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Raquel Angela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que tenía un año y medio.

En el juicio se determinó que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.

El parto se habría producido el 3 de marzo. Fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense, y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.

Los mellizos fueron internados enseguida como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008. El mellizo varón continúa desaparecido.

Los abogados querellantes plantearon que los represores trazaron una “versión falseada” para simular que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo; mientras que los fiscales también destacaron el rol que tuvieron otros integrantes del engranaje represivo que no están sentados en el banquillo de los acusados por haber fallecido antes del juicio, como es el caso de los jefes del Segundo Cuerpo de Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui; el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 Alcides Juvenal Pozzi; y mencionaron también a Juan Carlos Trimarco, jefe de la represión en Entre Ríos, quien fue declarado inimputable y se le suspendió el proceso penal en su contra. De la misma manera, apuntaron contra Luis Levin y Luis Beret, director y subdirector del Hospital Militar.