Como había anticipado este diario hace poco más de diez días, acusar por un crimen es un buen método para neutralizar a un denunciante. Esto, que en cualquier film resultaría un guión previsible, en la vida real aparece increíble y si se trata de un adolescente con el sayo de delincuente, creer en que el acusado es la víctima se torna prácticamente inadmisible. El adolescente en cuestión, que había denunciado en octubre pasado haber sido torturado en la comisaría 6ª de Tolosa, La Plata, fue acusado de balear a un comerciante durante un asalto ocurrido el 3 de enero. La versión que lo ubicó en primerísimo lugar (como acusado del asalto) fue de la misma comisaría 6ª que, por esos raros efectos de la construcción mediática, quedó instalada como víctima. El adolescente, por recomendación de su defensor, se presentó y quedó detenido. El 8 de enero, este diario dio cuenta del cambio de roles ocurrido. Casi veinte días más tarde, el fiscal que investigaba el asalto dejó en libertad al joven por falta de mérito, lo que es decir ausencia de pruebas. Lejos del sánscrito jurídico, la ausencia de pruebas apunta a que la causa fue armada por la Bonaerense. Habrá que esperar si la Justicia ahora avanza tan rápidamente en las dos causas remanentes: la denuncia por torturas y una que automáticamente debería haber abierto, la del fraguado de causas.

El caso, valga decir, quedó sumergido bajo la polémica cíclica sobre la baja de la edad de punibilidad de los adolescentes marginados, desatada tras el asesinato del vecino Fabián Esquivel. Tan sumergido quedó bajo el clamor de una parte de la sociedad, que no dio para enterarse de que ambos casos tenían dos denominadores en común: adolescentes acusados y detenidos, y una misma comisaría, la 6ª de Tolosa, como brazo ejecutor de la Justicia, esto es, curiosa aportadora de pruebas que, por ahora en un caso, ya quedó demostrado que no existen.

El adolescente denunciante había denunciado a principios de octubre, que el día 5 de ese mes había sido prácticamente secuestrado por uniformados de la comisaría 6ª, que lo arrancaron de la casa de un amigo y lo trasladaron a la misma seccional. En la vereda, esposado, lo molieron a patadas entre los uniformados de cuatro patrulleros, unos ocho policías, que ya se habían amontonado para investigar sobre quién se trataba esta vez. Después, en su denuncia, el joven dijo que lo llevaron hacia el río, donde lo amenazaron de muerte para luego trasladarlo a la comisaría. Allí, según su denuncia, lo patearon entre 15 y 20 uniformados. “Uno me saca el cinturón y me da cintazos con la hebilla en mi espalda. Me salía sangre del oído y la boca, después me sientan en una silla fuera del calabozo, con las manos esposadas atrás, me ponen una bolsa en la cabeza, me quieren asfixiar, me golpean con las culatas, durante más o menos una hora. Me sacaban y me ponían la bolsa. Como no quería firmar el papel de resistencia a la autoridad (porque claro, a esa hora, ya se comprendía que la detención debía tener alguna argumentación oficial) me metieron la cabeza en un tanque de agua podrida. Y así durante media hora hasta que firmé.”

El recorrido no terminó allí. A la noche, después de amenazarlo con la verosimilitud que tiene una amenaza de un representante del Estado, armado, y con el poder de devolverlo al mismo lugar en el que había pasado semejante experiencia, fue liberado, lo que a esa altura hacía rato que era un eufemismo. Con una causa más para informar a la sociedad sobre su peligrosidad, “resistencia a la autoridad”. Aterrado, se ocultó en la casa de un conocido y al día siguiente, acompañado por Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura, y Julián Axat, defensor oficial 16 del fuero juvenil, se presentó ante la Justicia para denunciar a los policías de la comisaría 6ª por torturas, apremios y vejaciones. El fiscal que tomó la denuncia, Fernando Cartasegna, modificó la carátula por “severidades”, quitando un par de décadas a las posibles condenas.

Luego de diferencias con la representación del denunciante, pidió excusarse, lo que le fue impedido por sus superiores. Cinco días después, el 4 de enero, un testigo de identidad reservada aportado por la comisaría 6ª denunciaba al joven torturado como participante en el asalto en el que fue baleado un comerciante. Intervino otro fiscal. El 26 de enero fue liberado por ausencia de pruebas, lo que confirmaba que le habían armado una causa. Libertad que implica un nuevo problema: evitar quedar transformado en una prueba baleada durante un tiroteo con la 6ª. Una semana antes del eufemismo libertario, la misma comisaría 6ª intervenía en la “resolución” de otro caso, el de Fabián Esquivel, y desataba la polémica. Sobre los adolescentes.

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