Cumplidos los quince días de plazo que habían dado cuando levantaron la mayor parte de las tomas, delegados de doce localidades de Jujuy hicieron ayer una asamblea en la sede de la Tupac Amaru. Allí, la titular de la organización, Milagro Sala, explicó cómo va el plan “Un lote para cada familia que lo necesite”. Los delegados le dieron su aprobación, lo que significa que las familias que ellos representan no volverán a las tomas sino que esperarán a que se les asigne el terreno prometido. De todos modos, en la provincia todavía continúan otras ocupaciones por parte de pobladores que no quieren salir por temor a que no les asignen nada.

La gobernación jujeña publicó el lunes en su página web el listado de unas 20 mil personas que están habilitadas para recibir un lote. Se hizo primero un censo, en el que la Tupac Amaru colaboró cuando fue convocada por el gobernador Walter Barrionuevo para descomprimir el conflicto. Luego la provincia cruzó a los censados con los datos del registro de la propiedad inmueble.

En la asamblea, Sala mostró a los delegados un mapa de cada localidad en el que estaban marcados los predios fiscales que la gobernación prometió destinar al loteo. En algunos casos, como el de la capital provincial, no hay tierras del Estado por lo que se comprarán terrenos privados.

Al promediar la reunión llegó al lugar el titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Facundo Figueroa Caballero, que informó en qué localidades se está trabajando para desmontar, nivelar el terreno y abrir calles.

El funcionario escuchó los reclamos de las localidades donde no se comenzó a hacer la delimitación y aseguró que los trabajos “se realizarán lo más urgente que podamos”. En ese sentido, planteó armar un programa para fijar a qué regiones llevarán las maquinarias próximamente.

Sala apuntó que no quieren “que los terrenos que se ocupen sean nuevos asentamientos, queremos que en esos lugares se construyan viviendas dignas con luz, agua, cloacas, que se haga una urbanización, con escuela y centro de salud”.

“Queremos agradecer la propuesta del gobierno y sabemos que no se pueden hacer todas las cosas de un día para el otro, pero por lo menos ya sabemos que tenemos tierras para construir viviendas”, agregó Sala frente a los delegados de los asentamientos.

Las ocupaciones se intensificaron luego del 28 de julio, cuando la policía local intentó desalojar a unas 600 familias de un predio del ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín. Durante el operativo fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un policía. Hubo además unos 70 heridos.

A mediados de agosto eran más de 150 las tomas, entre predios fiscales, privados y complejos habitacionales. El plan “Un lote para cada familia” fue lanzado en ese momento para dar respuesta al conflicto. Según la policía jujeña, hasta la semana pasada se mantenían todavía setenta ocupaciones.

“En Libertador General San Martín, aunque una parte se levantó, la toma sigue. Ya está aprobado que 40 hectáreas de Ledesma van a ser para lotear, pero a un sector nos quieren mandar muy atrás y por eso hay gente que no quiere salir, y porque no está pasada la máquina ni se hizo todavía ningún trabajo. No hay ningún problema en levantar la toma, pero antes la gente quiere saber dónde va a ir, porque tiene miedo a salir y quedarse sin nada”, señaló a Página/12 desde aquella localidad Aníbal Ibáñez. También quedan tomas en cercanías del aeroclub de San Salvador, en Perico y en zonas rurales, donde el reclamo es de tierras para la producción.

El censo está en proceso de depuración. Según el gobernador Walter Barrionuevo, “se anotaron personas que tienen propiedades, terrenos” o altos ingresos. Terminado el proceso de tachas y enmiendas, la gobernación coordinará su urbanización con el gobierno nacional, que será el que aportará los fondos para la construcción de las viviendas.