Desde Rosario

La decisión de un tribunal federal de otorgarles salidas transitorias a tres condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión ilegal en Santa Fe causó enérgica indignación en víctimas y querellantes de la llamada causa “Brusa” y también mereció el cuestionamiento del Ejecutivo provincial.

La abogada Lucila Puyol expresó su decepción por la decisión de los conjueces Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto López Arango y la atribuyó a “presiones políticas”. Patricia Isasa, secuestrada y torturada por la dictadura en la capital santafesina, consideró “un espanto darle semejante privilegio a asesinos seriales”. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alertó sobre “el impacto que estas medidas representa en víctimas y testigos” y reclamó a la Justicia Federal que “acelere el trámite de causas en instrucción y la confirmación de sentencias por parte de la Cámara de Casación para evitar el otorgamiento de beneficios a este tipo de imputados en graves delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”.

Los conjueces que integran el Tribunal Oral Federal santafesino habilitaron a partir del 29 de diciembre pasado el régimen de salidas transitorias quincenales para el ex juez Víctor Brusa, el ex policía Eduardo Curro Ramos y la ex guardiacárcel María Rosa Aebi, quienes habían sido condenados en 2009 a penas de entre 19 y 22 años de prisión. Había sido la primera sentencia en Santa Fe por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Pero una singular interpretación de los miembros del tribunal hizo que los tres reos pasaran fin de año en sus hogares.

Puyol recordó que “este tribunal, que en su momento había dado una sentencia ejemplificadora, hoy termina en una decisión escandalosa, permitiendo que represores que tienen aún causas abiertas gocen de un privilegio que no tienen condenados por delitos comunes”. La querellante atribuyó la situación a “presiones políticas” que influyeron sobre los conjueces y le apuntó a la cuestionada Cámara de Casación Penal como responsable de esta situación al demorarse en dictar sentencia firme en una causa que se había resuelto hace dos años. El fiscal federal Martín Suárez Faisal, que apeló la excarcelación transitoria, objetó que los conjueces “hayan aplicado el criterio de la llamada ley del 2 por 1, que fue derogada en 2001, antes de que comenzaran estos juicios”.

Puyol representa a los familiares de Silvia Suppo, testigo clave en la causa Brusa pero que fue asesinada en marzo de 2010, en Rafaela. Esta abogada comparó la mesa de fin de año de esa familia, con la que habrán disfrutado los represores privilegiados. “Es imprescindible que estén en cárcel común y sin salidas. Cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Acaso sus familias garantizarán que no se fugarán ni obstruirán el accionar de la Justicia?”, planteó.

Patricia Isasa, querellante en la misma causa, calificó de “espanto” la resolución del tribunal: “No se puede dar semejante privilegio a verdaderos genocidas”, afirmó. Y dijo no entender cómo le dieron el beneficio a Ramos, “una persona desquiciada, con rasgos psicóticos”, describió. Isasa reiteró la denuncia que hizo durante el juicio oral: “Todas las mujeres que estuvimos detenidas fuimos abusadas, mataron de manera organizada, robaron y perjudicaron a cientos de personas, destruyeron familias. No se les puede dar semejante privilegio”.

En el mismo sentido, el Ministerio de Justicia de Santa Fe emitió un comunicado en el que advierte “un estado creciente de inquietud entre testigos, víctimas y familiares, que con esta nueva situación pueden ver afectada su seguridad e integridad física y psíquica”. La cartera que dirige Juan Lewis exhortó a que se resuelva el pedido de prisión preventiva que la fiscalía planteó en otra causa en la que están imputados Brusa, Ramos y Aebi. “De esa manera, no sería posible que continuara el beneficio de las salidas transitorias”, indicaron.