Los dirigentes de cuatro gremios aeronáuticos pidieron ayer el traspaso definitivo de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos (JIAA) a manos civiles, tras responsabilizar a la Junta de “ocultar pruebas” del accidente del avión de la empresa SOL, el 18 de mayo pasado, en Río Negro. “Por un llamado anónimo fuimos al lugar y encontramos restos humanos y elementos del avión enterrados”, aseguró ayer en una conferencia Jorge Pérez Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El dirigente también recalcó que hubo personal de la empresa SOL en el peritaje terrestre del que no pudo participar la APLA. “El ingreso lo define el juez, no la Junta, que se lleva lo que considera necesario para el peritaje”, rebatió ayer una fuente de la investigación.

Durante la conferencia, Pérez Tamayo exhibió una serie de fotos sacadas desde el perímetro que determinó la Junta. En una se ve a un operario con campera de la empresa SOL, “incluso, el personal de la JIAA fue llevado por un avión de esa compañía”, dijo el dirigente. Esta última práctica es “común y hasta es requerida por algunas aseguradoras”, señaló una fuente que participó de la investigación del accidente del avión modelo Saab 340A, en el que fallecieron 19 pasajeros y tres tripulantes.

Acompañado por los titulares de gremios del sector como Upsa, AAA y Apa, Pérez Tamayo contó que el juez Leónidas Moldes los dejó recorrer la zona perimetrada el 2 de junio: “Y en esa ocasión encontramos restos óseos y de la aeronave y el juez nos pidió que contáctaramos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se los diéramos, cosa que hicimos constar en un acta”. Después, agregó, hubo rastrillajes ordenados por el juzgado para que se abriera definitivamente la zona. Hasta que el 11 de agosto, relató el dirigente, un llamado anónimo nos alertó sobre ciertos animales carroñeros que merodeaban unos arbustos.

“En una bolsa de residuos patógenos enterrada encontramos restos humanos y también dos luces de alarma que indican cuando hay diferencias entre el instrumental del piloto y el copiloto, es decir, los controles por los que se guían. Esto incluso podría ser un motivo del accidente”, dijo el dirigente. Luego, con una linterna de luz infrarroja sobre las lamparitas, explicó que el filamento extendido era prueba de que estaba prendida esa alarma al momento de la caída del avión. Otras fotos mostraban huesos y hasta una mandíbula “que hubiera facilitado el reconocimiento de las víctimas y la encontramos tirada”, comentó.

Un especialista aeronáutico, que trabajó en el lugar, dijo que lo de las lamparitas “si es cierto, es muy poco profesional que lo hayan dejado en el lugar”. La misma fuente comentó que si la JIAA estaba bajo control militar (el comodoro Gustavo Graziani es su titular en la actualidad) era casi por una cuestión “cultural porque históricamente perteneció a la Fuerza Aérea”. “La tendencia en otros países y en Argentina también –agregó– es que este tipo de organismos sean civiles. Pero lo importante es que sea eficiente y el personal sea idóneo”, remató.

La denuncia quedó a cargo del juez Sergio Torres, quien recibiría hoy las pruebas y caratuló la causa, según Pérez Tamayo, como “hecho ilícito”. Según las fuentes consultadas de la investigación, los dirigentes también deberán ratificar sus dichos ante el juez Moldes.