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Durante el período preelectoral, muchos me preguntaban qué podía llegar a significar la denominada “profundización del modelo”. En esas entrevistas, trataba de explicar que no había que esperar grandes sorpresas y que, en todo caso, se trataría de avanzar nuevos pasos sobre caminos ya trazados, buscando concretar los objetivos aún no conseguidos plenamente. La agenda de temas incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias realizado por la Presidenta va en este sentido.

El proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 2012 al que dimos media sanción la semana pasada en Diputados ratifica el rumbo trazado desde el 25 de mayo de 2003: superávit gemelos, tipo de cambio competitivo, desendeudamiento externo y activo rol del Banco Central a través de la utilización de las reservas acumuladas. El Presupuesto 2012 incrementa partidas para obras de infraestructura claves, genera fuentes de financiamiento para avanzar en proyectos de envergadura (como el Gasoducto del NEA, histórico reclamo de las provincias del norte argentino), aumenta fondos para educación, ciencia y tecnología. Esto refleja una actitud que el Gobierno ya sostuvo en 2009, con los primeros coletazos de la crisis financiera internacional: el Estado, de ser necesario, tiene todas las herramientas suficientes para ubicarse en el centro del dispositivo económico con la finalidad de sostener, aun con las turbulencias externas, el proceso de crecimiento e inclusión social más continuado de la historia argentina. Por eso la prórroga de la Ley de Emergencia, otra de las leyes tratadas. Contar con un Estado fuerte es condición necesaria (aunque no suficiente) para atravesar con éxito la crisis internacional.

Por otra parte, el nuevo régimen de los trabajadores rurales significa un avance en materia de derechos sociales y laborales. La legislación que impulsamos retoma el rumbo impulsado por Perón en 1944, camino interrumpido a sangre y fuego por las dictaduras, en especial la última que, en 1980, desarmó la arquitectura de derechos en beneficio de los trabajadores rurales creada por el primer peronismo. Que las patronales rurales se hayan manifestado en contra de la ley que obtuvo media sanción en Diputados es una señal de que vamos por el camino correcto. Con la nueva ley, se establece que los trabajadores agrarios quedan comprendidos dentro del Régimen de Convenciones Colectivas; una jornada de 8 horas y 44 horas semanales; la limitación de la jornada nocturna; la baja en la edad jubilatoria de 65 a 57 años; el descanso semanal con sábado inglés; licencia por paternidad de 15 días; y los trabajadores denominados no permanentes, que constituyen más de dos tercios del total de los trabajadores del sector, adquieren los mismos derechos de los que gozan los trabajadores temporarios incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Lo mismo puede decirse del proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de pasta de celulosa para papel de diarios. Lejos de significar potenciales límites a la libertad de expresión, el proyecto apunta al centro de una cuestión que tiene más de 35 años de historia. La provisión equitativa de un insumo básico para la prensa gráfica, la regulación del precio del papel, la participación de los medios del interior en la planificación de la distribución del insumo y el monitoreo de una comisión bicameral de seguimiento de la aplicación de la nueva ley constituirán avances sustanciales respecto del actual statu quo, donde apenas dos diarios terminan imponiendo las reglas de juego al conjunto de las empresas periodísticas. La ley con media sanción de Diputados implica una profundización en la línea marcada por la ley de medios: queremos más voces y más diarios con capacidad de comunicar sus ideas sin las restricciones impuestas por actitudes monopólicas de las empresas que ostentan posición dominante en el mercado.

La decisión de modificar el régimen penal tributario y de consagrar nuevos delitos contra el orden económico-financiero, se inscribe en el marco de políticas fiscales y penales de estricto cumplimiento a las obligaciones impositivas, que facilitan la persecución y el castigo a los grandes evasores e impiden que éstos sigan especulando con pagar toda la deuda o solicitar la probation (suspensión del juicio a prueba) para terminar con la causa penal. En el profundo convencimiento de que la evasión es un acto de egoísmo por parte de quienes más tienen en detrimento de aquellos desprotegidos que más necesitan de las políticas inclusivas del Estado, ya en 2003 ante la Asamblea Legislativa el ex presidente Néstor Kirchner había prometido “traje a rayas para los evasores”. Hoy, estas medidas, además de saldar aquella deuda, persiguen beneficios para toda la sociedad y son un ejemplo de solidaridad social.

Finalmente, el proyecto de limitación de la extranjerización de tierras recupera la significación estratégica de la tierra como recurso natural escaso y no renovable para la soberanía económica e independencia de un pueblo. La ley intenta regular –no prohibir– los derechos de los extranjeros sobre las tierras rurales, en ejercicio de las competencias constitucionales propias del Congreso. Además de limitar el dominio y posesión de tierras rurales en manos de extranjeros (en un 15 por ciento en el país, por municipio y por provincia; en un 30 por ciento por nacionalidad extranjera; y en 1000 hectáreas en la zona núcleo o cantidad equivalente por propietario extranjero), el proyecto crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, con el objeto de obtener información real sobre la titularidad dominial y la situación de ocupación de las tierras rurales en todo el país.

El paquete de leyes que tratamos los diputados y que debatirán los senadores en los próximos días representa un real avance hacia el país que queremos construir. La profundización del modelo implica seguir avanzando en políticas públicas que continúen el rumbo trazado por Kirchner en mayo de 2003 y profundizado por Cristina desde 2007. La nueva composición del Congreso será una herramienta al servicio de estos objetivos.

* Presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria.