El Gobierno respaldó ante la Justicia la continuidad en el cargo del juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi, quien había sido cuestionado por abogados que litigan en el máximo tribunal y que consideraron que tras cumplir 75 años, en noviembre de 2010, dejó de ser juez al no obtener un nuevo acuerdo del Senado. Sus resoluciones, argumentaban, no tenían validez. Ante ese escenario, el magistrado promovió a mitad del año pasado una “acción declarativa” en el fuero contencioso administrativo y obtuvo una medida cautelar que lo reafirmó en su puesto mientras seguía la discusión de fondo. El Ministerio de Justicia estaba facultado para oponerse a través de la contestación de la demanda. Pero eso no sólo no ocurrió sino que, en una presentación de comienzos de diciembre, la cartera directamente planteó que no había caso judicial que discutir.

El escrito presentado por el ministerio a cargo de Julio Alak fue redactado de manera tal de avalar exclusivamente a Petracchi, pero a la vez evitar que los argumentos se puedan trasladar automáticamente a cualquier otro juez que pase la barrera de los 75 años. Dice, en esencia, según pudo confirmar Página/12, que no hay pruebas de que alguna “autoridad competente” haya intimado al juez supremo a iniciar los trámites jubilatorios ni que se haya iniciado ningún trámite administrativo que lo obligue a dejar la toga. De ahí que el razonamiento sea que no hay causa judicial.

Según la Constitución, reformada en 1994, los jueces se jubilan a los 75 años a menos que obtengan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más, nombramiento que se puede repetir en adelante indefinidamente. Cuando Carlos Fayt –que ahora tiene 93 años– estaba por llegar a esa edad bisagra, promovió un amparo y finalmente logró que la propia Corte, en 1999, declarara inválida la exigencia constitucional para obtener un nuevo nombramiento. El fallo, como todos los de la Corte, era exclusivamente para su caso. Cuando Augusto Belluscio cumplió los 75, en 2005, se jubiló de inmediato. Petracchi, que ya tiene 76 años, siguió en su despacho sin hacer planteo alguno. Su situación tampoco fue tema en el Senado, ni se pronunciaron el Ejecutivo, ni la Corte Suprema. En cambio, los “peros” llegaron de abogados que tienen juicios en el máximo tribunal y que consideraron que sus votos eran nulos. Hubo quien lo dio por jubilado y quien reclamó que los jueces supremos establecieran los alcances del antecedente de Fayt.

En la Corte nadie quiso decir nada en ningún sentido, pero más de un magistrado le hizo llegar a Petracchi la sugerencia de que buscara respaldo en algún otro rincón de la Justicia. Fue entonces que presentó una “acción declarativa” y pidió una medida de no innovar para “impedir que se afecte la vigencia de su nombramiento como ministro de la Corte (...) hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto”. Sostuvo que “el límite de 75 años” que plantea la Constitución afecta el “carácter vitalicio” de los jueces, una condición que –argumentó por escrito– “obra como garantía de independencia”. Su situación, alegó, debería ser resuelta en función de la “doctrina del caso Fayt”. Y advirtió que los planteos de nulidad de sus pronunciamientos “alimentan la incertidumbre entre los litigantes” y afectan el “regular funcionamiento del tribunal”. En julio último, en plenas vacaciones de invierno, el juez en lo contencioso administrativo de turno, Pablo Cayssials, le concedió la cautelar en una decisión de dos páginas donde advertía que, si no se lo confirmaba en el cargo, el “peligro en la demora” podría hacer inviable la aplicación de una decisión definitiva a futuro.

Esa medida cautelar quedó en pie porque el Gobierno no la cuestionó. Tampoco quiso entrar (al momento de responder la demanda un mes atrás) en el debate sobre la legalidad del requisito constitucional de obtener un nuevo acuerdo a partir de cierta edad, aunque podía hacerlo. El Ministerio de Justicia dijo que no estaban dadas las condiciones para admitir la acción declarativa, pero hizo eje en que no había nada que sustente una batalla judicial. Siguiendo este razonamiento, y según explicaron allegados al expediente, a menos que el Senado, la propia Corte o el Poder Ejecutivo le pidan a Petracchi, por ejemplo, que se jubile, está todo dado para que siga en funciones.

El primer abogado que hizo un planteo en la Corte fue Germán González Campaña, defensor de Eduardo Sukiassian, condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio al haber atropellado y quitado la vida en 2002 a Kevin Sedano. Como la sentencia fue confirmada el año pasado con cuatro votos y uno era de Petracchi, el letrado estimó que era una mayoría “inexistente”. Consideró “de interés público que se aclare el alcance y la vigencia del precedente Fayt”. Aun así, razonaba que para Petracchi, que cumplió los 75 después de la reforma constitucional, no había “un derecho adquirido”. Algo similar sostuvo el abogado Miguel Angel Almeyra, en representación de Gastón Samohano, uno de los policías condenados por haber torturado y obligado a Ezequiel Demonty a tirarse al Riachuelo, donde murió ahogado. Almeyra dijo que Petracchi ya no es juez y que debió haber hecho su reclamo judicial antes de cumplir la edad jubilatoria.

La Corte, en ambos casos, consideró que no tenía motivos para pronunciarse. El Gobierno despejó el camino para que Petracchi –quien integra la Corte desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín– siga entre los supremos.