La Iglesia Católica formó un ejército de especialistas en bioética que se desempeñan en hospitales públicos, con la intención de influir a través de los comités de bioética en las decisiones que tienen que ver con la regulación en torno al inicio, la reproducción y el fin de la vida y los límites de la ciencia. Particularmente les interesa obstruir el acceso a los abortos no punibles, entre otras prácticas legales sobre salud sexual y reproductiva, con el argumento de que es la Iglesia Católica y no el Estado la que debe establecer las normas de lo posible en lo concerniente a la vida de los individuos. Enfermeras formadas en cursos de la pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, son las que alertan cuando una mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo amparada en los permisos vigentes. La tropa se completa con médicas y médicos, otros profesionales de la salud y también abogados, que son quienes concurren a los debates parlamentarios sobre las reglamentaciones para los abortos no punibles, y litigan en tribunales federales y locales contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y en la judicialización de los casos de aborto no punible. Es significativo que los planes de estudio con los que se forman, en algunos casos, están avalados por el Estado, a través de su aprobación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

El tema está siendo investigado desde el CEIL-Piette-Conicet, que encabeza Fortunato Mallimaci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Para contrarrestar la influencia de los especialistas en bioética que defienden los preceptos morales que imparte el Vaticano y pretenden imponerlos a toda la población, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el médico experto Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, está trabajando en la conformación de una red de especialistas con perspectiva de derechos humanos, que ya cuenta con 76 miembros que se desempeñan en hospitales públicos de distintas partes del país. Han elaborado un consenso con varios puntos a defender, entre ellos, el acceso al aborto no punible.

La estrategia

“La alta formación es la estrategia que les permite ganar concursos y ocupar lugares de decisión en el ámbito de la salud pública”, explicó a Página/12 un investigador del Conicet que les está siguiendo los pasos a los bioeticistas católicos desde hace un par de años, pero prefiere mantener el anonimato para evitar que le pongan obstáculos a su estudio, una tesis doctoral, dado que suele participar de las clases, jornadas y seminarios en los que se recibe capacitación. Este diario accedió a algunos de los avances preliminares de su investigación. “Desde la academia confesional, docentes universitarios, investigadores e intelectuales, forman profesionales de la salud abogados e ‘interesados en la bioética’ para dotarlos de herramientas teóricas y conceptuales que les permitan tomar decisiones en su práctica profesional. Uno de los principales intereses es que estos ‘interesados en la bioética’ integren comités hospitalarios en el sistema de salud pública”, explicó el investigador a este diario. La formación implica no solamente maestrías y especializaciones de posgrado sino también cursos cortos donde se analizan casos de aborto, eutanasia, trasplante de órganos y también reproducción asistida, detalla uno de los papers.

Una de las estrategias que utilizan para frenar los abortos no punibles es la demora: postergan las decisiones con la idea de que el embarazo avance y sea cada vez más complicada su interrupción. También tratan de influir sobre la mujer o los familiares que la acompañen, sobre todo en el caso de menores de edad, transmitiéndole la falsa idea de que un aborto puede poner en riesgo su vida, cuando –se sabe– es una intervención más segura, incluso que un parto, si se realiza en condiciones adecuadas (ver aparte).

La UCA y la Austral son dos de los sitios encargados de la capacitación y formación de los agentes católicos especializados en bioética. Los docentes que se consideran “maestros” formando “discípulos” –describe la investigación– son generalmente filósofos y médicos que han realizado posgrados y especializaciones en bioética en universidades de Europa y Estados Unidos. “Actualmente, las primeras cohortes de egresados de posgrados en las universidades confesionales locales ya están comenzando a dictar sus propios cursos”, indicó el investigador. Se caracterizan, agregó, por hablar “desde la ciencia”, aunque los mueve una misión celestial. “Ellos están convencidos de que así van a ir al cielo, creen que están haciendo un bien a la Humanidad”, contó. Incluso recordó que en una jornada de la UCA se llegó a analizar el caso de una mujer que tenía un embarazo de un feto con una malformación genética por la cual moriría al nacer. Y al feto, que tenía alrededor de cuatro meses de gestación, y un kilogramo de peso, lo llamaban “paciente”.

Los cursos incluyen una alta formación en filosofía y teorías genéticas, y hasta historia del feminismo y teoría de género. En algunas jornadas, incluso, hablan sobre Simone de Beauvoir. En general están en contra de las prácticas de salud reproductiva que implican utilizar métodos anticonceptivos que no son avalados por el Vaticano, como el DIU, y las píldoras que tienen levonorgestrel –porque sostienen que impide la anidación, aunque no hay estudios científicos reconocidos internacionalmente que sostengan esa creencia–, entre ellas, la anticoncepción hormonal de emergencia. También rechazan el aborto no punible, a pesar de que es legal en el país desde 1921, de acuerdo con las excepciones previstas en el Código Penal, que a la luz de las interpretaciones de altos tribunales del país contemplan cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y si la gestación fue producto de una violación, sea o no la mujer discapacitada mental.

De acuerdo con la investigación que se lleva adelante desde el CEIL–Piette, varios de los bioeticistas formados con la línea de pensamiento del Vaticano, especialmente aquellos que responden al Opus Dei, son jefes de servicios de Ginecología y Obstetricia o de Cuidados Paliativos.

Hay una clara división de género, las mujeres “trabajan territorialmente”, son enfermeras y médicas que identifican rápidamente los casos frente a los cuales influir. Los abogados en general son varones y son quienes litigan contra la venta de anticonceptivos o en casos de aborto no punible, o concurren a los debates parlamentarios. Por ejemplo, a lo largo de 2008 y 2009 tuvieron presencia en los debates y audiencias públicas sobre la reglamentación del aborto no punible en la Legislatura porteña. Distintas voces de agentes católicos especializados en bioética expresaron su rechazo al proyecto, promovido por distintos bloques de la oposición, que finalmente no se llegó a aprobar este año, a pesar de que lleva ya tres años de discusión. El macrismo siempre apeló a diversas estrategias para freezarlo.