El trámite del pedido de la Justicia suiza para que se le informe en qué causas son investigados el titular de la CGT, Hugo Moyano, y su familia se dilatará. Aunque el juez federal Norberto Oyarbide aceptó el procedimiento, condicionó el inicio del rastreo de los expedientes a que Suiza envíe precisiones sobre el tema. El magistrado solicitó la transcripción de las “normas” y “fundamentos legales” que dieron lugar a las actuaciones que ese país lleva adelante. Fue el fiscal Jorge Di Lello quien, inicialmente, advirtió en un dictamen sobre la necesidad de conocer esa normativa para cotejar que sea compatible con la que se aplica en los tribunales argentinos. La Embajada de Suiza difundió ayer un comunicado en el que señala que pidió datos sobre la situación judicial del líder sindical y su entorno, pero precisó que “no están bajo investigación directa”. La vocera de la fiscalía general helvética, Giannette Balmer, aseguró que “la investigación está dirigida contra personas desconocidas, ni el líder sindicalista ni su hijo están bajo investigación”.

Lo que Suiza tiene en la mira, en un “procedimiento penal por lavado de dinero” –según describió la embajada–, es el origen de una operación sospechosa detectada en una cuenta bancaria en su país. Si bien la sede diplomática señaló que la pesquisa está dirigida “contra personas desconocidas”, la Justicia helvética ya había informado vía exhorto dirigido a la Cancillería que se trataba de un depósito de 1.862.000 dólares en una cuenta que pertenecería a Ricardo Depresbiteris y su esposa, Marcela Elvira Mete, titulares de la empresa Covelia SA, que maneja la recolección de residuos en 12 municipios y en el Mercado Central. El dinero fue bloqueado mientras se sustancia la causa. La cuenta es del Standard Chartered Bank (que no es el Standard sudafricano radicado en la Argentina, según aclaró la entidad).

Aunque Oyarbide acepte dar curso al pedido de cooperación de la Justicia helvética, es evidente que lo hizo con un pequeño reparo que bastará para dilatar el trámite y que surgió del dictamen que había presentado en horas de la mañana el fiscal Di Lello, quien debía evaluar que el exhorto estuviera bien confeccionado.

Reclamar el detalle de las normas en que se basan los fiscales suizos tiene su lógica, ya que, según explica un funcionario judicial dando un ejemplo extremo, “no se debería contestar un pedido de un país que quiere investigar a alguien por ser judío porque eso claramente chocaría con nuestras reglas”. La experiencia en tribunales indica que este simple condimento formal o burocrático –un papel que, de hecho, la Cancillería ya había reclamado– puede generar algún “parate” en el caso. Ese evidente que este escenario, sumado al comunicado de la embajada suiza bajando el tono del pedido de información de sus fiscales, ayudaron a descomprimir un escenario que se vislumbraba complejo.

“No tengo un carajo que ver con Covelia”, tronó ayer Moyano, tras anunciar que se levantaba el paro de transporte. La supuesta vinculación entre Moyano y esa empresa está mencionada en el exhorto enviado por la Justicia helvética. Basado en material de prensa, alude a que la empresa habría tenido un crecimiento notorio desde que Moyano está en el poder y señala la hipótesis de que se hayan querido blanquear fondos de origen ilícito provenientes, por ejemplo, del tráfico de medicamentos falsos o de maniobras con fondos de la Administración de Programas Especiales destinados a tratamientos de alta complejidad. A su vez, señala que Pablo Moyano –hijo del titular de la CGT– estaría siendo investigado por lavado en Argentina. Todo se plantea en potencial o con apoyo de recortes periodísticos.

La operación bancaria denunciada y congelada pudo llamar la atención de los investigadores suizos por el elevado monto o porque alguien interesado lanzó alguna advertencia e hizo llegar los datos de las publicaciones periodísticas, que datan de enero último. Los bancos suizos están obligados a denunciar operaciones dudosas por convenio con el GAFI (el organismo internacional antilavado). Para el entrecruzamiento de nombres basta el “Google”. Moyano, al ser jefe de la CGT, es considerado “personal políticamente relevante” en el contexto de las normas sobre lavado.

El comunicado de la embajada suiza dice que su titular, Johannes Matyassy, se comunicó con Timerman “para informarle” que efectivamente el 24 de enero último se abrió un procedimiento por posible blanqueo de activos y para aclarar que “el señor Hugo Moyano y su familia no están bajo investigación directa en Suiza”, pero el Ministerio Público Fiscal “pidió sin embargo información sobre posibles causas pendientes o abiertas en Argentina en relación con esas personas”. La Cancillería, por su lado, enfatizó que “Suiza solicitó información en base a artículos publicados en la prensa, pero no cuenta con otro tipo de datos”.

La información periodística hablaba de que Covelia es una empresa protegida por Moyano y que se expandió con su ayuda. Parte está basada en un informe del diputado bonaerense de la Coalición Cívica Walter Martello, quien sostiene que gracias a la presión de Moyano la firma consiguió la recolección de residuos en doce municipios del Gran Buenos Aires, pero no hay ninguna causa judicial al respecto.

El abogado de Moyano, el ex juez Daniel Llermanos, sostuvo que el exhorto “es un documento extraño, primero por su redacción. Contiene severas faltas de sintaxis y ortografía y, además, no arranca con ninguna clase de certeza, por ejemplo ni siquiera dice que sospechan de alguien, sino dice que sospecharían”. Ahora hay que ver qué hace Oyarbide. El es, precisamente, uno de los jueces que investigan a la obra social de Camioneros (Oschoca) por presuntas estafas con troqueles truchos para el cobro de reintegros por tratamientos para el cáncer, el VIH y la hemofilia. El mismo asunto está en manos del juez Claudio Bonadío, que también apunta a una red de empresas familiares, entre ellas Ierai, la gerenciadora de Oschoca, que dirige la esposa del dirigente, Liliana Zulet. Hasta ahora Moyano nunca fue citado a declarar, pero Llermanos hizo presentaciones y pedidos de nulidad en su nombre.