Todos los análisis genéticos tendientes a identificar hijos de desaparecidos deberán hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así lo estableció la Corte Suprema tras un pedido de la Procuración General de la Nación, donde ratificó que en estas causas “no corresponde la intervención del Cuerpo Médico Forense”. Las implicancias de la medida alcanzan al expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

Mediante la resolución 4102/2010, el máximo tribunal confirmó que los integrantes del BNDG son los “peritos oficiales exclusivos” ante los jueces para los casos de identificación de familiares de víctimas de desaparición forzada –tal como lo indica la ley 26.548 aprobada por el Congreso– y que el Cuerpo deberá apegarse “a las normas vigentes”. El fallo lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.

De esta manera, la Corte respondió una solicitud de la Procuración de diciembre de 2009 donde el Estado pedía que el Cuerpo Médico Forense “no intervenga en este tipo de peritajes”, ya que ese organismo, “al no contar con medios ni capacidad para ello, delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en laboratorios públicos y privados”. La queja fue planteada luego de que el Estado detectara “una serie de casos en los que jueces de distintas jurisdicciones del país encargan la práctica de estos estudios” a establecimientos distintos al BNDG, el único perito oficial.

El caso más sonante de este tipo es el de Felipe y Marcela Noble Herrera , los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la extracción de nuevas muestras que permitan la comparación con las muestras de familiares de desaparecidos pero la defensa de los Noble Herrera apeló la decisión. El caso entró así nuevamente en el engranaje de sucesivas revisiones que impedirán una resolución inminente. Las apelaciones que vienen haciendo sus abogados han logrado dilatar los distintos intentos de llegar a la verdad y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión, algo que puede demorar cerca de un año.

En este marco, aún subsisten algunas dudas sobre si las muestras que actualmente posee la Justicia corresponden a Felipe y a Marcela. Esto incluye la ropa incautada –que resultó estar contaminada con muestras de otras personas– y la extracción de sangre y de saliva que, precisamente, no se hizo en el BNDG sino en el Cuerpo Médico Forense con la supervisión del anterior juez. La resolución de la Corte despeja dudas sobre quiénes son los especialistas que deben realizar las pruebas que permitan llegar a tener certeza sobre el origen genético de jóvenes que pueden ser hijos de desaparecidos.