Sergio Schoklender ya no exhibía ayer la locuacidad de hace algunos meses, cuando repartía acusaciones en todas las direcciones, incluso hacia Hebe de Bonafini, la mujer que en otros tiempos decía sentirlo como a un hijo y que lo había llevado a trabajar en Madres de Plaza de Mayo cuando en 1995 cumplió la condena por el asesinato de sus padres. Desde la mañana temprano deambulaba por los tribunales federales con un cigarrillo en la mano mientras esperaba su cita para la indagatoria con el juez Norberto Oyarbide. Antes de entrar, se limitó a decir que contestaría todo lo que le preguntaran. Pero una vez frente al magistrado, que le mostró 175 páginas de imputaciones sobre su responsabilidad en el desvío de millones de pesos que el gobierno nacional y los de algunas provincias les habían dado a las Madres para construir viviendas sociales, no abrió la boca. Recibió la noticia de su detención impasible y se fue esposado cerca de las 14.30, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de cometer un doble fraude: contra la administración pública y la fundación que preside Bonafini, de la que era apoderado. Al atardecer se entregó el menor de los hermanos, Pablo Schoklender, implicado en los mismos delitos, pero en el papel de organizador. También quedó preso el ex contador de la entidad, Alejandro Gotkin.

Oyarbide dispuso que los tres queden detenidos con el argumento de que existe riesgo de que entorpezcan la investigación. Si bien hasta ahora ninguno de ellos pidió su excarcelación, es factible que lo hagan en las próximas horas, ya que los abogados consideran que las detenciones son “extemporáneas” en una causa que lleva casi un año.

El juez estuvo presente durante casi toda la audiencia –algo inusual– con el mayor de los Schoklender, quien a su vez fue acompañado por la defensora oficial Perla Martínez de Buck. Cuando comenzaron a leerle las imputaciones, Schoklender notó que no se limitaban a las que ya había hecho el fiscal Jorge Di Lello, sino que la lista había crecido con el hallazgo de facturas falsas, balances contables adulterados y algunas precisiones sobre “irregularidades” en obras y compra de terrenos. Pero uno de los principales mecanismos por los que el juzgado sostiene que los Schoklender defraudaron al Estado y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo consistió en que “gran cantidad de fondos” públicos que la entidad recibía “salieron” de sus cuentas, autorizados por los hermanos (en carácter de apoderados), quienes los transferían a sus propias cuentas bancarias o a empresas vinculadas con ellos que no daban ninguna contraprestación. A menudo hacían retiros en efectivo, lo que dificulta la reconstrucción de la ruta del dinero. También utilizaban financieras para “evadir impuestos y/o posibilitar el cobro”.

Nombres y números

Por el cálculo que habían hecho en la fiscalía de Di Lello al pedir las indagatorias a fines del año pasado, la defraudación podía llegar a cifras cercanas a los 50 millones de pesos. La sumatoria de las maniobras de desvío que Oyarbide le adjudicó a Sergio Schoklender rondan los 260 millones de pesos. El monto que el Ministerio de Planificación informó que adjudicó para la Misión Sueños Compartidos de las Madres para construir barrios enteros con casas de paneles móviles –una tecnología que introdujo Sergio Schoklender– ascendía a 765 millones de pesos. La “asociación ilícita” que el juez considera que habría tejido la operatoria para desviar al menos parte de esa suma funcionó a partir de 2005 y está –según el juzgado– conformada por al menos dieciséis personas, entre quienes figuran Alejandra Bonafini (hija de Hebe de Bonafini), la ex mujer del mayor de los Schoklender, Viviana Sala, también Patricia Alonso (quien fuera mano derecha del ex apoderado), el ex ministro porteño y ex titular de la Corporación Sur Enrique Rodríguez, el piloto Gustavo Serventich que manejaba los aviones adquiridos por Sergio, entre otros. Las indagatorias previstas son treinta.

Gotkin quedó detenido en su casa de la calle Conde y ayer permanecía en la Alcaidía de Tribunales. A Pablo Schoklender, efectivos de la Policía Federal le allanaron el domicilio, en Juncal y Godoy Cruz, pero no lo encontraron allí. Ante la orden de detención, se reunió con su abogado, Pablo Slonimsqui, y con su novia Noelia. Al atardecer se entregó en la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía, en Palermo, por indicación del juzgado. Debajo de la remera, llevaba la camiseta de Atlanta y en su bolso metió el libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano, que había pedido que le compraran un rato antes. Quienes lo vieron llegar dijeron que su gesto era de “tristeza”. A la noche su novia le acercó más ropa y medicamentos para el colesterol.

