Los familiares de las víctimas de la Noche del Apagón todavía se preguntan si alguna vez Pedro Blaquier se sentará a prestar declaración indagatoria. El empresario, que cuando debía sentarse en el Juzgado Federal de Jujuy estaba fuera del país, contrató como abogado defensor a uno de los ex jueces federales de una provincia a la que la Unidad de la Procuración Fiscal de seguimiento de las causas de lesa humanidad definió como la “capital de la impunidad”. Horacio José Aguilar pasó de ser juez federal a subrogante de la Cámara de Apelaciones de Salta. Dejó el juzgado en manos de uno de sus secretarios, el luego juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que jamás avanzó con las causas. Pero lo que hasta ahora negó Aguilar es que él mismo tuvo en sus manos las causas de la represión que estaban apuntando a Blaquier, ahora su defendido. Así lo demuestran los documentos judiciales recogidos por las querellas en los expedientes y a los que accedió este diario. Los documentos muestran sus firmas tanto de juez como de camarista, y lo mismo sucedió con su socio. Hoy, mientras tanto, se reunirán en la sede del Cuerpo Médico Forense los peritos oficiales y los de las partes para definir si el empresario está o no en condiciones de declarar y si puede ser trasladado para esos fines a Jujuy (ver aparte).

“No tuve nunca ninguna intervención en alguna causa que involucrara a la empresa Ledesma o sus directivos, porque no había ninguna presentación de este tipo en el juzgado a mi cargo.” Eso dijo Aguilar en mayo pasado, ante una pregunta de una periodista del diario Perfil. Aguilar fue juez desde 2002 hasta 2004 –según explicó–, luego fue subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hasta 2009: “Nunca tuve que resolver ninguna cuestión vinculada a Ledesma”, insistió.

Los documentos muestran lo contrario. A modo de ejemplo, este diario accedió a dos resoluciones firmadas por Aguilar. Una del 19 de septiembre de 2005 en la que aparece su firma debajo del sello de “juez federal del juzgado número 2” de Jujuy (ver imagen). Y el otro documento es de un año más tarde, del 29 de septiembre de 2006. Aguilar firma como juez de Cámara subrogante. En los dos documentos la cuestión en análisis es el expediente 394/05, titulado “Arédez, Luis Ramón s/su desaparición”, referido al simbólico secuestro del ex intendente del departamento de General San Martín, el lugar donde está asentado el Ingenio Ledesma. Arédez fue secuestrado en mayo de 1977, permanece desaparecido y su familia siempre apuntó que detrás de la trama de su desaparición estaba el Ingenio Ledesma. Por esa causa, junto a la de las víctimas de la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, el empresario Blaquier fue citado a indagatoria por el nuevo juez Fernando Poviña por su presunta participación en delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos.

¿Qué dicen las resoluciones firmadas por Aguilar? La de 2005 estaba dirigida al “señor jefe de la policía de la provincia” para que averigüe la identidad de tres personas de la localidad de General San Martín. Allí consta que esas actuaciones se ordenaron en el marco de la causa Arédez y se menciona con su firma que el expediente estaba en manos de la “secretaría número 4 a cargo del doctor Carlos Olivera Pastor”, que fue quien después lo sucedió en el cargo.

El otro documento es de 2006, cuando Aguilar ya era juez de Cámara subrogante. Allí aparece resolviendo una situación de planteos distintos entre el juez Carlos Olivera Pastor y el fiscal de Jujuy. La resolución también es sobre la causa Arédez. En ese caso, Olivera Pastor pedía que se aplicara el código viejo y que la denuncia de la mujer del ex intendente pasara a la Justicia ordinaria. La fiscalía invocaba la caducidad de las leyes de obediencia debida y de punto final y pedía que siguieran por código nuevo. La Cámara en ese caso le dio la razón a la fiscalía.

De la lectura de estos dos únicos documentos no se puede inferir cómo procedió Aguilar cuando tuvo a cargo esas causas. En ambas resoluciones no aparece, en principio, nada técnicamente objetable. Lo que quienes siguen la causa cuestionan es en realidad un procedimiento que no es ilegal, sino que es no ético o poco apropiado moralmente para los abogados. Según pudo saber este diario, varios códigos de ética de colegios de abogados de distintas provincias indican que un abogado no puede intervenir en causas en las que en otro momento haya representado intereses de alguna de las partes. El hecho de que Aguilar haya intervenido en la causa Arédez lo inhibiría, según esta lógica, de representar al empresario en la causa. Aguilar lo hizo como juez y además como camarista. Fue juez y ahora es parte.

“Esto demuestra de alguna manera la forma de impunidad en la que Blaquier se sigue moviendo”, dice la abogada Paula Alvarez Carreras, de la querella. “Si bien en el año 2005 y el 2007 el fiscal no había solicitado la indagatoria de Blaquier, las familias y querellantes desde un inicio pidieron que se cite al empresario porque consideraban que la empresa había sido cómplice del operativo del Apagón. Las dos causas se fueron investigando simultáneamente, en la misma época, y los hijos de Olga Arédez denunciaban la complicidad empresarial.”

El problema de todos modos no termina ahí. Mientras las querellas no encuentran eco en la provincia para que alguien se avenga a indicar que este hecho no es éticamente justificable, encontraron que no es el único problema. Aguilar comparte la defensa con Diego D’Andrea Cornejo. Los dos defienden, además, a Alberto Lemos, el ex gerente de la empresa que también declaró en indagatoria sospechado de los mismos cargos que Blaquier. Otra de las fojas de los expedientes lo muestran a D’Andrea firmando otro escrito. En este caso es del 14 de febrero de 2007 y D’Andrea firma como “secretario” del Juzgado Federal 2 de Jujuy. El papel está dirigido al jefe de la Comisaría 19 de la Policía Federal, en el marco de la “causa 394/05 caratulada Arédez, Luis Ramón s/su desaparición”. Para entonces el secretario enviaba una nota buscando los nombres de quienes habían integrado la comisaría entre noviembre de 1977 y marzo de 1978 para conocer quiénes habían hallado el auto de Arédez que terminó apareciendo en la Ciudad de Buenos Aires, seis meses después de su secuestro.