La jueza Wilma López podría resolver hoy, o a lo sumo en unos pocos días, la suerte del líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y de su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, detenidos desde hace dos semanas por el asesinato de Mariano Ferreyra y el intento de matar a otras tres personas en una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. Las pruebas más comprometedoras estarían relacionadas con el papel del sindicato en el reclutamiento de la patota que realizó el ataque; la conexión de ambos dirigentes con el delegado que coordinaba al grupo de choque; el interés por romper a cualquier precio la protesta de un sector que denunciaba la tercerización como forma de abaratar salarios y cuyo ingreso masivo a planta podía poner en juego la hegemonía gremial en el ramal Roca; a lo que se suma que la UF no habría sido ajena al negocio, ya que se probó su relación con una de las cooperativas que encarnaron esa política de precarización laboral, a través de la cual habría eludidola prohibición de recibir aportes de los empleadores.

Pedraza, Fernández y también el delegado Claudio Alcorcel fueron detenidos el 22 de febrero e imputados como posibles instigadores del crimen del militante del Partido Obrero (PO) y los hechos de violencia que lo rodearon. La jueza podría decidir hoy si procesa y les dicta prisión preventiva, ya que se vence el plazo de diez días que estipula la ley desde la indagatoria, lo que no quita que se pueda tomar unos días más. La inminencia de la decisión explica las nuevas amenazas de paro de trenes lanzadas desde la UF. Aunque otros condimentos recalentaron el escenario, entre ellos un segundo allanamiento –días atrás– a la cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur, una tercerizada vinculada con el entorno de Pedraza, donde los investigadores secuestraron documentación ligada al pago de salarios. Sobre ese punto, además, fue citado a declarar como testigo el gerente de Contratos Privados de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) Línea Roca, Gustavo Zeni.

El asesinato de Ferreyra y la tentativa de homicidio de sus compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos se produjeron el 20 de octubre, cuando apoyaban a ferroviarios tercerizados que reclamaban el pase a planta. Iban a cortar las vías en Avellaneda pero desistieron, amedrentados por la patota de la UF que los siguió y, cuando estaban en retirada, atacaron a los manifestantes con piedras, palos y armas de fuego. Según sostuvo la jueza, fue un intento de “aleccionamiento”, previo armado de un “plan criminal” orquestado por los dirigentes.

Las medidas complementarias impulsadas tras la detención de Pedraza por la jueza y la fiscalía a cargo de Fernando Fiszer apuntarían a terminar de dilucidar qué intereses, sindicales y económicos, movieron a la conducción de la UF a enviar un grupo violento, armado. La Unión del Mercosur, que terceriza servicios de mantenimiento de vías y desmalezamiento, captó especial atención judicial porque sus directivos son autoridades de la UF. Al igual que a los trabajadores encuadrados en el convenio del sector, a los de la veintena de tercerizadas contratadas por Ugofe –que administra las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur bajo tutela estatal– se les paga con fondos públicos. La diferencia es que un empleado de planta cobra el doble o más que un tercerizado y goza de los derechos mínimos (como vacaciones, horario y aguinaldo) que los segundos no tienen. Esto pone dos cuestiones sobre el tapete: una, la sospecha de que a los tercerizados no se les paga todo lo que el Estado destina para ellos; otra que, bajo la figura de una “cooperativa”, la UF habría obtenido una especie de subvención del empleador, algo que está prohibido por la Ley de Asociaciones Sindicales. Esto también explicaría por qué la investigación viene poniendo la lupa en los pasos del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien manejaría parte de la asignación de fondos.

Ugofe recibe 66 millones de pesos mensuales para operaciones y obras de la línea Roca. A la Unión del Mercosur se le venían asignando unos nueve millones por semestre, según fuentes de la causa. El último allanamiento en sus oficinas fue en busca de comprobantes salariales. El testimonio de Zeni, de Ugofe, habría permitido corroborar que la relación con esa tercerizada se entablaba a través de dirigentes de la UF. Para Ugofe, según su vocero, las tercerizadas no son tales, sino sólo “contratistas” que “concursan por un proyecto donde gana la mejor oferta”. Como informó este diario, para interpretar los ingresos y egresos de las arcas del gremio también fue citada una empleada contable que conoce sus finanzas.

A estos elementos, que permitirían interpretar el respaldo de Pedraza a la política de tercerización y los intentos por evitar el ingreso masivo de trabajadores que podrían disputarle el dominio gremial en el ramal Roca, se suman otros datos concretos, que fueron señalados por la primera fiscal del caso –Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad– al comienzo: el segundo de la UF, Fernández, se comunicaba en forma “permanente” con el delegado Pablo Díaz, que comandaba a la patota en plena acción. Junto a Fernández estaba Pedraza, ambos en la UF, donde había un congreso auspiciado por tercerizadas. Estaban todos “coordinados”, según la fiscalía, que además sostuvo que en el reclutamiento de matones ferroviarios –parte del cual se hizo desde los talleres de Remedios de Escalada donde la UF pisa fuerte– se les prometía trabajo para sus familiares y mejoras para ellos, además de darles el día.