Oyarbide tiene 48 horas para indagar a Gotkin y a Pablo Schoklender. Los abogados suponen que los cargos serán muy similares a los de Sergio, quien le aclaró al magistrado que en cuanto analice las nuevas imputaciones estaría dispuesto a contestar preguntas. En su caso, pidió que su lugar de detención sea el penal de Ezeiza. En un juicio oral, el delito de asociación ilícita puede depararles, por el papel que se les atribuye en la organización, penas de entre cinco y diez años de prisión. La defraudación tiene un máximo de seis años de cárcel. Oyarbide no les imputó lavado de dinero porque considera que esta causa está afectada a la ley previa a la reforma del año pasado y no contemplaba la posibilidad de imputar el “autolavado” (exige juzgar por separado a quien comete el delito “precedente” que da lugar al lavado y al que blanquea).

La descripción del papel de Gotkin como organizador encuentra su explicación en su papel de contador y ex empleado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y en su función directiva en dos sociedades sin actividad comercial que tanto la fiscalía como el juzgado han señalado como pantallas para sacar los fondos públicos de la entidad y darles otro destino: Meldorek y Antártica. El 90 por ciento de Meldorek es de Sergio Schoklender, el resto del piloto Serventich. Ambas firmas utilizadas, según concluyó el juez, para hacer transferencias bancarias y también para realizar operaciones, como compra de terrenos con dinero de la Fundación para fines no contemplados en sus proyectos. La hipótesis judicial es que el dinero fue para enriquecimiento personal de los Schoklender y al menos parte de su entorno. Otra firma, Construcciones Calificadas, se habría usado para construir y eventualmente comercializar (con los materiales de las Madres) viviendas para uso privado.

Terrenos, barcos

La lista de imputaciones señala, entre las más novedosas, que hubo dinero que por lo menos el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco y Salta entregaron a Sueños Compartidos “para la realización de obras”, que “no estaría en concordancia con las obras realizadas”. En algunos casos habría obras inconclusas, o sin hacer, o que no cumplen los requisitos pactados, aunque todavía está pendiente un estudio de peritos de la Corte sobre esto. Hay 36 obras cuestionadas. Lo que está probado, según el juzgado, es la compra de terrenos con plata del plan de viviendas que tuvo cualquier otro uso. Un caso sería el de la megaquinta de José C. Paz de Schoklender, que se conoció al comienzo de la investigación; o la compra en Chaco de un terreno con recursos de la fundación que era para construir casas y terminó vendido a Meldorek. Supuestamente iban a poner una fábrica de paneles “aunque la Fundación ya tenía su propia fábrica”. También hay sospechas sobre compra de terrenos en Misiones, Santa Fe y en Tartagal, donde incluso se iba construir un hospital que quedó a medio camino y se harían casas para víctimas del alud. Entre otros usos indebidos de los fondos se señala la compra de dos barcos: Aragorn, que luego se entregó en parte de pago de Nativo.

El fraude de mayor monto que se le adjudica a Sergio es por 151.944.695 de pesos que debían usarse para construir 780 viviendas en la villa El Cartón, tras un incendio. Schoklender había ido a ver a tres mujeres para crear una ONG con ese fin, pero se estableció que las firmas de ellas eran falsas, nunca habían firmado nada.

Las transferencias bancarias que detalló Oyarbide –en base a informes del Banco Central y de la división de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal– son impactantes por sus montos, y porque muchos de los movimientos consisten en pasajes de dinero de cuentas de la fundación, con respaldo de Sergio, a cuentas personales de Pablo. Los hermanos hoy están enfrentados. También hay giros a cuentas de empresas que no prestan ningún servicio vinculado con las obras, por hasta 78 millones de pesos. El juzgado hizo una nómina en la que responsabiliza a Sergio por desvíos de 1.308.013,13 pesos de la cuenta de Madres del Banco Santiago del Estero; 13.333.685 pesos del Banco Credicoop; 7.999.722,48 del Banco Ciudad; se señalan depósitos dudosos en efectivo por más de 5 millones y transferencias con cheques por algo más de 6 millones a una cuenta en el Credicoop perteneciente a Pablo Schoklender.

En algunos casos, los Schoklender han intentado explicar las transferencias como supuestos pagos de haberes, pero según el juzgado no coinciden los montos con la cantidad de empleados. En relación al personal, la imputación señala “la falta de pago de retenciones hechas a los empleados”, más “haber tenido personal no declarado en las obras”, la falta de pago de “los aportes patronales y las cargas sociales” y su “consiguiente desvío”. En parte por esta razón es que Oyarbide en su momento aceptó a las Madres como querellantes.