El procurador general, Esteban Righi, le recomendó a la Corte Suprema que levante la medida cautelar que mantiene al grupo Clarín exceptuado por lo menos hasta diciembre de 2013 de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión en el plazo de un año, como dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según un dictamen que firmó ayer, la última resolución que favoreció al multimedio, dispuesta por la Cámara Civil, no cumple con requisitos básicos y “ha soslayado la ineludible consideración del interés público” del caso que “se traduce –afirma Ri-ghi– en el objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación”. Ahora, el máximo tribunal tiene vía libre para resolver el asunto, aunque días atrás desde su presidencia hicieron saber que no tienen apuro.

“Lo que se intenta” con la ley de medios –sostiene el texto del procurador– “no es afectar la libertad de prensa y de expresión sino, antes bien, que se multipliquen los canales de comunicación audiovisual, lo que conduce a una mejor información para la ciudadanía.” Partiendo de la base de que las medidas cautelares tienen entre sus objetivos centrales el de evitar daños irreparables a futuro (mientras se discute la cuestión de fondo), Righi plantea que en este caso quien corre el mayor riesgo no es Clarín sino el Estado, ya que “se impide dar plena vigencia” a la norma. La empresa alega que puede quedar afectada su situación patrimonial definitivamente y reivindica el derecho de propiedad, argumentos de los que se hizo eco la Cámara. Pero el dictamen postula que nada impediría su “resarcimiento” en caso de demostrar pérdidas para el día que la Justicia defina la legalidad del artículo 161, que fija el plazo de desinversión.

La ley fue aprobada en octubre de 2009 y reglamentada un año después. Entre las modificaciones que introdujo en el mercado de medios, limitó las licencias de cable a 24 por empresa (a Clarín se le atribuyen 225 en las apelaciones del Estado); sólo una señal de generación propia por cada licencia (desde el Gobierno le adjudican once licencias, incluidas participaciones accionarias no declaradas); y diez estaciones de radio y televisión abierta en total (ahora tienen ocho y cuatro respectivamente). La norma fue atacada en los tribunales de distintas maneras. Hubo pedidos para suspender íntegra su aplicación, al que accedieron jueces de distintas provincias, hasta que la Corte Suprema frenó esas resoluciones advirtiendo a los tribunales que no pueden paralizar la aplicación de una ley con efectos generales para reeditar un debate parlamentario que no conformó a determinados sectores. A su vez, hubo empresas que se presentaron en la Justicia con cuestionamientos de constitucionalidad a artículos puntuales de la ley, como el que obliga a desinvertir en un año, entre otros.

Clarín consiguió una medida cautelar en primera instancia, confirmada por la Cámara Civil, con argumentos en ambos casos en defensa del derecho de propiedad. Luego, el expediente, motorizado por los abogados del Estado, llegó a la Corte, que dejó en pie la medida de no innovar, pero advirtió que no podía ser por tiempo indefinido, porque de ese modo se podría convertir en una sentencia anticipada a favor del grupo empresario. Habló de un “plazo razonable”, que no fijó. Tampoco quiso fijarlo el juez (jubilado luego) Edmundo Carbone, pero lo hizo la Cámara, que puso 36 meses, lo que deja al multimedio exceptuado de desinvertir por lo menos hasta diciembre del año que viene, a la espera de una definición sobre la cuestión en debate, que es la validez de aspectos puntuales de la ley.

El Estado volvió a recurrir ante la Corte, que en la primera ocasión no le había pedido opinión al procurador, aunque esta vez sí lo hizo. Uno de los argumentos estatales que respalda es el que dice: “la cautelar, al permitir a su beneficiaria el mantenimiento de la concentración de licencias muy por encima del tope establecido por la ley, retarda y obstaculiza de tal modo el proceso de incorporación de nuevos prestadores, pequeños y medianos, al mercado, que conspira contra sus propósitos de obtener una diversidad de oferta de contenidos, en un marco de libre competencia”.

Righi, en rigor, dice que la medida cautelar nunca estuvo “legítimamente concedida” porque sus fundamentos no satisfacen dos de sus requisitos elementales: tendría que quedar demostrada una “ilegitimidad manifiesta” de la ley y debería acreditarse un “peligro en la demora” que justifique una decisión preventiva para evitar un resultado irreversible. Para el procurador no surge ninguna de esas dos cosas. Pero agrega otros condimentos: “La Cámara ha soslayado las argumentaciones de esa parte (el Estado) en cuanto a que se prorrogó el plazo de adecuación al régimen de la ley, así como que el mantenimiento de la cautelar impide dar plena vigencia a aquella con grave afectación del interés público”. Recuerda que la medida cautelar original es de diciembre de 2009, pero el plazo de de-sinversión empezó a regir desde octubre de 2010 (con la reglamentación) y, aunque venció un año después, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) dio una prórroga de 60 días. Para Righi, el transcurso real de dos años por cuestiones administrativas debilita los cuestionamientos al “plazo exiguo otorgado por la ley” señalado por Clarín. Apunta que la Cámara debió haber contemplado esas cuestiones y le critica que tampoco “da respuesta válida a objeciones serias y fundadas por el Estado Nacional”.

La Corte puede tener en cuenta o no las opiniones de Righi al momento de resolver. Cuando, dos semanas atrás, la presidenta Cristina Kirchner dijo que la ley de medios “tuvo dificultades jurídicas como nunca tuvo una ley”, desde el máximo tribunal algunas voces reaccionaron y dijeron que “no es cierto que la Justicia esté paralizando la ley, que está vigente”.