denunciado por organismos de derechos humanos de Mendoza como uno de los exponentes de la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Cuando el Consejo –con el voto de todos los sectores– lo suspendió, señaló que como juez de primera instancia tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones”. “Los hechos que se le imputan evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante el período comprendido entre 1975 y 1977.”

A pesar de que el camarista presentó su renuncia poco antes de que lo suspendieran, por ahora todo va encaminado para su enjuiciamiento porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca se la aceptó. Hay un solo inconveniente que el Consejo deberá resolver, y es que el caso se quedó sin los consejeros que iban a actuar como fiscales. Uno de ellos era Héctor Masquelet, ex representante del Poder Ejecutivo, que era viceministro de Justicia y dejó su cargo dos semanas atrás; la otra era la diputada Diana Conti, a quien se le venció el mandato. Todo indica que el reemplazante de Masquelet, Hernán Ordiales, será uno de los que ejerzan la acusación contra Miret. El problema es que todavía no asumió como consejero y recién lo hará el 3 de febrero. En lugar de Conti, actuaría alguno de los legisladores del oficialismo que se incorporaron al organismo el mes pasado: tendrían chances los diputados del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba y Carlos Moreno.

Los primeros testigos previstos para el jury son Fernando Rulé y Silvia Ontiveros, firmantes de la denuncia inicial contra Miret. Ambos estuvieron detenidos en el centro de detención clandestino que funcionó en el D2 de Mendoza. Rulé estuvo a disposición de Miret, y cuando la madre le fue a preguntar al juez por su hijo, a quien no encontraba pero salía en los diarios, la respuesta fue que no tenía constancia de que estuviera preso. Para la primera ronda también estará citada María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos de la provincia.

Más adelante, brindarán sus relatos algunas de las víctimas que ya declararon en el Consejo, como René Tomini, quien contó que cuando Miret lo fue a ver al calabozo del D2 después de la tortura, le dijo “hay que aguantar”, y no denunció nada. También testificará Luz Faingold, que fue detenida en 1975 siendo menor de edad, alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba. Otros detenidos denunciaron que había sido violada, pero el juez tampoco investigó. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido, quien se vio privada de recuperar su identidad durante años por una resolución del magistrado suspendido, que archivó la causa donde se investigaba su origen invocando las leyes de impunidad.

El abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, dijo que la permanencia en tribunales de jueces denunciados por convalidar el terrorismo de Estado, como Miret, “es uno de los factores que demoraron la realización de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la provincia, que comenzaron a destrabarse este año con las investigaciones que los dejaron en evidencia”. Salinas alude también a Otilio Romano, que tiene un proceso abierto en el Consejo, igual que Julio Petra Fernández, ambos camaristas federales. Romano también renunció. Junto con Miret enfrentan una causa penal, a cargo del juez Walter Bento, a quien habían apartado con apoyo de otros camaristas (entre ellos Petra Fernández) pero luego fue repuesto. Miret fue indagado por desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y torturas y Romano interrumpió su indagatoria y nunca la terminó.

El jury que comienza en febrero estará integrado por los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.