Un nuevo informe sobre violencia policial realizado por la Defensoría porteña, y al que tuvo acceso Página/12, da cuenta de que entre 2011 y marzo de este año, policías –sea federales, sea metropolitanos, y vistiendo o no el uniforme– cometieron siete homicidios. De los siete casos, tres fueron cometidos por policías francos de servicio y en defensa de altos intereses como el de discutir con un vecino y pegarle un tiro en la cabeza. Los cuatro restantes fueron producto de supuestos errores, versiones de cartuchera fácil o, simplemente, tiros a quemarropa. El informe también toma en cuenta la brutalidad policial que no tiene como canal exclusivo las armas de fuego. Ocho casos de desalojos violentos en los que la igualdad corrió hacia abajo –golpearon por igual a hombres, mujeres y niños– y dos casos de violencia ante protestas sociales lo demuestran. Nada de esto sería posible sin la mirada úrsica de buena parte de la Justicia, también incluida en el informe.

Las siete causas por homicidios cometidos por fuerzas policiales, en las que intervino la Defensoría, fueron iniciadas de oficio. La primera de ellas se refiere al asesinato del joven Ariel Domínguez, de 22 años, quien recibió un tiro en la cabeza cuando salía de su trabajo y se disponía a tomar el colectivo, en Paseo Colón, el 20 de julio de 2011. Por el disparo quedó detenido el cabo 1º de la Federal Ariel Mendoza, quien sostuvo en su declaración la versión de manual: se le cayó la pistola y se disparó sola cuando corría a apoyar a un patrullero de la comisaría 14ª que perseguía a jóvenes que no hacían nada. Una versión policial que fue repartida generosamente entre todos los cronistas apeló al argumento de la cartuchera fácil, es decir que, en plena carrera de Mendoza, la cartuchera dejó caer el arma que se disparó sola. Intervino en el caso la jueza María Gabriela Lanz, quien inicialmente consideró que el disparo había sido involuntario y pocos días después procesó en libertad al cabo 1º por considerar que se trató de un homicidio culposo.

Jon Camafreitas, de 18 años, murió cuatro días después de haber recibido un disparo en la cabeza en la plaza Boedo, a las 2.30 del 23 de enero pasado. Dos grupos de jóvenes aparentemente iniciaron una pelea en la plaza, ubicada en Loria y Estados Unidos. La intervención de un patrullero intentó calmar los ánimos de un modo poco recomendable. Según el relato de una prima del joven baleado, “un policía bajó del patrullero y le pegó un tiro en la nuca a Jon, que venía caminando con un amigo”.

El 16 de febrero pasado, un allanamiento del GEOF en la Villa Mitre, empezó como todos los allanamientos en villas, rompiendo puertas y destrozando todo a su paso, y terminó con un pibe, Alan Stefano Tapia, de 19 años, muerto de un balazo en el abdomen. Alan murió desangrado después de que los del GEOF decidieran que era conveniente mantenerlo en el lugar durante 40 minutos sin auxilio. Alan trabajaba dando clases de tango en el programa de vacaciones en la UBA, del que participaba con el Colectivo Militante como auxiliar en el marco del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. La orden de allanamiento correspondió al fiscal de Saavedra José María Campagnoli, quien buscaba a Vittorio Tapia, hermano de Stefano, por una causa de tentativa de homicidio. Los gorilas del GEOF lograron transformar la tentativa en un homicidio cometido por mano propia. Doce días más tarde se entregó el oficial prófugo, Pablo Valente.

La Defensoría siguió además tres casos de disparos realizados por uniformados sin uniforme. Uno de ellos fue un doble homicidio cometido por el cabo de la Metro David Alejandro Barrios, quien el 15 de agosto de 2011 mató en un colectivo en Barracas a Jesuán Ariel Marchioni, de 23 años, y a Rodrigo Alfredo Romero, de 16, durante un supuesto asalto ocurrido arriba del colectivo en el que viajaba una decena de pasajeros. En el caso, el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, salió rápidamente a elogiar a su uniformado sin uniforme, a quien trató como un héroe.

Un mes después, otro metro sin uniforme, Enzo Fabián Alvarez, mató a Bruno Pappa, en un supuesto intento de robo de una bicicleta en el barrio de Chacarita. Poco después, indignados, los vecinos de la villa Fraga, del mismo barrio, apedrearon la comisaría de la Metropolitana. En este caso, Alvarez no fue heroificado por Montenegro. Pappa portaba una pistola de plástico. De todos modos, el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, el ex federal Ricardo Pedace, trató de justificar a Alvarez. Dijo que el oficial “se defendió”.

“Tenemos mucha preocupación por la violencia en manos de funcionarios encargados de proteger los derechos humanos –dijo Alicia Pierini, titular de la Defensoría a este diario–. Son acciones que hace años que venimos detectando y que no hemos logrado erradicarlas, a pesar del esfuerzo de las autoridades.”

El informe se completa con casos de brutalidad policial en diferentes desalojos o protestas sociales. Menciona, en agosto pasado, el desalojo en la plaza de San Juan entre Chacabuco y Perú. El 16 de marzo, el violento desalojo en el barrio Martín Güemes, por parte de metropolitanos. El informe abunda en desalojos a cartoneros, homeless, ocupas, una mujer en una casilla precaria y hasta una ranchada en Paseo Colón y Calchaquí, en la que participaban unos 25 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años.

Como último capítulo del informe, la Defensoría advierte que tanta intervención desbordada de policías tiene como soporte la ineficacia o desinterés de la función judicial en la investigación de los casos de violencia policial.

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