Cuatro de los acusados del asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra fracasaron en su tercer intento de conseguir la excarcelación. La Cámara de Casación, que es el tribunal penal de mayor jerarquía, rechazó sus pedidos para recuperar la libertad con el argumento de que no demostraron que haya “arbitrariedad”. Este escenario eleva las chances de que los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez y los delegados ferroviarios Pablo Díaz y Jorge González lleguen presos al juicio oral. Los otros tres detenidos correrían la misma suerte. Los abogados defensores anunciaron que insistirán con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

El fallo de los jueces de Casación es un nuevo respaldo a las decisiones de la jueza a cargo del caso, Wilma López, quien el año pasado procesó y dejó detenidos a siete integrantes de la patota ferroviaria por el homicidio calificado de Ferreyra –un delito que prevé prisión perpetua– y por la tentativa de asesinar a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, que fueron baleados. Luego la Cámara del Crimen confirmó esos procesamientos y despejó el camino para que la causa pueda avanzar hacia las posibles responsabilidades de la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF). Ese tribunal destacó que el ataque de los matones armados de la UF, con la excusa de evitar un corte de vías de los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y varias agrupaciones políticas, fue planificado a punto tal que se produjo a 300 metros de las vías, cuando los manifestantes estaban en retirada y el bloqueo ni siquiera se había concretado.

Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, y Sánchez, empleado ferroviario y barra de Racing, están acusados de haber disparado, el primero desde el medio de la calle Luján, el segundo desde atrás de un auto, en la misma calle. Díaz está imputado como organizador y reclutador del grupo de choque. La reconstrucción de los hechos lo mostró como quien daba directivas a la patota y ordenó dejar de atacar ante un presunto llamado del segundo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández. González se ocupó de intentar impedir que las cámaras del Canal C5N registraran el despliegue de violencia. Al pedir la excarcelación la mayoría alegó que carece de antecedentes penales (excepto Favale), que tiene familia y arraigo, que no se fugaría ni obstruiría la investigación y que dejarlos presos era “arbitrario”.

La resolución de la Cámara de Casación dice, en esencia, que no tiene por qué opinar sobre las prisiones preventivas porque es suficiente con lo que dispuso ya la Cámara del Crimen. Agrega que, de todos modos, ninguno de los imputados demostró que haya “arbitrariedad”. Los otros detenidos (el picaboletos Guillermo Uño, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el empleado Salvador Pipito) también reclamaron ante Casación que los liberen, pero lo hicieron unos días después. El tribunal, además, todavía tiene que resolver si revisa los procesamientos, algo improbable ya que por regla sólo admite pronunciarse sobre sentencias definitivas o situaciones equiparables.

Los abogados Carlos Froment (que representa a Díaz y González) y Gustavo D’Elía (que defiende a Sánchez) le dijeron a Página/12 que como próximo paso van a pedir la excarcelación ante la Corte Suprema. Sergio D’Amico, defensor de Favale, aún duda. Tienen un plazo de diez días para presentarse. “Casación convalidó la arbitrariedad de la Cámara del Crimen”, se quejó D’Elía.

En las últimas semanas la investigación estuvo bajo secreto de sumario. Se supone que el juzgado intenta determinar el papel de otros gremialistas y personas ligadas al ámbito ferroviario comprometidas por testigos y comunicaciones telefónicas. Los querellantes –la familia de Mariano Ferreyra y los heridos del Partido Obrero– reclaman que se avance sobre los autores intelectuales. La fiscalía del caso, cuando la encabezaba Cristina Caamaño –actual viceministra en la cartera de Seguridad– pidió la indagatoria del titular de la UF, José Pedraza y del Gallego Fernández, al considerar que hay evidencias de que manejaron e influyeron en los acontecimientos del 20 de octubre aunque no estaban en el lugar. Pero para que sean efectivamente citados como sospechosos hace falta la firma de la magistrada.

La abogada del PO Claudia Ferrero dijo que “la decisión de Casación, si bien fue de forma y no de fondo, deja sentadas las condiciones para que cuando se impute a los autores intelectuales también ellos queden detenidos”. Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, se mostró “satisfecho con los pasos que está dando la Justicia”. Ahora espera, agregó, que avance el expediente donde se estudia el papel de la Policía Federal y la bonaerense en los hechos, que quedó a cargo del fiscal Fernando Fizser.