Ricardo Alfonsín, Martín Sabbatella, Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas.

La oposición salió a marcar la responsabilidad del gobierno nacional en el accidente tras advertir que no controló a Trenes de Buenos Aires. Desde el radicalismo pidieron que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, concurra al Congreso a dar explicaciones; además, numerosos legisladores, entre ellos algunos aliados de la Casa Rosada, como Martín Sabbatella, consideraron que hay que revocarle a TBA la concesión.

El cineasta y diputado nacional Fernando “Pino” Solanas señaló que los riesgos por las deficiencias en el funcionamiento de los trenes fueron “denunciados muchas veces por un organismo público como la Auditoría General de la Nación, (pero) todos se hicieron los sordos”. Director del documental La próxima estación, sobre la privatización de los ferrocarriles y sus consecuencias, Solanas impulsó más de una campaña por la recuperación del sistema ferroviario. Ayer centró sus críticas en el kirchnerismo, al que acusó de haber conservado para los trenes la regulación de los ’90. “Me pregunto por qué la Presidenta se empeña en mantener el mismo sistema”, planteó.

Solanas reiteró su denuncia sobre la existencia de un “triángulo de la corrupción, que viene de la época de Menem, formado entre la Secretaría de Transporte, la dirigencia sindical patronal y la concesionaria” y resaltó que el actual sistema es el mismo que “ideó Carlos Menem, los mismos concesionarios” así como la “misma dirigencia sindical”.

En ese sentido, añadió que el marco legal, que data del gobierno menemista, “está pensado para que nadie asuma la responsabilidad porque la Ley de Emergencia Ferroviaria, que se renueva todos los años, exime de responsabilidades a los concesionarios”.

Los radicales pusieron el foco en el secretario Juan Pablo Schiavi. El bloque de diputados de la UCR lo citó “de urgencia” para que se presente “a dar explicaciones sobre el estado de las concesiones”.

“Espero que después de la lamentable tragedia en la terminal ferroviaria de Once, el secretario de Transporte no se niegue a concurrir al Congreso a explicar públicamente las razones del accidente y a responder las preguntas acerca de la situación y el estado de las concesiones ferroviarias, así como los controles que ejerce el Estado sobre las mismas. En varias oportunidades, hemos denunciado las desinversiones”, señaló Ricardo Alfonsín en su cuenta de Twitter.

También en Twitter, el senador Ernesto Sanz denunció: “El kirchnerismo recupera Aerolíneas y le destina dólares día a día. Los trenes que usan millones de argentinos cotidianamente son territorio liberado, de desinversión y deterioro”.

La diputada Carrió aseguró por su parte que lo sucedido “es el resultado de la corrupción de los gobernantes que apañan a empresarios inescrupulosos y de jueces que no investigan ni condenan delitos públicos ni privados”. Sus antiguos socios de la Mesa de Conducción de la Coalición Cívica-ARI sacaron un comunicado de prensa. “Hoy no es momento de hablar, sino de estar cerca de las víctimas fatales y de quienes trabajan en su atención”, indicaron, tras sostener que “este hecho es una prueba clara de que la corrupción también mata”.

Un aliado del Gobierno, el diputado Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), planteó que hay que revocarle a TBA la concesión. “Hay que investigar seriamente qué sucedió en Once, pero es probable que la conclusión sea la misma de siempre: hay que sacarle la concesión a TBA.”

Otros legisladores remarcaron que los trabajadores del Sarmiento venían anticipando los riesgos de un accidente grave. El senador Jaime Linares (GEN) se quejó de que el Gobierno “haya hecho caso omiso a las recomendaciones de los informes de la Auditoría General de la Nación sobre TBA, de la denuncia permanente de los trabajadores ferroviarios y de varios proyectos de ley de todo el arco opositor durante el 2010”, porque “la tragedia podría haberse evitado”.

Desde la izquierda, Vilma Ripoll (Movimiento Socialista de los Trabajadores) añadió que “TBA y (la Secretaría de) Transporte son responsables de este nuevo Cromañón anunciado. Exigimos que renuncie Schiavi, caiga la concesión y paguen los responsables de tanta muerte. Los trabajadores y delegados venían denunciando la posibilidad de otro accidente, el ferrocarril debe pasar al Estado con control de trabajadores y usuarios”.

El economista Claudio Lozano, diputado del Frente Amplio Progresista, dijo que “la irracionalidad de la política ferroviaria del gobierno nacional se expresa, entre otras cosas, en el hecho de que la firma concesionaria TBA es una firma perteneciente al Grupo Económico Cometrans, que a su vez posee la empresa Grupo Plaza, que concesiona diversas líneas de transporte público de pasajeros en colectivos de media y larga distancia. El más elemental principio del más elemental manual de regulación pública enseña que no es aconsejable otorgar al mismo grupo económico la concesión de dos sistemas de transporte que, para buscar mejor eficiencia en el servicio, deben competir entre sí para brindar mejores servicios al usuario”.