La violenta represión con que las fuerzas de seguridad jujeñas intentaron desalojar a cerca de quinientas familias de un predio del Ingenio Ledesma, en Jujuy, y que causó la muerte de cuatro personas, arrastró a otro funcionario provincial: el gobernador Walter Barrionuevo aceptó la renuncia que le ofreció el jefe de la policía provincial, Jorge Ayarde, y en su lugar nombró al comisario mayor Jorge Luis Laureano, actual jefe de la Unidad Regional II de San Pedro de Jujuy. Un día después del fallido desalojo había renunciado el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, de quien dependía la policía. Su reemplazante, Hugo Echevarri, aseguró ayer que el gobierno provincial “tiene evidencias” de que los ocupantes de El Triángulo “utilizaron armas de fuego contra el personal policial”, lo cual ya fue desmentido por los ocupantes. Mientras en el predio las familias continuaron rearmando sus refugios, durante el fin de semana surgieron otras tomas en Libertador General San Martín (ver aparte).

Los incidentes se produjeron el jueves pasado, cuando efectivos policiales intentaron echar a las familias del asentamiento con disparos y gases lacrimógenos, incendiaron sus pertenencias y destruyeron las casillas precariamente instaladas en las 15 hectáreas conocidas como El Triángulo. Como consecuencia murieron Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velásquez, quienes participaban de la ocupación, y el policía Alejandro Farfán.

La renuncia y el nombramiento del reemplazante de la máxima autoridad policial de Jujuy se produjeron el sábado, pero las autoridades provinciales lo difundieron recién anoche. El flamante ministro de Gobierno, Hugo Echevarri, informó del cambio y aseguró que el gobierno “tiene evidencias que acreditan que los ocupantes de la tierra utilizaron armas de fuego contra el personal policial”, y añadió que “hay secuestradas tres armas tumberas”. Echevarri consignó que las muertes “no fueron provocadas por balas policiales”. “También tenemos imágenes de una persona usando una escopeta y podemos afirmar que ninguna de las cuatro muertes fue provocada por balas del personal policial”, agregó. El ministro también destacó que el Estado provincial solicitará ser querellante en la causa. “Queremos saber qué intereses existen detrás de este conflicto”, dijo.

El gobierno provincial venía insistiendo en que los efectivos habían concurrido sin armas a realizar el operativo. Sin embargo, las dudas persisten por las víctimas fatales y los más de 60 heridos. Ocupantes del predio aseguraron que “es una total mentira”, la versión “del fuego cruzado, los francotiradores o las balas perdidas”.

Fuentes ligadas a la investigación explicaron que se intenta determinar si eran distintos los calibres de las balas halladas en los cuerpos de los cuatro fallecidos, dado que podían tratarse de una disparada desde una pistola 22 milímetros y otra desde una 9 milímetros.

Los restos de Juan José Velásquez, la cuarta víctima de la represión, fueron sepultados ayer en la localidad de Calilegua. Velásquez falleció el viernes pasado en el hospital Pablo Soria de Jujuy, tras permanecer internado en grave estado luego de recibir un tiro en la cabeza. El hombre, de 37 años, fue enterrado en el cementerio del pueblo; el sepelio fue acompañado por familiares y trabajadores de la municipalidad, donde trabajaba como jardinero.

En tanto, la Corriente Clasista Combativa –agrupación que negoció hasta el día del desalojo con la empresa azucarera, propiedad de la familia Blaquier, para que cediera las tierras a las familias asentadas– participará de una “jornada de lucha” que se llevará a cabo mañana en la Ciudad de Buenos Aires, para manifestar repudio por las muertes producidas. El grupo Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una marcha desde el Congreso nacional hasta la Casa Rosada, cuyos detalles ofrecerá hoy, a las 19, en una conferencia de prensa en la sede de la CTA nacional. La protesta, que se realizará el martes con convocatoria nacional, comenzaría a las 16 de mañana frente al Congreso. La CCC sostuvo que las muertes fueron provocadas por “la brutal represión a las familias” que ocupaban el terreno del Ingenio Ledesma.