El miércoles empezarán a escucharse los alegatos de la defensa por los crímenes de Automotores Orletti. Tras la muerte de Rubén Visuara, jefe de la patota del centro clandestino, y de la obligada desvinculación del caso de su abogado defensor –Bernardo Menéndez, ya condenado por represor–, la defensa oficial será la única habilitada para alegar en este último tramo del juicio por los cuatro acusados, entre los que están Raúl Guglielminetti y Eduardo Rodolfo Cabanillas. La semana pasada, se escuchó el alegato unificado del organismo Kaos y del fiscal Guillermo Friele. Orletti apareció como el lugar la “materialización” del Plan Cóndor en Argentina y por primera vez quedó a la luz la situación de las víctimas que llegaban huyendo de las dictaduras de sus países de origen como una violación internacional “al derecho de refugio”.

Los alegatos de Kaos estuvieron a cargo de Luz Palmas Zaldua y Leonel Curutchague. Que poco después del arranque dejaron planteada una de las posiciones repetidas entre las querellas: tres décadas de impunidad –dijeron– permitieron la muerte sin condena de “cuadros de las distintas fuerzas armadas y de seguridad con altos niveles de responsabilidad en el plan de exterminio” como el caso de Visuara, y algunos llegan con la salud tan precaria que les impide estar en el juicio. Otros, dijeron, cuyos nombres aparecieron una y otra vez en boca de las víctimas ni siquiera llegaron a ser juzgados: entre ellos, el jefe de los espías Otto Paladino, Aníbal Gordon y Marcos Alberto Calmon.

Uno de los nudos del alegato de Kaos –en un juicio que permitió la producción de abundante prueba documental– fue el vínculo entre Orletti y el Plan Cóndor: por el centro clandestino pasaron argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, bolivianos y cubanos. Entre las 65 víctimas del juicio hay 18 desaparecidas: 10 son argentinas, 3 uruguayas, 2 cubanas, 2 argentinas secuestrados en Bolivia y 1 chilena. Otros 6 argentinos fueron asesinados.

La cantidad de uruguayos los convirtió en eje del juicio: muchos eran militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y estaban en Argentina en calidad de refugiados por la Convención Internacional del Estatuto de Refugiados o tramitando ese beneficio, explicaron los de Kaos. Esa condición dejó al desnudo otra faceta del Estado terrorista: “La legislación en ese momento daba plena vigencia al derecho de refugio, muchos gozaban de una protección internacional porque eran perseguidos políticos en sus países: es decir, al haber sido víctimas de la dictadura en la Argentina se violó, además, esa protección internacional”.

Orletti era la base de Operaciones Táctica 18 que dependía orgánicamente de la SIDE de Otto Paladino y donde operaba la Policía Federal y el Batallón de Inteligencia 601. Pero, como estructura del Cóndor, la querella sentó, como había sucedido con las otras partes, el vínculo operativo con dos instancias uruguayas: el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Servicio de Información de Defensa con la intervención en Orletti de agentes de Inteligencia y militares uruguayos.

Entre las medidas a revisar pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 1 que revise la posición en referencia a los 18 desaparecidos de la causa, que se tome como agravante la condición de delito que aún continúa. En el petitorio, apareció el pedido para que la primera instancia tome testimonios por los nuevos casos de víctimas que se descubrieron o se terminaron de saber durante el juicio. Entre ellas, el caso de Macarena Gelman pero también Alicia D’Ambra, Enrique Espinosa Barahona, Rosa Slachevsky, Judith Jacubovich, Beatriz Castellonese de Mechoso, Beatriz Elizabeth y Alberto José Mechoso Castellonese, Carla Artes Company, Anatol y Victoria Julien Grisonas y Sandro, Leandro y Tania Soba Laguna. Lo mismo sucede con delitos como las violaciones por las que los acusados no habían sido juzgados y finalmente una revisión para el tema de homicidios. “Atento al rechazo de la pretensión de esta querella por el Tribunal del pedido de ampliación de acusación a Martínez Ruiz y Ruffo por los 6 homicidios que fueron incluidos en este juicio, solicitamos se extraigan testimonios para investigar sus responsabilidades”. Sin el homicidio probado, tanto Friele como Kaos pidieron perpetua para Cabanillas y 25 años de reclusión perpetua para los otros acusados.