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El 10 de diciembre marcó el inicio del segundo período de Gobierno, tanto para el Estado nacional como para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguramente los días siguientes a ese importante momento sellaron la impronta que tendrá cada gestión durante los próximos cuatro años. Coincidentemente, las primeras acciones emprendidas por Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri pusieron en evidencia el papel que cada uno de ellos confirió a sus respectivas legislaturas.

Paradójicamente, fueron acciones desarrolladas con el signo opuesto. Cristina volvió a confiar en la institucionalidad del voto y en la legitimidad democrática que otorga la aprobación mayoritaria por parte del Congreso de la Nación de doce nuevas leyes. Macri, en cambio, puso en evidencia la esencia de las políticas que piensa llevar a cabo a partir del veto de un número importante de leyes que había votado mayoritariamente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho en otras palabras, Cristina desplegó su estrategia de gobierno basada en el voto de la mayoría de los diputados y senadores surgidos del mandato popular, y Macri en el veto de las iniciativas aprobadas por los representantes del pueblo.

El cambio de la relación de fuerzas en el Congreso Nacional y la constitución de una nueva mayoría terminó con la capacidad de obstrucción legislativa que llevó adelante el Grupo A durante los últimos dos años. Los medios de comunicación que se quejaban por la escasa actividad del Congreso, sin señalar quiénes trababan su accionar, ahora se quejaron por el tratamiento express de las iniciativas, sin aclarar que las leyes aprobadas llevaban meses postergadas en las comisiones de trabajo donde, en su totalidad, tenía mayoría la oposición.

Las leyes votadas en diciembre último sintetizan la continuidad del rumbo emprendido en 2003 y caracterizan el nuevo período gubernamental. Por ejemplo, la aprobación del Presupuesto y las leyes económicas reflejan la voluntad de aplicar políticas que sostengan el crecimiento, la producción, el trabajo, la educación y la distribución de la riqueza en un contexto internacional de crisis económica donde predominan las recetas de “enfriamiento”, recesión y ajuste que recaen sobre las espaldas de quienes menos tienen. Otras de las leyes votadas apuntan a ampliar los horizontes de los derechos: el acceso igualitario al papel de diario para garantizar la libertad de expresión en un caso y de la postergada conquista de condiciones laborales dignas para los trabajadores rurales, en otro. También se dio respuesta a otra demanda histórica vinculada con la soberanía y la defensa de los intereses nacionales: se puso límite a la extranjerización de nuestras tierras y se incorporaron delitos financieros al Código Penal, para castigar a quienes especulan con estrategias delictivas hasta ahora sólo punibles como actos administrativos.

El propio tratamiento del polémico proyecto de ley antiterrorista mostró que el Congreso no funciona como una escribanía del Ejecutivo. Las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados permitieron incorporar en el artículo 3 que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o cualquier otro derecho constitucional”. También el debate permitió que el artículo 7 colocara en la órbita de la Justicia federal los casos comprendidos por esta ley, evitando las posibles arbitrariedades cometidas por las justicias locales. Los aportes de legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y de otras fuerzas políticas permitieron que la totalidad de las leyes aprobadas pudieran ampliar el espectro de bloques que las apoyaron. De esta manera, junto con la legalidad, las leyes que inauguraron el nuevo mandato de Cristina también contaron con la legitimidad de concitar amplias mayorías parlamentarias que superaron largamente la cantidad de legisladores del oficialismo.

La Legislatura de la Ciudad también trabajó fuertemente a partir de la asunción del nuevo mandato del jefe de Gobierno, sin embargo para los medios dominantes en este caso no se trató de una modalidad express. Por supuesto, los lineamientos de las políticas del Gobierno que reasumió se podrían analizar en base a las leyes votadas, como un presupuesto de notorias características regresivas y otras destinadas a cercenar derechos de ciudadanos y particularmente de los trabajadores. No obstante, es en los vetos donde se desnuda la esencia de la orientación política del jefe de Gobierno. Entre el 13 y el 23 de diciembre el ingeniero Macri vetó cuatro leyes: 1) la creación de un área específica destinada a la atención de la problemática del deudor sobreendeudado; 2) la adhesión a la Ley Nacional 22.341 para informar a las personas con discapacidad del derecho a viajar gratuitamente en transporte de media y larga distancia; 3) la prórroga por seis años a la protección de las 29 fábricas recuperadas por los trabajadores en la CABA; 4) la adhesión a la Ley Nacional 26.567 que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica.

Cabe destacar que las primeras tres leyes fueron votadas por unanimidad, es decir que el veto del Ejecutivo también desautorizó el voto del bloque del PRO. En el caso de las leyes 26.567 y 22.341 se da un hecho curioso, el bloque del PRO en el Congreso de la Nación encabezado por Federico Pinedo las votó afirmativamente, por lo tanto se puede inferir que el PRO considera que el derecho de los ciudadanos de tener la seguridad de comprar los remedios en las farmacias y de estar informado sobre los beneficios de los discapacitados para realizar viajes, debe estar vedado sólo a los porteños.

Ahora bien, lo que más llama la atención después de esta breve descripción de lo sucedido es que los medios hegemónicos no manifiesten que existe una lesión grave a las instituciones en los 84 vetos a leyes aprobadas por la Legislatura que implementó el jefe de Gobierno desde que asumió. Sí, en cambio, pretenden generar incertidumbre por el respeto al ejercicio de las libertades democráticas por parte de la Presidenta y alarman con la posibilidad de que el país esté a punto de caer en el autoritarismo por el contenido de las leyes aprobadas democráticamente en el Congreso de la Nación, por tomar decisiones (según su versión sin consultar a nadie) que constitucionalmente incumben a su investidura.

En estos días, hemos leído con asombro que en un país hermano intentó minimizar para la enseñanza la diferencia entre los conceptos de dictadura y democracia. En estas tierras habría que enfatizar que, respecto de la vigencia plena de la institucionalidad democrática, nunca los votos fueron más peligrosos que los vetos.

* Senador nacional (FpV).